La Gaceta Jurídica

Institucionalización y capacitación en el Tribunal Agroambiental

Para lograr un acceso pleno a la justicia, la jurisdicción agroambiental (ja) se plantea alcanzar la oralidad plena e implementar la itinerancia de jueces, es decir que la autoridad salga de su escritorio e imparta justicia en el lugar donde se genera un conflicto.

El presidente del Tribunal Agroambiental durante su intervención en el Taller “De Cara a  la Cumbre Judicial”.

El presidente del Tribunal Agroambiental durante su intervención en el Taller “De Cara a la Cumbre Judicial”. FOTO: Tribunal Agroambiental

La Razón (Edición Impresa) / Unicom TA

00:00 / 10 de abril de 2016

Esas son parte de las conclusiones del Seminario Taller Internacional “De Cara a la Cumbre Judicial”, organizado por el Tribunal Agroambiental, donde se recogió insumos para elaborar una propuesta institucional, sobre la base de los aportes teóricos, académicos y de experiencia con el fin de posicionar en su cabal dimensión e importancia a la ja en la Cumbre Judicial de junio próximo.

Este evento, que congregó a expertos nacionales e internacionales, además de representantes de organizaciones sociales y del sistema universitario, fue desarrollado como resultado de una alianza estratégica entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la Escuela de Jueces del Estado.

Entre los panelistas estuvieron José Luis Gutiérrez, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; los abogados bolivianos Alan Portillo García y Claret Toro Fernández y los expositores Alda Facio Montejo y Ricardo Zeledón de Costa Rica.

El presidente del Tribunal Agroambiental (ta), Lucio Fuentes,  destacó la necesidad de fortalecer la implementación de la itinerancia de los jueces agroambientales, que, previamente, deberá contar con una adecuada planificación y reglamentación.

De su lado, la magistrada Cinthia Armijo, afirmó que, a partir de las conclusiones del evento, el ta buscará la aplicabilidad de la oralidad plena en todos los procesos legales en el ámbito de su jurisdicción.

Paralelamente, se explicó que la institución marcha de la mano de la tecnología para aplicar el expediente electrónico como otro vehículo para facilitar el acceso de la justicia. Para ello, se destinó recursos en la adquisición de equipos tecnológicos.

Otra de las conclusiones es el rediseño del mapa de servicios agroambientales, donde se debe considerar indicadores como vías de acceso, distancia, proyección del crecimiento poblacional, especialidad de la materia en base a un consenso y participación social.

En ese marco, se plantea la socialización y difusión de las competencias de la ja, considerado un tema de acceso a la justicia, además de promover la creación de Defensores Públicos Agroambientales, con enfoque de derechos humanos, Madre Tierra y Género.

En el ámbito normativo, el encuentro recibió muchas propuestas. Entre las más importantes se destaca propiciar la promulgación del Código de Procedimiento Agroambiental, bajo pautas de interpretación plural. Además, se propone actualizar normativa sobre aguas, bosques, suelos y otros referidos a los recursos naturales y medio ambiente, todo en el marco de la Constitución Política del Estado (cpe) en su enfoque de Derechos Humanos y Madre Tierra.

Sobre la formación de abogados y jueces, se planteó la institucionalización de todos los cargos de la ja y que debiera ser un requisito para acceder a los cursos de capacitación y formación de especialidad.

Asimismo, se definió que la carrera judicial constituye una garantía de estabilidad funcionaria, la misma que debiera estar acompañada de incentivos, no solo económicos, sino de ascensos, rotaciones, acceso a becas de estudio y otros.

Sobre ese tema, los asistentes al evento señalaron que para la formación de jueces se debe realizar una evaluación psicológica que permita identificar perfiles misóginos (odio a las mujeres), discriminantes y otros que contaminen la labor jurisdiccional.

En la línea de la política de género del Órgano Judicial, es imperativa la transversalización en la implementación de la perspectiva de género en la currícula de formación de la Escuela de Jueces del Estado.

Un factor importante que no debe ser desatendido es la formación y capacitación, por lo que se plantea que desde las universidades se mejore la formación de abogados con sentido social y ético y que estos centros de formación actualicen su currícula al nuevo escenario nacional con la incorporación del Derecho Agroambiental.

En ese mismo contexto, se hace necesaria la formación de jueces en materia agroambiental, así como desarrollar procesos de actualización para jueces y funcionarios subalternos.

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