La Gaceta Jurídica

Imputación a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional

“En el supuesto caso que el pleno camaral autorice el Juicio de Responsabilidades contra estas tres Autoridades electas, con el apoyo de más de dos tercios de votos, se constituiría el primer caso, en el procesamiento de autoridades judiciales que fueron electas por voto popular”

Siguen las repercusiones a la suspensión de la Ley del Notariado, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Siguen las repercusiones a la suspensión de la Ley del Notariado, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: cronicanoticiosa.com

María Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 15 de julio de 2014

A estas alturas, es de conocimiento generalizado la polémica desatada por la suspensión de la Ley del Notariado, cuando un asambleísta por la alianza opositora de Convergencia Nacional (CN) presentó una Acción de Inconstitucionalidad contra dicha normativa, indicando que la citada ley limitaba las atribuciones del Consejo de la Magistratura en el nombramiento de los notarios, sobre todo en la calificación. Asimismo, señaló que la normativa otorgaba atribuciones a los notarios para resolver divorcios en sustitución de los juzgados.

Esta Acción fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional el 13 de marzo de 2014, hecho que puso en emergencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que obligó a que autoridades de la Cámara de Diputados y Senadores anuncien acciones en contra de los magistrados, bajo el argumento de que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional creó un vacío jurídico al suspender la Ley del Notariado, encontrándose abrogada la anterior y, paralelamente una indebida suspensión del nuevo Código Procesal Civil.

El 22 de mayo de 2014, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Auto Constitucional Plurinacional 027/214 – CA - ECA/S, enmendó de oficio la parte resolutiva del Auto constitucional 016/2014 CA de 13 marzo, que dentro de una medida cautelar suspendía el efecto de la Ley del Notariado Plurinacional.

Este fallo ordenó que no se suspenda la aplicación de toda la normativa, sino sólo aquélla referida a la abstención en la designación del director o directora interina de la Dirección del Notariado, la inhibición de transferencia de archivos y documentos del Consejo de la Magistratura a la Dirección del Notariado Plurinacional y la suspensión de la elaboración del Reglamento a la Ley del Notariado.

Además, la resolución aclara que los actos notariales efectuados por los notarios en aplicación de la Ley del Notariado son plenamente válidos y surten efectos legales reconocidos por dicha Ley. De fondo, la controversia residía en la problemática de pronunciarse sobre el traspaso de la función notarial del Poder Judicial al Ejecutivo, y las consecuencias jurídicas que conllevaría para la designación de notarios y algunos cambios procesales centrados en los procesos voluntarios que iban de mano con la puesta en vigencia y aplicabilidad del nuevo Código Procesal Civil.

Con dicho antecedente, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, a denuncia de la Asociación de Notarios, imputó a las magistradas Ligia Velásquez y Rosario Chanez por admitir la Acción de Inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, y que en relación al magistrado Cusi, tal imputación se suspendía hasta la recuperación de su salud. Esta decisión, posteriormente y conforme a procedimiento, corresponde que pase al pleno camaral a efectos de que se autorice o rechace la prosecución de un Juicio de Responsabilidades en contra de los imputados, por la comisión de los Delitos de Prevaricato y Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

En el supuesto caso que el pleno camaral autorice el Juicio de Responsabilidades contra estas tres autoridades electas, con el apoyo de más de dos tercios de votos, se constituiría el primer caso en el procesamiento de autoridades judiciales que fueron electas por voto popular, máxime la celeridad con la que se actuó dentro de la ALP.

El argumento de la imputación contra estas tres autoridades se justificaría en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 044 “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, normativa que guarda sin duda plena conformidad con lo dispuesto en el articulo 159, numeral 11 de la Constitución Política del Estado “Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley: Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” y artículo 160, numeral 6 “Son atribuciones de la Cámara de Senadores: Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley”.

Empero es importante cuestionarnos que la extralimitación en la actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional al decidir sobre la acción planteada, emitiendo una medida cautelar que suspendió la Ley del Notariado, subsume dicha actuación en un error de procedimiento, que fue reconocido y consecuentemente enmendado de oficio.

En todo caso, para la configuración del delito de prevaricato, dado que la Ley Nº 044, remite su aplicación –supletoriedad- en todo lo que no regula, al Código de Procedimiento Penal, prevé: “El juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con reclusión de dos a cuatro años”, en dicho tipo penal el bien jurídico tutelable es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a fin de evitar una desconfianza pública en el ejercicio de la potestad de impartir justicia y, el elemento configurador del mismo, es el dolo: el conocimiento de las acciones que se realizan o, la comprensión de su ilicitud/falsedad, así como la voluntad de realizarlas a pesar de su conocimiento.

En este sentido, el bien jurídico tutelable, que inicialmente fue puesto en riesgo, se enmendó como correspondía en derecho en cuanto a sus efectos y los demás extremos hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional respectiva; asimismo, es irracional considerar que estas autoridades actuaron con dolo e intencionalidad, a fin de perjudicar al sujeto pasivo, sea la comunidad de todos los bolivianos, en su afán de relaciones y vida jurídica, desvirtuado que  su conducta sea delictiva, máxime si hubo un procedimiento corrector, en el caso de fallar más allá de lo solicitado por el accionante.

Por otro lado, por la misma naturaleza de este Tribunal, la imputación contra los tres magistrados, atenta al Principio de Independencia, toda vez que el artículo 2, numeral 6 de la Ley Nº 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional dispone “Independencia: explica que la justicia constitucional no está sometida a ningún otro órgano del poder público”, desde una óptica en que los magistrados no pueden someterse a juicios penales o disciplinarios por sus fallos, considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el intérprete auténtico de la Constitución, con lo cual se violaría lo dispuesto en el artículo 196, parágrafo I y II del texto constitucional.

El problema radica en determinar si los tres magistrados imputados adecúan su conducta a la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, cuyo procesamiento se desarrollaría legalmente en el marco de la Ley Nº 044 y la llamativa  aplicación del artículo 39 de la citada norma que establece: “La aprobación de la acusación conllevará la suspensión de la acusada o el acusado en el ejercicio de su cargo y se procederá a su reemplazo, conforme lo establecido en las normas de la materia”.

En caso contrario, que estas tres autoridades no incurrieron en un delito en el ejercicio de sus funciones, se configuraría una denuncia falsa o temeraria en contra de ellos, de conformidad a lo previsto en la Ley Penal o, incluso la activación de un juicio o procesamiento que contenga visiblemente móviles políticos.

Considerar que estas tres autoridades prevaricaron no tiene justificación, más aún si atendemos al Principio de Última Ratio, es decir si existen procedimientos correctores de resolución o dictamen contrarios a la ley, estos deben ser privilegiados y, así fue a través del correspondiente Auto Modificatorio, efectuado de oficio por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El Tribunal Constitucional Plurinacional goza de plena independencia; es un órgano de cierre, vela por la supremacía constitucional y lo más importante que se constituye en el intérprete auténtico de la Constitución. Si bien existe la vigencia de la Ley Nº 044 para juzgamiento de altas autoridades, no olvidemos que los magistrados que componen este Tribunal, se encuentran legitimados por voto popular, “democratización de la justicia”, y que la aplicabilidad de dicha Ley únicamente debe proceder cuando se acredite que tales autoridades en el ejercicio de sus funciones delinquieron, mientras no ocurra este extremo lo único que se deduce es una desestabilización institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, atentado contra la democracia boliviana y agravando la crisis de la justicia, mientras no se promueva una reforma integral de la misma.

Es abogada constitucionalista.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia