La Gaceta Jurídica

Instituciones y derechos de los progenitores

El término Padre de Familia proviene del latín Pater Familias, con el que se designaba al ciudadano romano independiente “homo sui iuris” (hombre de propio derecho), bajo cuyo control o potestad estaban todos los bienes y todas las personas que pertenecían a su casa.

Las defensorías son ineficientes para atender los derechos  de progenitores que no tienen la guarda.

Las defensorías son ineficientes para atender los derechos de progenitores que no tienen la guarda. FOTO: abogadotorrevieja.org

La Razón (Edición Impresa) / Erik Velasco Arenas*

00:00 / 06 de marzo de 2016

En lo referente a las personas, estas podían ser familiares consanguíneos, agnados (descendientes de un tronco común) e, incluso, gentiles. El pater familias tenía plena capacidad jurídica al ser sui iuris (de propio derecho) y ejercía la patria potestas (poder sobre los descendientes), la manus (poder sobre las mujeres), la dominica potestas (poder sobre los esclavos) y el mancipium (autoridad de un hombre libre sobre otra persona también libre).

El termino familia perdió importancia como entidad política y se convirtió en una entidad patriarcal bajo cuya tutela se encontraban generaciones de consanguíneos y el poder del padre de familia estaba limitado por la ley.

Actualmente, muchas de las familias no responden al concepto de grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos.

Muchas de las actuales familias se encuentran separadas, sea porque uno de los padres se ve en la penosa necesidad de emigrar a lugares lejanos para trabajar o a raíz de divorcios.

Con referencia a este último caso, en los juzgados bolivianos se registra un promedio de 16 divorcios por día, de acuerdo a un estudio del 2011 de la Coordinadora de la Mujer; otro estudio llevado adelante el 2010 por la Cooperación Técnica Alemana (gtz) revela que el 72 por ciento de los matrimonios en Bolivia terminan en divorcio y, en la mayoría de estos casos, es la madre quien queda a cargo de la guarda de los hijos.

Ante las actuales necesidades de protección de la familia en Bolivia, se ha promulgado la Ley N° 603 Código de las Familias y del Proceso Familiar y se ha creado instituciones como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que muestran debilidades en la protección de los derechos de los padres, que, al final, podría repercutir en los derechos de los hijos.

Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar

Este nuevo código, con relación a los derechos del progenitor que no está a cargo de la guarda, ha eliminado la figura de la supervigilancia, la misma que estaba prevista en el párrafo segundo del artículo 146 de la anterior Ley N° 996 Código de Familia y establecía que “no obstante, el padre o la madre que no ha obtenido la guarda tiene derecho de visita en las condiciones que fije el juez y el de supervigilar la educación y el mantenimiento de los hijos, con arreglo al artículo 257”.

Por otra parte, el parágrafo II del artículo 216 del Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar introduce la figura de la suspensión del derecho de visita ante la simple existencia de un informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que establezca que existe un grave riesgo para la integridad de las y los hijos o alguno de ellos.

Esto no sin prevé otros medios más seguros para asegurar, según las circunstancias, que un padre pueda visitar a sus hijos. Al respecto, se observa que la anterior norma y la nueva no precisan en qué cosiste la visita o sus alcances en tiempo y lugar, es decir, si estas visitas implican el derecho de sacar a los hijos de la casa del progenitor que tiene la guarda o las horas que deberían durar las visitas, según la edad o si estas podrían extenderse por días.

Aquí viene una segunda cuestión, que los jueces, sin considerar elementos psicológicos, técnicos ni el sentido común, disponen que el progenitor que no tiene la guarda visite a sus hijos en el domicilio del otro progenitor, sin reflexionar sobre los sentimientos que están en juego dentro de matrimonios disueltos y que al poner a ambos progenitores en el mismo lugar, al mismo tiempo, lo único que pueden provocar es conflicto.

Esto pone en riesgo la relación padre, madre, hijo, que podría desembocar, además, en violencia psicológica y/o física y, al final, en la suspensión del derecho de visita.

Otra figura jurídica peligrosa prevista en el Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar es respetar que un hijo no quiera compartir con su padre o madre, esto figura en el parágrafo IV del precitado artículo 216. El mismo dispone que, “en caso de que la o el hijo no quiera compartir con su padre o madre, se debe respetar su decisión, siempre que existan causas justificadas”.

Los cuestionamientos saltan a la vista. ¿Qué edad debe tener el hijo o hija para tomar la decisión de no querer compartir con alguno de sus progenitores? Si es menor de edad. ¿quién lo representará en esta acción?, ¿el otro cónyuge?

Además, ¿qué se entiende por causas justificadas para que un hijo no quiera compartir con uno de sus progenitores? ¿La norma no estaría alentando a que el cónyuge a cargo de la guarda o sus familiares transfieran sus sentimientos de rabia u odio al hijo a fin de procurar que no quiera compartir con su otro progenitor? ¿No se estaría vulnerando la obligación fundamental del Estado de proteger a las familias, a los niños y adolescentes?

Al respecto, el parágrafo II del artículo 59 de la Constitución Política del Estado (cpe) establece que “toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley”.

De esto se deriva el parágrafo IV del artículo 4 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar que establece: “Las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, del padre o de ambos y que estén integradas por diversos miembros de ella, gozan de igual reconocimiento y protección del Estado”.

Defensorías de la Niñez y Adolescencia

Las defensorías han demostrado ser ineficientes y carecer de capacidad para atender los derechos de visita de progenitores que no tienen la guarda, limitándose a atender la gran cantidad de casos de violencia física contra niños, niñas y adolescentes.

Esto hace inoperable la tutela del parágrafo III del artículo 216 del Nuevo Código de las Familias y del Proceso de Familiar que establece: “En los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda no permita de forma recurrente por tres (3) veces consecutivas el derecho de visita, previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial revocará la guarda y la confiará al otro cónyuge o a un tercero”.

Ha llegado a tal extremo la actuación de estas entidades que, cuando un progenitor denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la restricción de su derecho de visita a sus hijos, se ha visto restringido por autoridades en su derecho a la información, no pudiendo acceder a revisar las actuaciones realizadas dentro de su denuncia, a título de que en el proceso se encuentran involucrados menores de edad.

Esta información restringida deja que el olvido o la impotencia resuelvan las cuestiones y alejen a hijos e hijas de sus padres o empujen a que los padres acudan a audiencias de conciliación, comprometiendo a la madre para que permita ejercer sus derechos al padre, esperando sin suerte que los hechos que originaron la denuncia no vuelvan a ocurrir.

El tema es bastante álgido, pero es necesario tocarlo a fin de que se mejore la normativa y las instituciones. Valga esta oportunidad, toda vez que el 19 de marzo se celebra el Día del Padre.

*    Es abogado.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia