La Gaceta Jurídica

El Indulto Presidencial que no logró vaciar las cárceles

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 19 de marzo de 2013

El Indulto en la Legislación Boliviana es un tema de constante actualidad; es que, al menos anualmente, se debate sobre la posibilidad de otorgar este beneficio, a cuyo efecto se analiza y cuantifica la cantidad de reos existentes en el país, lo que en muchos casos constituye una pantalla que muestra con bastante claridad el estado de la administración de justicia y las condiciones en que se encuentra el sistema carcelario en Bolivia. En este caso, es también la Constitución Política del Estado (cpe) la norma que brinda los lineamientos generales para considerar la procedencia de éste beneficio.

En este sentido, el artículo 73, parágrafo I, establece que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana, con base en la premisa de que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables; respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado (artículo 22 constitucional).

De ahí que, el artículo 172, numeral 14, de la norma constitucional dispone que es atribución de la o el Presidente del Estado decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp).

De manera general, el indulto se puede definir como aquel perdón proveniente del Estado, que exime al beneficiado del cumplimiento de la pena a que hubiere sido condenado, sin que por ello sea borrado el delito ni sus efectos penales u otros, porque no es aplicable para perdonar el delito, pero sí para perdonar la pena. Se caracteriza por ser un derecho de gracia, dado que su otorgamiento siempre es un beneficio a favor del sujeto condenado mediante una sentencia judicial, dejando subsistente la responsabilidad civil.

Es un beneficio que sólo puede ser aplicado a quienes cumplan con las condiciones que establece la disposición legal que lo ordena; por lo que, el beneficio se convierte en un derecho sólo para las personas que observen los requisitos legalmente establecidos, siendo uno de sus requisitos principales que el beneficiado tenga una sentencia ejecutoriada y que se encuentre en cumplimiento de la pena impuesta.

Es así que el 20 de diciembre del pasado año se aprobó el Decreto Presidencial Nº 1445 de Indulto. Posteriormente, la alp aprobó el referido decreto de indulto presidencial con una sola modificación. Todo ello, se lo hizo con la expectativa de que al menos 500 presos puedan beneficiarse con la normativa de forma inmediata y que otros 1.500 puedan hacerlo en los 180 días siguientes a la emisión de la norma.

Recientemente se ha dado a conocer que al final del segundo día de marzo (sábado a medianoche), venció el plazo para que los internos con sentencia ejecutoriada y que cumplían los requisitos presenten su solicitud para ser indultados. Según el director Nacional de Régimen Penitenciario, solamente se habría recibido 200 solicitudes (que, en su mayoría, provienen de Santa Cruz, La Paz  y Cochabamba) para acceder a este beneficio en todo el país, a lo cual deben sumarse los 27 reos que fueron indultados en febrero, con los que no se llega ni a 250 personas favorecidas con la reciente normativa, aunque se ha confirmado que aún hay 60 días de plazo (hasta el 2 de mayo próximo) para que los internos que no tienen sentencia puedan acogerse a un proceso abreviado y hagan este trámite.

Es de recordar que, cuando se aprobó el Decreto Presidencial de Indulto, se calculaba que al menos 500 internos con sentencia ejecutoriada serían beneficiados con la medida, sin contar a los reos que tienen detención preventiva. Sin embargo, ahora la realidad muestra que no se superó ni siquiera el 50 por ciento de las expectativas que tenían las autoridades gubernamentales de beneficiar aproximadamente a 1.900 personas (el 13 por ciento de los reos del país) para aliviar el hacinamiento en las cárceles, problema que tiene como principales causas el retardo de justicia, la aplicación indiscriminada de la detención preventiva para todos los delitos de carácter patrimonial y la falta de aplicación de salidas alternativas al proceso.

Por otro lado, para que el indulto no haya beneficiado a más personas, lamentablemente se ha identificado como principales “obstáculos” a los fiscales y a los mismos abogados de los internos, además de la lentitud en la entrega de documentos a los internos en instancias del mismo Órgano Judicial, que, en muchos casos, tardó semanas, cuando no debió pasar de las 24 horas.

Si se pretende aliviar el sistema carcelario, ¿por qué el Órgano Judicial se ha convertido en otro aparato burocrático más? Si las autoridades obran con lentitud en estos trámites, ¿cuál su interés en mantener presos(as) a las personas que pueden acceder a este beneficio? ¿Es que ahora se ha extendido mucho más la cultura del chantaje y la extorsión?

Ante un sistema judicial deficiente, ¿acaso no es tarea primordial de las autoridades y de los(las) abogados(as) luchar por la justicia y porque las personas no se vean afectadas en su libertad como bien más preciado? En tiempos de crisis de la ética profesional en el ejercicio de la abogacía, ¿los(las) abogados(as) continúan olvidando que su deber primordial es defender en todo momento el interés superior (libertad) de sus patrocinados? Éstas, indudablemente, son cuestiones que deben llamar a la reflexión de los operadores de justicia y de los principales actores del sistema judicial.

Asimismo, no debe dejar de considerarse que existen aproximadamente 13.800 reclusos en las 54 cárceles del país, de los cuales el 83 por ciento tiene detención preventiva y el 17 sentencia ejecutoriada; el 13 por ciento de la población carcelaria es de mujeres y el 87 de varones; además de que el 28 por ciento de los reclusos en Bolivia ha sido detenido por delitos referidos a la Ley 1008.

En todo caso, y de persistir estos inconvenientes, sería de imperiosa necesidad la aprobación de una segunda ley de indulto para beneficiar a los internos que no pudieron concluir trámites en esta primera fase, siempre que hubiera sido por causas no atribuibles a negligencia suya, sino a la retardación y falta de respuesta en los trámites previos; aunque, siempre está abierta la posibilidad de solicitar a la alp una ampliación de los plazos establecidos para éste trámite.

*    Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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