La Gaceta Jurídica

Herejías jurídicas en el campo penal

Los contratos lesivos al Estado y otros deberían ser dilucidados previamente en el campo del Derecho Civil y solo ulteriormente pasar al campo penal. Si seguimos penalizando el Derecho Civil nuestras cárceles continuarán llenándose de “delincuentes”, “hay que civilizar parte del Derecho Penal”.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Conde Calle*

00:00 / 19 de diciembre de 2014

la autenticidad del título tiene que ver con el autor de esta columna. Soy profesor de Dere- cho Privado. Así que tomen mi escrito con beneficio de inventario.

Como ciudadano me preocupa que el hacinamiento de nuestras cárceles no haya sido superado. Al respecto, los mentores del Nuevo Código de Procedi- miento Penal (cpp) nos dijeron que las cárceles tendrían menos detenidos, que los procesos serían más rápidos, que la detención preventiva es una excepción, que la regla es la defensa en libertad, que se incorporaría jueces ciudadanos y que se convertiría en una especie de control social.

Tengo en mi poder la memoria del Ministerio de Justicia 1994-1997. Todo esto fue diseñado por el viejo modelo Neoliberal (léase mnr, mir, ad, Condepa y ucs). El ministro era René Blattman. En la página 123 se lee: “…el anteproyecto del cpp, presidida por el Ministro René Blattman Bauer y conformada por los abogados Oscar Crespo Soliz (...), comisión que contó con el asesoramiento técnico de los doctores Alberto Binder y Fernando Cruz Castro”.

En los años noventa regía el modelo liberal y en el campo del Derecho se puso muy de moda el análisis económico del Derecho, fue en realidad la base teórica de las transformaciones jurídicas en el país y, no podía ser de otro modo, pues en el mundo regia el liberalismo ya que el socialismo se cayó y eran impensables las medidas de corte estatista. Sobre el análisis económico volveremos en otro trabajo, pero podemos sostener es que el análisis económico del Derecho perseguía mayor eficiencia del Estado, menos recursos, pero mayor eficiencia.

El cpp no es tan nuevo que digamos, se acerca a los 20 años y el actual modelo político no tocó su núcleo, congruente con la línea ideológica que subyace el actual sistema político. Lo que si hubo es abundantes parches y remiendos.

Con seguridad los especialistas pronto evaluarán sistemáticamente el cpp. La base empírica del mismo nos dice que los objetivos con los que nació desafortunadamente no se cumplen. El liberalismo optó por darle al fiscal tareas y funciones jurisdiccionales. La duración de los procesos sigue exactamente igual que antes.

Cecilia Pamareda, en su libro de La teoría a la práctica, sostiene que “la etapa preparatoria debe finalizar en el plazo máximo de seis meses después de iniciado el proceso (artículo 134, párafo I, (...) ‘el Fiscal pedirá al Juez de la Instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta el plazo máximo de dieciocho meses...’)”.

Anteriormente, la jurisprudencia constitucional moduló el dispositivo en sentido de que el plazo se computa desde el auto de imputación y no desde que se inició el proceso. El lector y, fundamentalmente, los profesionales con especialidad en Derecho Penal, convendrán que esos plazos no se cumplen, que las dilaciones continúan, que el abogado, utilizando su arte, propone excepciones, recusaciones y hasta recursos constitucionales. Está pues en su derecho, para eso estudió.

Solo hay que remitirse a la cantidad de noticias que producen los órganos judiciales en el campo penal (jueces y fiscales). Y la noticia dominante es que nuestras cárceles no dan abasto para más detenidos; si el objetivo era que no haya más detenidos, el remedio resulto peor que la enfermedad.

Aquí debo detenerme un poco. Empiezo sobre la conducta que proviene de esquemas mentales preestablecidos, primero, que el ciudadano común no acepta que el supuesto delincuente se defienda en libertad. No. Quiere verlo encerrado. Las víctimas arguyen que “...el delincuente fue soltado, no lo han detenido, es una injusticia”.

Del mismo modo, el periodista, que en el presente se ha convertido en un actor muy importante, razona como el ciudadano, también quiere ver detenido al supuesto delincuente y el juez actúa en consecuencia; dicho de otro modo, el juez sabe que si no ordena la detención del supuesto delincuente, el periodista informará y sostendrá que el juzgador puso en libertad al delincuente.

En otros términos, el juzgador y fiscal están bajo el escrutinio público del conjunto de medios de comunicación social. El modelo liberal sostuvo como tesis que la regla es libertad y la detención la excepción. Si en el artículo 289, que está en la página 193 del informe 94-97, se prescribe que “la libertad personal y los demás derechos reconocidos de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, solo podrán ser restringidos cuando sea absolutamente indispensable…”. Esto concuerda con la base filosófica del liberalismo, particularmente, con el análisis económico del Derecho (al final, un reo representa un gasto).

El artículo 2 del proyecto señala que “las medidas de carácter personal se APLICARÁN CON CARÁCTER RESTRICTIVO...” Por tanto, la detención no puede ser regla, debe ser absolutamente INDISPENSABLE Y CON CARÁCTER RESTRICTIVO. Eso no es todo, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, como, v. gr., la detención domiciliaria. Los dispositivos en cuestión han sido positivados y son normas imperativas en los artículos 221 y 222 del cpp.

¿Qué sentido tiene el artículo 6 del Procedimiento Penal, que tiene base constitucional, cuando sostiene que todo imputado será considerado INOCENTE Y TRATADO COMO TAL EN TODO MOMENTO, MIENTRAS NO SE DECLARE SU CULPABILIDAD...”?, ¿qué utilidad tiene este dispositivo?, inclusive está consagrado como Derecho Humano en el Pacto de San José de Costa Rica.

El Ministerio debe gestar cursos de formación, particularmente para periodistas que cubren esta fuente; estos periodistas deben ser altamente especializados en el manejo adecuado de la fuente que es llamada “seguridad”. Creemos que por ignorancia se viola el artículo 116 del cpp, cuando solicita que, “en el marco de las responsabilidades establecidas por la Ley de Im- prenta, LAS INFORMACIONES periodísticas sobre un proceso penal SE ABS- TENDRÁN DE PRESENTAR AL IMPUTADO COMO CULPABLE, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Otro dato no menos importante es que estamos asistiendo a la penalización del Derecho Civil. Desafortunada- mente, el mismo estado y, por supuesto, los mismos particulares penalizan absolutamente todo. Tipos contractuales como el préstamo, la compra-venta, anticresis y otros son fácilmente “penalizados”.

Claro, es más fácil presionar al deudor con la posibilidad de coartarle su libertad. ¿Quién desearía perder su libertad de locomoción? Por supuesto que nadie. Estos contratos son reducidos a delitos como estafa, apropiación indebida, falsificación de documentos y otros. Lo correcto sería que el Derecho Penal permita que estos contratos sean resueltos en el campo civil; no es lo mismo ser incumplidor de un contrato que ser un delincuente.

Del mismo modo, existen tipos penales como, v. gr, contratos lesivos al Estado y otros que deberían ser dilucidados previamente en el campo del Derecho Civil y solo ulteriormente pasar al campo penal. Si seguimos penalizando el Derecho Civil nuestras cárceles continuarán llenándose de “delincuentes”. Existen áreas como la Ley General del Trabajo, Código Tributario, Telecomunicaciones y otras y debe discutirse y dilucidarse previamente en ellas y solo después en la jurisdicción penal. El principio debe ser: “hay que civilizar parte del Derecho Penal”.

Finalmente un par de apuntes: a) afortunadamente se ha suprimido a los jueces ciudadanos que, en el fondo, se constituían en una demora en los procesos penales. b) Este Código fue estudiado y luego promulgado en un gobierno liberal y, jurídicamente, requerimos reflexionar sobre el significado de “análisis económico del Derecho”.

*    Es experto en Derecho Privado.

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