La Gaceta Jurídica

Interpretación de la “base” militar chilena

El Estado boliviano denunció a nivel internacional la instalación de una “base” militar a solo 15 kilómetros de la frontera. Esto ocurre en un momento en el que el país busca solucionar con medios pacíficos de la legislación internacional las diferencias con la república de Chile sobre una salida soberana al mar y el aprovechamiento de los manantiales del Silala.

Los recursos  en zonas fronterizas  deben tener acuerdos definitivos  sobre uso y aprovechamiento.

Los recursos en zonas fronterizas deben tener acuerdos definitivos sobre uso y aprovechamiento. Foto: comunicacion.gob.bo

La Gaceta Jurídica

00:00 / 18 de mayo de 2016

En una entrevista de La Gaceta Jurídica, el internacionalista y abogado ecuatoriano, profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova Alarcón, analiza el tema desde la perspectiva del Derecho Internacional y de las relaciones entre los estados vecinos.

¿Qué se debe conocer de la normativa internacional sobre la presencia militar cerca de las fronteras? ¿Se establece distancias mínimas? ¿Se deter- mina características como bases, cuarteles, postas de control u otras?

Desde la perspectiva del Derecho Internacional no existe una restricción universal a la instalación de bases militares en las zonas de frontera, pues, se considera que todo Estado en ejercicio de su soberanía puede tener presencia civil y militar en cualquier parte de su territorio.

De ahí que, en principio, la “Base Militar Patrulla Cariquima”, que ha sido instalada por el gobierno chileno a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia con el fin de “marcar presencia militar en zonas aisladas” (http://bit.ly/1UWSF1N), no constituye un ilícito internacional.

En cambio, la Carta de las Naciones Unidas (1), expresamente, prohíbe el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza por parte de los Estados en sus relaciones internacionales (art. 2, párrafo 4).

Por tanto, si dicho establecimiento fuese usado como parte de una política de amedrentamiento o intimidación –amenazando con el uso de la fuerza– se incurriría en un ilícito internacional.

En otros contextos, la presencia de la fuerza pública en zonas fronterizas suele ser bienvenida por los países vecinos, pues consituye una medida de seguridad transfronteriza, que es frecuentada por países sin controversias territoriales.

En referencia a convenios y protocolos regionales, ¿en América o en la región se cuenta con mecanismos que establezcan los movimientos militares y presencia en las fronteras?

Desde la creación del Consejo de Defensa Suramericano (cds) (2), en 2008, la región se dotó de un organismo con importantes desafíos en materia de seguridad y defensa.

Así por ejemplo, el estatuto del cds (http://bit.ly/1XnMmFa) establece los siguientes principios: “c) Promueve la paz y la solución pacífica de controversias” y “d) Fortalece el diálogo y el consenso en materia de defensa mediante el fomento de medidas de confianza y transparencia”.

En este sentido, el paso más relevante –aunque mínimo– que se ha producido hasta ahora es el intercambio de información sobre gasto militar, además, la creación de otros organismos adscritos al cds para desarrollar una doctrina común.

Más allá de esto, la región no cuenta con mecanismos de regulación que normen la presencia militar en zonas de frontera. No obstante, hay que recordar que cuando las relaciones entre países vecinos son amistosas, la presencia de la fuerza pública en fronteras se establece en el marco de cooperación bilateral o multilateral, sobre todo para combatir el crimen organizado.  

En un análisis político, el desplazamiento y equipamiento de militares chilenos cerca de la frontera con Bolivia, ¿es una forma de demostrar poderío o de sentar soberanía?

La pregunta merece varias lecturas desde la política internacional. Primero, la presencia militar en zonas de frontera se interpreta en el marco de las relaciones que mantienen los estados fronterizos y las identidades políticas que les asignan el uno al otro. Tales identidades son relacionales y tiene que ver con el contexto histórico.

Por ejemplo, toda expansión de la otan hacia las fronteras con Rusia es percibida por el gobierno ruso como amenaza a su seguridad; mientras que en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, la hipótesis de agresión es inexistente porque ambos se reconocen mutuamente como aliados, amigos o socios estratégicos.

En el caso de Chile y Bolivia toda presencia militar en zonas fronterizas, de ambos lados, se interpretará como amenazas a su seguridad, ya que existe de por medio una controversia por la salida al océano y ante la cual los cuerpos diplomáticos no han actuado con suficiente prudencia. Si a esto se suma las reivindicaciones que ha realizado el gobierno boliviano sobre las aguas del manantial Silala, que abastacen a poblaciones del norte chileno, son comprensibles las alertas de Chile y ahora de Bolivia.

Segundo, en un ambiente caldeado como el que hay entre ambos países, las decisiones políticas internas, como la de establecer la “Base Militar Patrulla Cariquima”, pueden generar resultados de política exterior inesperados. En las relaciones internacionales, los resultados de política exterior son producto de la interacción entre los distintos actores.

Las acciones que tomen los gobiernos de ambos países tienen que ser calibradas en el marco de sus objetivos estratégicos, pues, un paso equivocado puede ocasionarle afectaciones simbólicas (pérdida de credibilidad), políticas (pérdida de aliados o respaldos internos o externos) o materiales (pérdida de recursos o, incluso, territorio).

En consecuencia, aunque las “intenciones del gobierno” chileno sean “demostrar poderío” o “sentar soberanía”, sus decisiones están sujetas a las percepciones que tienen los diversos actores internacionales con base en las identidades que le asignan. Lo propio debe pensar el gobierno boliviano sobre sus actuaciones frente un tema tan sensible como la controversia planteada ante la Corte Internacional de Justicia (cij).

De acuerdo a lo que se conoce sobre las capacidades de ambos Estados, ¿se podría considerar que la soberanía chilena está amenazada por Bolivia? ¿Ése es el pensamiento del go- bierno y militares chilenos?

El efecto subjetivo que produce en un adversario la muestra de las capacidades disponibles y de la voluntad de utilizarlas se conoce como diasuación. Pero, de la información públicada y las acciones realizadas por Bolivia y Chile, no considero que este sea el efecto buscado.

Lo que en realidad debe preocupar es la presencia en zonas fronterizas de recursos estratégicos como el agua dulce (el manantial del Silala, por ejemplo) sin acuerdos definitivos sobre su uso y aprovechamiento.

En otras regiones esto es motivo de cruentas disputas bélicas (Israel-Palestina por las aguas subterráneas que bordean las Fanja de Gaza).

Buena parte de los conflictos territoriales que se han producido en América Latina fueron promovidos por intereses económicos de actores públicos y privados para controlar recursos estratégicos, en especial, de hidrocarburos.

¿Qué significa que Bolivia busque la solución de diferencias con Chile mediante mecanismos pacíficos de la normativa internacional?

La solución pacífica de controversias, además de ser un principio del Derecho Internacional, es una práctica política altamente valorada a nivel mundial. Sin embargo, el sometimiento del asunto ante la Corte Internacional de Justicia puede ser leído de diversas maneras.

Por una parte, constituye una alternativa ante el fracaso de la diplomacia para alcanzar acuerdos de forma bilateral.

Pero por otra, es una opción inmensamente beneficiosa para Bolivia si logra un fallo que abra las puertas para negociar un acuerdo definitivo.

Aunque la negociación requiere la voluntad de ambas partes, un fallo de la Corte Internacional legitimaría interna- cionalmente la necesidad de discutir una solución, tal como proclama el gobierno boliviano.

De las estrategias diplomáticas que articule cada gobierno frente a esta controversia dependerá el éxito político. De ahí que la idoneidad del cuerpo diplomático que esté al frente de este asunto será vital para garantizar una adecuada conducción del proceso ante la Corte Internacional de Justicia, pero también en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, a nivel regional.

¿Es correcto que Chile considere que las demandas bolivianas son una forma de afectar las relaciones entre ambos estados? ¿No sería mejor para este país solucionar las diferencias de manera definitiva?

No cabe sopesar las declaraciones públicas de ambas partes por sí solas, es necesaria una retrospectiva histórica para mirar las continuidades y rupturas en el comportamiento de ambos países frente a la salida de Bolivia al océano Pacífico.

Los múltiples acuerdos y declaraciones en los que Chile aceptó negociar una salida soberana al mar para Bolivia (en el período 1879-2010) han alimentado las espectativas bolivianas, pero también han comprometido al gobierno chileno con cada señal de solución.

Solo el desenlace final permitirá valorar si la estrategia de Chile, consistente en dilatar las conversaciones para ganar tiempo y consolidar su presencia en las posibles zonas de pase, fue o no exitosa.

Por otro lado, está claro que las interdependencias económicas y comerciales de Chile no son vulnerables a un posible agravamiento de esta controversia con Bolivia; mientras que para Bolivia los costos de su mediterraneidad serán cada vez mayores, si se considera que cerca del 85 por ciento del comercio mundial se realiza por vía marítima.

En otras palabras, mientras Bolivia siga anclada a un modelo rentista de sus recursos naturales y no genere vías alternativas de desarrollo, su imposibilidad de salida al mar seguirá siendo altamente perjudicial en términos eco- nómicos, aunque rentable en términos políticos, porque explota el nacionalismo latente en el pueblo.

Otra vez en lo político. ¿Qué significa para cada país esta situación en la relación política interna de gobierno con su población?

Miremos en un marco más amplio el papel de las fronteras y sus conflictos. Para el Estado moderno capitalista, las fronteras políticas son delimitaciones de mercados. Por eso vemos en muchas regiones que se alienta la libre circulación de mercancías y capitales, pero no siempre de personas; las crisis migratorias en Europa son hoy una muestra patética de aquello.

En América Latina las disputas fronterizas han arrastrado lamentables consecuencias. Primero, un arraigado del nacionalismo que suele usarse políticamente por las élites para blindarse ante otros problemas más urgentes y más vitales para sus poblaciones.

Segundo, una inconsecuencia de los líderes políticos que suelen hallar en los problemas fronterizos una bandera de lucha ideológica con efectos desastrosos, puesto que, en vez de contribuir a calmar los ánimos y mejorar las posibilidades de acuerdos negociados, suelen atizar las diferencias y anerbar a la sociedad alimentando comportamientos xenófobos hacia los nacionales del país en conflicto.

Tercero, un gigantesco dispendio de recursos en gasto militar, bajo la premisa de una hipótesis de guerra latente, alimentando así el negocio de la guerra pasiva. Se opta por invertir en armamento y pertrechos bélicos antes que solventar demandas sociales inaplazables.

Con estas consideraciones, parece adecuado que la postura de la sociedad civil y de los actores poíticos internos sea muy mesurada frente a los planteamientos gubernamentales. Que no se renuncie a las demandas sociales y al control político y fiscalización sobre los recursos que emplea el gobierno en todas las áreas, pero, en especial en las de defensa.

Solo una participación ciudadana proactiva puede contribuir a que la búsqueda de una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia sea un ejercicio de aprendizaje democrático y no una aventura polítiquera.

Notas del Editor

1. Carta firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.

2. Fue creado por decisión de jefas y jefes de Estado y de Gobierno reunidos el 16 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía, Brasil.

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