La Gaceta Jurídica

Incumplimiento de partes

Oportunidad para la revisión

La justa renegociación con Chile debe ser buscada en el momento oportuno.

La justa renegociación con Chile debe ser buscada en el momento oportuno. Foto: infolatam.com

La Gaceta Jurídica

00:00 / 22 de marzo de 2013

Apropósito de ello, el Gobierno boliviano ha denunciado públicamente en reiteradas oportunidades –aunque todavía no formalmente– y ante varias organizaciones internacionales el incumplimiento del Tratado de 1904, así como la ineficacia de muchas de sus cláusulas inobservadas principalmente por el Gobierno de Chile y los daños económicos ocasionados al país a causa de ese incumplimiento, habiéndose formulado inclusive varios proyectos de demanda marítima, que ahora se pretende presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Cabe hacer notar que ello se hizo con el único propósito de hacer conocer a toda la Comunidad Internacional la efectiva existencia de un diferendo marítimo pendiente con Chile, ante la reiterada pretensión del Gobierno de aquel país en sentido de mostrar la inexistencia de cuestiones pendientes con Bolivia, lo cual ya ha sido abundantemente refutado, inclusive por escritores chilenos.

Así, por ejemplo, el tratadista chileno de Derecho Internacional Andrés Bello sostenía con buen criterio que, “cuando un Tratado por la mudanza de circunstancias llega a producir a una de las Potencias Contratantes un daño grave que no puede razonablemente preverse, obraría contra la equidad la otra Potencia, insistiendo en su cumplimiento”; asimismo, dejó claramente establecido que “los Tratados se disuelven por la infidelidad de uno de los contratantes”. Este es el caso del Tratado de 1904.

El documento

Cabe recordar que el 20 de octubre de 1904 fue firmado el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Chile, actualmente en vigencia, que se amolda a los propósitos de Chile de enclaustrar a Bolivia, aunque dejándole una pequeña comunicación exterior mediante libre tránsito.

Las compensaciones por el Litoral fueron magras, en realidad sólo beneficiaron a la industria minera en pleno florecimiento mediante la construcción de ferrocarriles a las minas –varias de las cuales giraban con capitales chilenos– desde Antofagasta y Arica (Raúl Botelho Gosálvez).

En todo caso, debe tenerse presente que el Tratado de 1904 se encuentra viciado de nulidad, principalmente por la ausencia de consentimiento libre, además de haber concurrido la fuerza y violencia, agravadas de dolo, y haber tenido una sanción legislativa insuficiente e ilegal, así como la lesión enormísima, provocada por su excesiva onerosidad en perjuicio de Bolivia.

Asimismo, existen determinadas causas que ameritan su inmediata revisión, como ser la anexión de territorios sin justo título, el incumplimiento reiterado del Tratado por parte de Chile, así como la vigencia de obligaciones y compromisos asumidos por éste, como lo ha demostrado el Académico Rodolfo Becerra de la Roca, al calificar dicho Tratado como una gran estafa.

En conclusión –y siguiendo las ideas del académico Manuel Frontaura Argandoña–, el Tratado de 1904 se debe a dos factores esenciales, la presión violenta ejercida por Chile y la fragilidad humana de los elementos dirigentes de ésa época en Bolivia. Este tratado no fue jamás aceptado por los representantes del pueblo de Bolivia, sino más bien rechazado por su Cámara de Senadores.

Chile ha violado el Tratado de 1904 al no dar cumplimiento al artículo 2 y tampoco a las más amplias e irrestrictas facilidades de tránsito que nos debe (artículo 6). Bolivia está en el derecho pleno y amplio ante el Consejo de Seguridad de plantear la violación del Tratado de 1904, de acuerdo al artículo 14 de la Carta, pero debe elegirse muy cuidadosamente el momento oportuno y preparar el ambiente diplomático.

Como se puede ver, éstos y otros aspectos pendientes de solución motivan la controversia sobre la validez de dicho instrumento, constituyéndose en parámetros válidos para encaminar una justa renegociación de dicho Tratado, con carácter previo a su denuncia en la vía jurisdiccional.

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