La Gaceta Jurídica

Hecho delictivo en Asamblea Legislativa

La prensa expuso a la víctima y destacó su “inconsciencia”

La Gaceta Jurídica / Periódico Digital PIEB

00:00 / 11 de octubre de 2013

El tratamiento informativo de un presunto hecho de violación sexual en la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, ocurrido en diciembre de 2012, tuvo dos consecuencias: expuso a la víctima a ser identificada por su círculo cercano y destacó su circunstancial “inconsciencia” o “ebriedad” sin tomar en cuenta su relación de subordinación laboral con su agresor o su condición de género, según el Observatorio Nacional de Medios (Onadem).

Los investigadores Bernardo Poma Ulo y Oscar Meneses del Onadem estudiaron el tratamiento informativo que dieron 82 notas publicadas por cinco diarios y nueve redes televisivas, entre el 15 y 18 de enero de este año, sobre “la denuncia del delito de violación y otros actos delictivos cometidos en la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca el 20 de diciembre de 2012”.

Los “aciertos y desaciertos” de la cobertura periodística se analizaron sobre la base de las recomendaciones de cuatro códigos de ética periodística vigentes en el país, de la Asociación de la Prensa de La Paz (aplp), Asociación Nacional de la Prensa (anp), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y del Consejo Nacional de Ética Periodística.

Entre un adecuado manejo de la noticia e información se menciona el hecho de no haber publicado el nombre de las personas en situación de víctimas y haberse referido a los hechos como “supuesto”, “presunto” o “posible” delito.

El 29 por ciento de las noticias se refieren al hecho como “escándalo sexual”, el 27% califica el hecho como “supuesta/posible violación/agresión sexual”, el 23% se refiere como “presunta violación/abuso sexual”, el 11% habla de “violación/abuso”, el 3% menciona “actos bochornosos/obscenos” y el 7% dice “lo ocurrido”.

Los investigadores mostraron que los reportes noticiosos tuvieron un predominio del enfoque noticioso sobre el “escándalo sexual”, refiriéndose al “video escándalo” y los “delitos sexuales”, pero quedando sin abordaje “el contexto inmediato, como las desigualdades de género y las responsabilidades o circunstancias políticas, policiales o incluso judiciales que no permitieron la denuncia oportuna” del suceso.

Poma y Meneses explican que al referirse al hecho como “escándalo sexual”, con base en un video captado por las cámaras de seguridad del recinto legislativo, “dado que no existe tipificación de delito con esos términos, la Fiscalía no pudo haber pedido su investigación ni de los ‘involucrados’ en él, como lo señalaron varias entradas televisivas e incluso titulares de prensa”.

Además, según los autores, sucedió que se redujo el hecho a un solo delito y a una sola víctima porque los reportes de prensa no aludieron a otro hecho que también fue captado por cámaras de seguridad, el acoso sexual a una segunda mujer, funcionaria del recinto parlamentario.

Entre las consecuencias del tratamiento a las víctimas está el hecho de que éstas fueron expuestas y se hicieron reconocibles para las personas más allegadas a ellas, mientras que se dio por cierta la culpabilidad de los legisladores denunciados “publicando anticipadamente su nombre, aun sin que hubiese sido formalmente imputado”.

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