La Gaceta Jurídica

Instructores especializados

…los centros de formación militar y policial deberán adecuarse a las prácticas de instrucción que conlleven mecanismos seguros, de carácter científico y que no expongan a sus miembros a riesgos o abusos que hasta hoy persisten institucionalizados.

Editorial

00:00 / 13 de diciembre de 2013

Las muertes ocurridas en instituciones castrenses y policiales, que según el informe sobre derechos humanos de la Defensoría del Pueblo son 12 durante este año en el país, ha motivado observaciones del representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, quien señaló que es importante que se revise las prácticas de entrenamiento que se aplican en las instituciones policiales y militares para que no ocurran otras muertes.

Los casos más recientes son varios. El 18 de noviembre una cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Cinthia Poma, sufrió una grave descompensación corporal durante un examen físico, lo que presumiblemente le provocó la muerte, mientras que tres de sus compañeras tuvieron que ser internadas por fatiga muscular a consecuencia de la misma prueba.

El 19 del mismo mes un oficial ordenó a un cadete y un conscripto de las Fuerzas Armadas que rescaten un vehículo de una riada en Yotala, Chuquisaca, imprudencia colmada de falta de sensatez que terminó con el ahogamiento de las dos personas. El 8 de diciembre, un soldado del regimiento de Huachacalla falleció en una bocamina abandonada mientras prestaba servicios de seguridad en la Empresa Minera Huanuni.

Estas muertes no están completamente esclarecidas ni se ha identificado responsabilidades para que cursen sanciones, por lo que surge este tipo de observaciones no sólo del representante del organismo multinacional sino de otras instancias relacionadas con los derechos humanos, panorama que fue respondido con la información de que el Comando Nacional de la Policía, ahora encabezado por el general Wálter Villarpando, especializará a los instructores de la institución para resguardar la seguridad de los alumnos.

Otra de las medidas que se podría adoptar para cuidar este aspecto ligado a los derechos humanos es la infiltración de agentes encubiertos en las instancias de entrenamiento de personal policial. Estas decisiones llevan a pensar en que el Estado busca la formación adecuada y moderna de este segmento dedicado al servicio de la sociedad, esto debe redundar en servidores capaces de reaccionar de manera adecuada, lo que, citando a Racicot, significa que “deben formarse física, sicológica y mentalmente para enfrentar los nuevos retos de una sociedad que respeta los derechos humanos”.

En este panorama, los centros de formación militar y policial deberán adecuarse a las prácticas de instrucción que conlleven mecanismos seguros, de carácter científico y que no expongan a sus miembros a riesgos o abusos que hasta hoy persisten institucionalizados, con el argumento de que la formación dura y bajo fuertes pruebas de resistencia física y psíquica prepara al personal para afrontar casos y situaciones de extrema dificultad en la vida externa.          

Al mismo tiempo, el trabajo de especialización de instructores también podría ser reforzado con el conocimiento de normas como la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, de 8 octubre de 2010, debido a que también existen denuncias referidas a actuaciones que sanciona esta norma, lo cual no debería perdurar en instituciones nacionales de protección a una sociedad conformada por estamentos variados y de procedencia pluricultural.

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