La Gaceta Jurídica

Instrumentos de la Conferencia de La Haya de DIPr para negocios internacionales e inversiones

En el marco de estos ejercicios de revisión se ha podido confirmar que los trámites de notificación y obtención de pruebas canalizados a través de los citados convenios ha venido agilizando en forma drástica y sostenida el trámite de los respectivos requerimientos de cooperación.

Jurisdicción e inversión

Jurisdicción e inversión FOTO: legalizaciones.org

La Razón (Edición Impresa) / Ignacio Goicoechea*

00:00 / 28 de febrero de 2016

(Parte final)

Convenios sobre Notificaciones, Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia

Desde sus inicios la Conferencia de la Haya se ha ocupado de desarrollar la cooperación entre sistemas de justicia, procurando facilitar la notificación de documentos, obtención de pruebas y acceso a la Justicia en el extranjero (1).

Es decir, ya en el siglo pasado la comunidad internacional había comprendido que el funcionamiento de la Justicia no podía quedar truncado porque el demandado se encontrara en el extranjero o porque las pruebas necesarias en un juicio debieran ser obtenidas en el extranjero. De la misma manera, se entendió que  no se debía discriminar a los nacionales de un país para acceder al sistema de justicia en otro.

En la actualidad, el desafío sigue vigente y tiene un impacto significativo en el desarrollo de los negocios internacionales y en las inversiones. El comerciante o inversor extranjero desea hacer negocios en países donde los sistemas de justicia funcionen y donde el hecho de ser extranjero o residir en el exterior no sea una desventaja ante un eventual conflicto.

En el caso de que algún país no pueda garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los comerciantes e inversores, seguramente implicará un aumento significativo de los costos de las transacciones, en razón del mayor riesgo que se debería asumir.

En procura de abordar los desafíos descritos y desarrollar una cooperación eficaz entre los distintos sistemas de justicia, la Conferencia de La Haya desarrolló el Convenio de la Haya de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de los Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (“Convenio sobre Notificaciones”).

También el Convenio de La Haya de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (“Convenio sobre Obtención de Pruebas”) y el Convenio de La Haya de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia (“Convenio sobre Acceso a la Justicia”).

Los convenios sobre Notificaciones y Obtención de Pruebas tienen por objetivo simplificar el trámite ordinario del exhorto diplomático, el cual suele generar largas demoras para su tramitación, con consecuentes dilaciones para la administración de justicia.

A su vez, dichos convenios no pretenden modificar los sistemas de notificaciones u obtención de pruebas vigentes en los distintos Estados, sino, simplemente, asegurar la tramitación eficiente y efectiva de los pedidos de cooperación que se cursan entre los respectivos sistemas de justicia para llevar adelante medidas de mero trámite, como son las notificaciones y las obtenciones de pruebas (2).

El mecanismo previsto en ambos convenios es sencillo y establece un canal de comunicación principal a través de las llamadas Autoridades Centrales, que son los organismos que deben designar los Estados para canalizar los pedidos de cooperación.

El Convenio sobre Notificaciones fue el primer Convenio de La Haya que incorporó el mecanismo de las Autoridades Centrales, el cual resultó tan exitoso que fue implementado en muchos otros convenios de La Haya, así como también en diversos convenios de cooperación jurídica desarrollados por otras organizaciones internacionales (eg., la Organización de Estados Americanos (oea) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)).

La operatoria de ambos convenios (así como la de los demás convenios de Cooperación Jurídica) es revisada periódicamente a través de comisiones especiales que organiza la Conferencia de La Haya.

En el marco de estos ejercicios de revisión se ha podido confirmar que los trámites de notificación y obtención de pruebas canalizados a través de los citados convenios ha venido agilizando en forma drástica y sostenida el trámite de los respectivos requerimientos de cooperación.

A su vez, al igual que lo sucedido con el Convenio de la Apostilla, estas instancias de revisión han permitido acordar entre los Estados que, bajo la premisa de la equivalencia funcional, los Estados contratantes consideran que los textos de los convenios son neutrales a las tecnologías y que la utilización de las mismas debe ser alentada enfáticamente para brindar mayor eficiencia a los trámites de cooperación internacional (eg., transmisión digitalizada de los exhortos, notificación electrónica, utilización de la videoconferencia, etc.).

Por su parte, el Convenio de Acceso a la Justicia procura evitar la discriminación a los extranjeros o no residentes en su acceso a los distintos sistemas de justicia de los Estados parte. Básicamente, asegurando su acceso a los sistemas de asistencia jurídica gratuita y a los registros públicos en igualdad de condiciones que nacionales y residentes habituales, así como también eximiéndolos del arraigo (cautio judicatum solvi, garantía que debía prestar el accionante extranjero con el objeto de asegurar el cum- plimiento de la obligación inherente a los gastos del juicio) como requisito para estar en juicio.

El convenio también impide que se arreste por deudas a los extranjeros o no residentes habituales cuando estas medidas no le son aplicadas a los nacionales. También se establece un mecanismo de salvoconducto que impide arrestar a las personas que ingresen al país para declarar como testigos en un juicio, facilitando el funcionamiento de la justicia.

En síntesis, en los tiempos que corren, cuando el acceso a la justicia es reconocido universalmente como un derecho humano, parece fácil coincidir en la conveniencia de que las garantías mínimas establecidas en el Convenio de Acceso a la Justicia se aseguren en la mayor cantidad de ordenamientos jurídicos posibles.

Finalmente, cabe mencionar que en varios países de la región ya se encuentran en vigencia los convenios de La Haya mencionados, los cuales coexisten con otros convenios relativamente similares, generados en el ámbito de la oea (eg., las Convenciones Interamericanas adoptadas en Panamá en 1975, sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero) y del Mercosur (eg., el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, adoptado en Las Leñas en 1992), que tratan la cuestión de la notificación de documentos, obtención de pruebas y acceso a la justicia.

Ello también permite ser optimista respecto a la incorporación de los convenios de La Haya en los ordenamientos jurídicos de la región, pues, en primer lugar, los mecanismos previstos no son extraños para los operadores locales y presentan el valor agregado de incorporar un vínculo convencional con un número mayor de países provenientes de las distintas regiones del mundo.

Prueba de ello es que los ministros de Justicia del Mercosur y Estados asociados emitieron una Declaración en 2006, recomendando la incorporación de los convenios de La Haya sobre la Apostilla, Notificaciones, Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia para “fortalecer, intensificar y agilizar la cooperación jurídica en materia civil y comercial entre los Estados de la región” (3).

Convenio de La Haya de 2005 sobre Elección de Foro (“Convenio sobre Elección de Foro”)

Las transacciones internacionales requieren la mayor previsibilidad y disminución de riesgos posible. A tal efecto, una práctica que se ha extendido en los contratos comerciales internacionales es la de que las partes elijan de común acuerdo la forma en que resolverán las eventuales disputas que pudieran surgir. En una considerable proporción, los contratos comerciales internacionales incluyen una cláusula arbitral, mientras que en algunos otros se elige un foro jurisdiccional.

En el contexto arbitral, existe la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la “Convención de Nueva York”), la cual asegura que la cláusula de compromiso arbitral y el eventual laudo serán respetados por los sistemas de justicia de los Estados parte de la Convención.

Sin embargo, en el ámbito jurisdiccional no existía un instrumento que cumpliera las funciones equivalentes a la Convención de Nueva York y, por ende, dejaba a las partes con un alto grado de imprevisibilidad y consecuente aumento del riesgo transaccional.

A fin de atender este problema, la Conferencia de La Haya decidió generar un instrumento que brindara esa previsibilidad y seguridad en el ámbito jurisdiccional y desarrolló el Convenio sobre Elección de Foro.

El Convenio se aplica a los contratos internacionales en los cuales las partes hubieran pactado un acuerdo exclusivo de elección de foro para resolver sus disputas. Básicamente, cuando en los términos del Convenio las partes han elegido válidamente un foro, los tribunales del Estados parte elegido deben asumir la jurisdicción, mientras que todos los demás deben abstenerse de asumirla para luego comprometerse todos los Estados parte a reconocer y ejecutar la sentencia dictada por el tribunal elegido por las partes.

La Cámara de Comercio internacional ha dado un fuerte apoyo al Convenio, emitiendo una comunicación específica, destacando sus virtudes y recomendando su incorporación a los países como una medida para lograr eficacia en las disputas internacionales, disminuyendo la carga de trabajo de los tribunales y los costos para los negocios que se generan con largas batallas judiciales por temas esencialmente procesales (4).

A nivel continental, la Federación Interamericana de Abogados (fia) también expresó su apoyo expreso al Convenio de Elección de Foro (y a los Convenios de la Haya sobre la Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia) mediante una Declaración emitida el 24 de junio de 2013, en la cual recomendaba a los gobiernos de aquellos Estados que aún no hayan adherido o ratificado los convenios de La Haya sobre cooperación jurídica y litigios internacionales a que lo hagan tan pronto como les sea posible.

Al respecto, reconocidas expertas en Derecho Internacional Privado (DIPr) de la región, como es el caso de la profesora Yaritza Pérez Pacheco (5), de Venezuela, se han pronunciado sobre la conveniencia de que sus respectivos ordenamientos incorporen el Convenio de Elección de Foro.

La profesora Valesca Raizer Borges Moschen, de Brasil, señaló: “A esperanca é a de que a ratificacao de Convencao da Haia sobre eleicao de foro permita una maior aproximacao do ordenamiento jurídico brasileiro ás realidades e necessidades trazidas en razao das relacoes jurídicas contemporáneas” (la esperanza es que la ratificación del Convenio de La Haya sobre la elección del foro permita una mayor aproximación del ordenamiento jurídico brasileño a las realidades y necesidades traídas en razón de las relaciones jurídicas contemporáneas) (6).

Por su parte, la Profesora Carolina Iud, de Argentina, dijo: “No es un secreto que, en especial en América Latina, ‘pagamos más’, entre otras razones, por la falta de seguridad jurídica y la incerteza jurisdiccional. La ratificación de la Convención de La Haya sobre los acuerdos exclusivos de elección de foro por nuestros Estados constituirá un aporte más para la disminución de los costos de transacción” (7).

Corolario

En el presente artículo hemos pretendido compartir razones por las cuales el desarrollo de los negocios internacionales y las inversiones requieren, no solo una adecuada infraestructura de rutas, puertos, energía y otros servicios, sino que también se requiere una adecuada infraestructura jurídica que genere la seguridad jurídica que el comerciante o inversor extranjero necesita para contratar o invertir.

En este marco se explicó el aporte que brinda el Derecho Internacional Privado en este ejercicio, principalmente a través de su tarea de armonización de leyes y de cooperación jurídica.

A su vez, se presentó los principales instrumentos de la Conferencia de La Haya desarrollados en este campo y se explicó la importancia que revisten los Convenios universales en espacios integrados donde tienen la doble tarea de unificar simultáneamente soluciones tanto a nivel regional como universal.

Bibliografía

ARAUJO, Nadia de. “Uma visão econômica do direito internacional privado: contratos internacionais e autonomia da vontade En: Cedep (ed). Derecho internacional privado y derecho de la integración: Libro homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano. Asunción: Cedep, 2013.

BERNASCONI, Christophe y KEIJSER, Thomas. The Hague and Geneva Securities Conventions: a Modern and Global Legal Regime for Intermediated Securities. Oxford: Uniform Law Revue, 2012, vol. XVII.

GOICOECHEA, Ignacio. “Los nuevos desarrollos en la cooperación jurídica internacional en materia civil y comercial”. En: Cedep (ed). Derecho internacional privado y derecho de la integración: Libro homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano. Asunción: Cedep, 2013.

IGLESIAS, Fernando. Globalizar la Democracia: por un Parlamento Mundial. Buenos Aires, Manantial, 2006, pág. 14.

IUD, Carolina. “El reconocimiento de sentencias en la Convención de La Haya sobre los acuerdos de elección de foro y su compatibilidad con otras fuentes internacionales vigentes en los Estados del Mercosur”. En: RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas: Ed. Universidad Metropolitana, 2011.

Mc CLELLAND, Robert, y KEYES, Mary. “International civil legal co-operation”. Commonwealth Law Bulletin, 2011, vol. 37, N° 4, págs. 661 a 669.

OLIVEIRA, Agatha Brandao de, y MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. “Un enfoque crítico del sistema brasileño de derecho internacional privado y los retos de la armonización: los nuevos principios de La Haya sobre la Elección del Derecho Aplicable en materia de contratos internacionales”. En: MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio, y LIMA MARQUES, Claudia (ed). Los Servicios en el Derecho Internacional Privado, Jornadas de la Asadip 2014. Porto Alegre/Asunción: Gráfica e Editora RJR, 2014.

PEREZ PACHECO, Yaritza. “El Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro en el contexto de los negocios internacionales. Su posible ratificación por Venezuela”. En: RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas, Ed. Universidad Metropolitana, 2011.

POLETTI ADORNO, Alberto Manuel. “Libre Circulación de Documentos en el Mercosur: reflexiones sobre la exigencia de su legalización”. Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, 2013, año 1, Nº 2, págs. 11 a 21.

RAIZER BORGES MOSCHEN, Valesca. “Posibilidades e Limites da Derogatio fori: a necessaria ratificacao da Convocao de Haia de 30 de junio de 2005 sobre escolha de Foro”. RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas, Ed. Universidad Metropolitana, 2011.

STEWART, David. How Private International Law Contributes to Economic Development and the Rule of Law? Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público: un encuentro necesario. Asunción, Biblioteca de Derecho de la Globalización, 2011.

Notas

1. Los primeros convenios que trataron sobre el procedimiento civil fueron el Convenio de La Haya de 17 de julio de 1905 relativo al Procedimiento Civil y el Convenio de La Haya del 1 de marzo de 1954 sobre Procedimiento Civil.

2. En el marco de la cooperación jurídica internacional, la mayoría de los autores considera de mero trámite las notificaciones o pedidos de obtención de pruebas (también calificada como asistencia de primer grado) y se las distingue de las medidas cautelares o el reconocimiento y ejecución de sentencias que exigen al Estado requerido un mayor nivel de revisión para autorizarlas en función de los efectos que estas últimas despliegan en su territorio.

3. Declaración de la XXVI Reunión de Ministros de Justicia de los Estados parte del Mercosur, de la República de Bolivia y de la República de Chile, Acta Nº 06/06, Anexo V, suscripta en Brasilia el 10 de noviembre de 2006.

4. Disponible en: http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-calls-on-governments-to-facilitate-cross-border-litigation

5. PÉREZ PACHECO, Yaritza. “El Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro en el contexto de los negocios internacionales. Su posible ratificación por Venezuela”. En: RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas, Ed. Universidad Metropolitana, 2011.

6. RAIZER BORGES MOSCHEN, Valesca. “Posibilidades e Limites da Derogatio fori: a necessaria ratificacao da Convcao de Haia de 30 de junio de 2005 sobre escolha de Foro”. En: RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas, Ed. Universidad Metropolitana, 2011.

7. IUD, Carolina. “El reconocimiento de sentencias en la Convención de La Haya sobre los acuerdos de elección de foro y su compatibilidad con otras fuentes internacionales vigentes  en los Estados del Mercosur”. En: RODRÍGUEZ, Miriam (ed). Derecho y Democracia III. Caracas, Ed. Universidad Metropolitana, 2011

*    Es abogado, representante para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Tomado de: asadip.org, Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. Año 3, N° 5, 2015 (La revista aclara que el contenido del trabajo refleja exclusivamente la opinión del autor y no necesariamente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado).

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