La Gaceta Jurídica

Imprecisión en la revocatoria de la personalidad jurídica

Estos puntos no están definidos en la ley ni reglamento, simplemente están indicados como causal, esto demuestra una clara arbitrariedad en las decisiones de revocatoria, que hace pensar que no fueron correctamente analizadas.

La Razón (Edición Impresa) / Melissa Andrea Fernández Luizaga*

00:00 / 10 de abril de 2016

Tras la promulgación de la Ley N° 351 hubo distintos puntos de vista, pues esta norma otorga facultades al Gobierno para revocar las personalidades jurídicas. Asimismo, el Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, Decreto Supremo 1597, en su art. 19, indica las causales de revocatoria de personalidad jurídica, pero estas no parecen ser razonables, en particular, en dos incisos.

“El decreto permite que cualquier entidad pública solicite al Ministerio de Autonomías, que está a cargo del for- talecimiento de las entidades territoriales autónomas en el país, que revoque la personalidad jurídica de una organización cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto o cuando el representante de la organización sea sancionado penalmente por realizar actividades que ‘atenten en contra [de] la seguridad o el orden público’”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional también podría solicitar la revocación de personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público” (1).

El art. 19 inc. b) del Reglamento de la ley 351 indica que se podrá revocar la personalidad jurídica “por necesidad o interés público, declarado mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional” (2), pero ¿qué realmente quiere decir con “necesidad o interés público”?

Esta denominación es usada en la figura jurídica de “expropiación” en el ámbito civil, que tiene procedimiento propio y compensación económica por parte del Estado. Usar como “causal” la necesidad o interés público para revocar la personería jurídica puede inducir a error en su interpretación.

Podría pensarse que, si se decide revocar la personería jurídica a una ong por necesidad o interés público, por ejemplo “Fundación Tierra” (3), con trayectoria de 25 años en Bolivia en apoyo a la reforma agraria, ¿esto implica que el Estado se apropiará de ella volviéndola una entidad pública?, ¿se reconocerá algo a las personas colectivas por los años de trabajo?

Estos puntos no están definidos en la ley ni reglamento, simplemente están indicados como causal, esto demuestra una clara arbitrariedad en las decisiones de revocatoria, que hace pensar que no fueron correctamente analizadas.

Otra causal de revocatoria está en el inc. e) del mismo artículo: “Por sentencia penal ejecutoriada, cuando se compruebe por la instancia judicial competente, que los miembros que ejercen representación de la persona colectiva, realicen actividades que atenten en contra la seguridad o el orden público o hayan cometido hechos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de la institución de la que forman parte para cometerlos…” (4).

La responsabilidad de un delito penal es del autor, no es razonable que se responsabilice a la institución.

Debemos recordar el Código Penal: “Artículo 13 ter. (RESPONSABILIDAD PENAL DEL ÓRGANO Y DEL REPRESENTANTE). El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente...” (5).

Asimismo, este código indica quiénes son considerados autores: “ARTÍCULO 20. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso” (6).

Así, falta definir mejor estos puntos, pues, si bien las personas que cometen un delito tienen una sanción, no es razonable que la institución pierda su personalidad jurídica por causa de sus representantes, solo se debería retirar al autor del delito sin perjuicio a la institución.

Notas

1. https://www.hrw.org/es/news/2015/08/05/bolivia-restricciones-la-defensa-de-los-derechos-humanos

2. Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, Decreto Supremo 1597 (5-Junio-2013).

3. http://www.mirabolivia.com/ongs.htm

4. Reglamento Parcial…

5. Código Penal, Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972 elevado a rango de ley y modificado por la Ley Nº 1768.

6. Ídem.

*    Es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, secretaria permanente y facilitadora de Derecho Internacional Privado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) Bolivia.

Tomado de: Revista N° 99 del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), abril de 2016.

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