La Gaceta Jurídica

Hoja de Ruta de Justicia Intercultural

No se trata de una mención menor. Es la primera vez que a nivel de la Corte Suprema se señala de modo explícito la necesidad de que el Sistema de Justicia tome en consideración la realidad pluriétnica y cultural del país, algo que a veces instituciones del  Estado y privadas  han negado explícita o implícitamente.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 22 de enero de 2013

Poder Judicial de Perú

Uno de los últimos actos de la gestión de Cesar San Martín como Presidente de la Corte Suprema de la República de Perú fue la expedición de la Resolución Administrativa N° 499-2012-P-PJ, que aprueba la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del Poder Judicial.

Este documento establece un derrotero singular para una institución del Estado sobre cómo debería relacionarse con las comunidades y pueblos indígenas.

El contexto en el que se produce este documento es revelador de los esfuerzos que desde las últimas gestiones en la presidencia de la Corte Suprema se han venido haciendo para establecer niveles de coordinación con las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, facultadas a ejercer la función jurisdiccional en su territorio según su derecho consuetudinario, tal como lo ha reconocido el artículo 149 de la Constitución.

Bajo este marco, resulta encomiable que se explicite que la finalidad de esta Hoja de Ruta sea la promoción y consolidación de un sistema de justicia intercultural. Dicho de otro modo, el Poder Judicial asume la necesidad de desarrollar una forma diferente de ejercicio de la función jurisdiccional que tome en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas.

No se trata de una mención menor. Es la primera vez que a nivel de la Corte Suprema se señala de modo explícito la necesidad de que el Sistema de Justicia tome en consideración la realidad pluriétnica y cultural del país, algo que a veces instituciones del  Estado y privadas  han negado explícita o implícitamente. Se señala, además, que esta Hoja de Ruta pretende reforzar la posición institucional en un contexto de interculturalidad y de protección efectiva de derechos. Es decir, se alienta los espacios de diálogo intercultural y la mejora del acceso a los derechos de población tradicionalmente invisibilizada o marginada.

Resalta que se aspire a un nivel de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y esta jurisdicción especial, descartándose formas de relación subordinadas. Como evidencia se señala que el Poder Judicial deberá respetar las decisiones de esta otra jurisdicción, con lo cual se deja de lado aquellas posiciones que tradicionalmente han mirado a la jurisdicción indígena-campesina como una justicia menor o de segunda categoría.

Se recomienda la creación de la Dirección Nacional de Justicia Intercultural (sobre la base de la actual Oficina Nacional de Justicia de Paz), algo inédito en el Poder Judicial, que monitoree las entidades y órganos que existen al interior de la corporación que desarrolla acciones de interculturalidad, promo- viéndose políticas públicas en este sentido, fomentándose la investigación y sistematización de experiencias, desa- rrollando acciones de capacitación para los operadores judiciales y para las comunidades y rondas campesinas y nativas. Sobre esto se recomienda coordinar con la Academia de la Magistratura y centros universitarios.

Finalmente, se recomienda articular funcional y operativamente a la Justicia de Paz para que actúe de manera conjunta en este sistema de justicia intercultural.

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