La Gaceta Jurídica

Inseguridad y prevención

Las entidades jurisdiccionales y los gobiernos autónomos podrían establecer mecanismos para la difusión de deberes ciudadanos y atribuciones que tiene la población con los instrumentos legales para coadyuvar a su seguridad. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas no confundirán el delito de linchamiento con la justicia comunitaria…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 25 de octubre de 2013

En balance todavía parcial de esta gestión da cuenta que, entre abril y agosto, por lo menos 35 personas fueron linchadas en Bolivia, en 18 actos protagonizados en varios puntos del país, en especial La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que provocó la muerte de seis personas y heridas a unas 28.

Estos hechos se desataron debido a que las víctimas fueron presumiblemente culpables de delitos de asesinato y robo, lo que produjo la violencia vecinal bajo un accionar que también corresponde a la categoría de ilegal.

Según explicaciones de expertos, esta situación se debe a que existe cada vez mayor inseguridad ciudadana y proliferación de delitos contra las personas y la propiedad privada y que, ante esta realidad, la población ha perdido la confianza en la labor preventiva y de acción inmediata de la Policía y también en las actuaciones judiciales del Ministerio Público y de los niveles del Órgano de Justicia. Al respecto, se ha señalado repetidamente que la vigilancia policial tiene deficiencias en su misión, en especial en horas de la noche y en barrios alejados de las ciudades grandes o en poblaciones y ciudades intermedias.

Por otra parte, en lo que se refiere a los ámbitos judiciales se argumenta que éstos no actúan de manera adecuada y permiten que los sospechosos recuperen su libertad sin sanción adecuada, lo que significa que están pendientes algunas metas de transformación judicial para cambiar este panorama y mejorar la imagen ante la población. Sin embargo, y según apuntó el Defensor del Pueblo al hablar de la temática de la seguridad ciudadana y de los linchamientos, esta situación es responsabilidad también de otros ámbitos, además de las instituciones arriba nombradas.

En este sentido, se debe considerar que la ciudadanía en general es uno de los actores preventivos fundamentales para que la seguridad sea efectiva en buena parte de las zonas o regiones más afectadas por este flagelo. De manera legal, los vecinos pueden organizarse para la vigilancia y alerta, pero bajo mecanismos que no sobrepasen el nivel de respeto a los derechos humanos y no vulneren las leyes nacionales. Sin embargo, en este accionar se deberá contar con el apoyo policial inmediato y efectivo cuando existen sospechas y actos delictivos, caso contrario el empeño vecinal será proclive a la impotencia y desesperación, sin que sea extraño que una voz incentive a la “justicia por mano propia” sin medir consecuencias.

Del mismo modo, las entidades jurisdiccionales y los gobiernos autónomos podrían establecer mecanismos para la difusión de deberes ciudadanos y atribuciones que tiene la población con los instrumentos legales para coadyuvar a su seguridad. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas no confundirán el delito de linchamiento con la justicia comunitaria, la cual tiene procedimientos específicos y alcances determinados, y no saldrán de los marcos legales establecidos.

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