La Gaceta Jurídica

Importancia de la participación de las mujeres en la ALP

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 11 de noviembre de 2014

Ha sido muy reconfortante la noticia sobre los cambios a producirse en la representación política dentro del Estado Plurinacional como consecuencia de la votación realizada en las últimas Elecciones Generales, dado que la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados llegará al 50%, mientras que en la Cámara de Senadores será del 42%.

Ello significa que del 1% de representación que tenían las mujeres en el entonces “H. Congreso Nacional” en 1982 (cuando se recuperó la democracia), ahora llegarán al 48% de representatividad en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), a partir de enero de 2015, lo que, indudablemente, supone la materialización del Principio de Paridad y Alternancia de Género en la representación política.

Desde el punto de vista legal, se debe señalar que el artículo 11 inciso a de la Ley Nº 26 del Régimen Electoral establece que en las listas de candidatos a legisladores nacionales y regionales se debe respetar la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres; en ese marco, en junio de este año el Tribunal Supremo Electoral (tse) anunció la aplicación de un sistema informático que prácticamente obligaba a los frentes políticos a la inscripción del 52% de mujeres en las listas de candidatos(as) a legisladores(as).

Hay que destacar que nuestro país es uno de los que ha dado importantes pasos a nivel normativo para favorecer el ejercicio de la participación política de las mujeres, situándose así a la vanguardia de la paridad de género en América Latina junto a Ecuador, México, Costa Rica y Nicaragua, según un estudio realizado por onu Mujeres.

A ello se debe agregar los notables avances a través de leyes destinadas a la protección de las mujeres contra la violencia y el acoso político; todo lo cual sitúa a nuestro país en el quinto lugar de América Latina en materia de equidad de género.

Sin embargo, también se debe considerar que el importante porcentaje de apoyo obtenido por las mujeres para incorporarse a la alp implica la asunción de una importante responsabilidad política, que se traduce en el deber de actuar con voz y voto para procurar la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres en uno de los mejores escenarios democráticos de encuentro, discusión y participación colectiva, como es la Asamblea.

Entonces, el mandato otorgado por el soberano a las mujeres parlamentarias supone la necesidad de su participación activa en la toma de decisiones políticas dentro del Órgano Legislativo, lo que significa que en ninguna forma están autorizadas a consentir ningún tipo de intromisión en su trabajo legislativo y mucho menos simplificar su participación a refrendar o “levantar la mano” para aprobar leyes sin antes haberlas leído íntegramente, luego analizarlas y debatirlas de manera abierta a la ciudadanía en cualquier espacio que posibilite la discusión democrática.

Por tanto, y no obstante su afiliación política mayoritaria, las nuevas representantes nacionales no pueden limitarse a aprobar leyes “en sobre cerrado” solo porque provengan del Órgano Ejecutivo, porque ello únicamente mostraría una actitud servil, tornando en inútil el mandato expreso del pueblo soberano que, básicamente, se traduce en la necesidad de seguir luchando por mayores niveles de protección efectiva a las mujeres a través de políticas reales y presupuestadas, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, respaldadas en leyes claras y concretas, libres de cualquier tergiversación y que no sean de imposible cumplimiento, porque ello solo perjudicaría los derechos de las mujeres.

Ahora bien, el tema de la participación política de las mujeres, ha sido objeto de diferentes estudios por parte de los especialistas en el análisis de la realidad nacional. Así, por ejemplo, hace más de diez años el padre Gregorio Iriarte omi, en su texto sobre “La formación en los Valores de la Democracia”(2002), lo consideraba como un tema pendiente, dado que en aquel tiempo todavía era muy sentida la necesidad que desde el Estado se elaboren y diseñen políticas públicas para promover la igualdad de género, debiendo resaltarse la vigencia del denominado Plan Nacional de Equidad de Género, acompañado de decretos y compromisos nacionales e internacionales que traducían la voluntad política para institucionalizar políticas de género en el país.

En la actualidad, es importante destacar un estudio presentado recientemente sobre “La participación política de las mujeres en la democracia boliviana”, cuya autoría corresponde a la analista María Lourdes Zabala Canedo, quien, desde una perspectiva histórica, muestra que las mujeres (al igual que los indígenas) fueron excluidas del proyecto de nación en 1825, hasta que recién en 1952 se amplió la ciudadanía para ellas (incorporando la posibilidad de su participación a través del voto universal).

Posteriormente, en los años 90 la lucha por una Ley de Cuotas fue sustancial, constituyéndose en el antecedente directo del actual reconocimiento de la paridad y alternancia en las leyes electorales.

Luego de hacer un balance general de los estudios realizados sobre la materia en las tres últimas décadas, la autora aborda el análisis de la participación política de las mujeres en Bolivia desde una perspectiva que destaca no solo la variable cuantitativa, sino que, al mismo tiempo, pone de relieve la dimensión cualitativa de este proceso.

A este efecto, señala un itinerario de construcción de las dimensiones referidas a ciudadanía, democracia e igualdad, contextualizando las estrategias de los movimientos feministas y de mujeres en tres momentos históricos del país: la instauración del régimen democrático representativo (marcada por reformas neoliberales y la democracia pactada), la instalación de la Asamblea Constituyente y la etapa de transición del Estado-nación hacia el Estado Plurinacional.

Así, también analiza transversalmente las estrategias de los movimientos de mujeres por la ampliación de sus derechos de ciudadanía política, tomando como criterio su presencia cuantitativa en los diferentes “Poderes del Estado”, así como su relación con los partidos políticos y las organizaciones sociales. Finalmente, el estudio concluye con un balance de los avances y desafíos pendientes sobre la presencia de las mujeres en la construcción de la democracia.

Entonces, se trata de un estudio muy importante para comprender en su verdadero contexto y sus reales dimensiones la participación política de las mujeres en Bolivia, desde su etapa democrática hasta el presente en que ha alcanzado mayor notoriedad la necesidad de esa participación.

Este salto cualitativo en los niveles de representatividad política femenina en las cámaras legislativas inevitablemente dará lugar a una reconfiguración de la composición de la Asamblea Legislativa, lo que resulta necesario para fomentar el pluralismo democrático y la participación equitativa de todos los sectores sociales que componen nuestro Estado Plurinacional, a fin de que la toma de decisiones políticas, de manera consensuada y colectiva junto a las mujeres, nos señalen un mejor sendero del caminado hasta ahora.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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