La Gaceta Jurídica

Interpretación del texto constitucional

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 30 de noviembre de 2012

Se ha planteado “a manera de consulta” ante el Tribunal Constitucional un tema por demás complicado, pero que, en realidad, no puede ser precisamente una “consulta”, sino más bien un caso de “interpretación” del texto constitucional.

El artículo 233 de la Constitución abrogada decía: “Es facultad del CONGRESO dictar leyes INTERPRETATIVAS de la CONSTITUCIÓN. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y no pueden ser vetadas por el Presidente de la República”.

Quedaba claro, en consecuencia, que la competencia de INTERPRETAR cualquier texto constitucional correspondía en forma exclusiva al Congreso Nacional, que debería reunir para el efecto dos tercios de votos.

Quizás la Ley del Tribunal Constitucional del 1 de abril de 1998 originó alguna confusión, cuando en su artículo 4 señalaba: “En caso excepcional de que alguna ley, decreto o cualquier género de resolución, admita diferentes interpretaciones el Tribunal Constitucional, en resguardo del principio de conservación de la norma, adoptará la interpretación que concuerde con la Constitución”.

Pero, hacemos notar que aquí se trata de actuaciones del Tribunal Constitucional, resolviendo mediante la correspondiente interpretación la que corresponde a textos legales, decretos o determinadas resoluciones. Pero, en ningún caso esa competencia del Tribunal podría abarcar casos concretos de INTERPRETACIÓN DE TEXTOS CONSTITUCIONALES. La finalidad principal de ese Tribunal la señalaba el artículo 1 de aquella Ley (inciso II), que era el CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

La actual Constitución Política, sencillamente, no ha vuelto a reiterar el texto ya citado de la Constitución abrogada, respecto a la competencia del Congreso para interpretar textos constitucionales. En el artículo 196 dice (inciso I): “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

Inciso II: “EN SU FUNCIÓN INTREPRETATIVA, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”

El texto antes citado, como es fácil advertirlo, se refiere de forma demasiado general a la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para que éste cumpla su función INTERPRETATIVA. No hace la necesaria distinción en concreto entre la interpretación resultante del cumplimiento de cada una de sus competencias respecto del texto constitucional respectivo y la tarea de interpretar en forma directa y específica los diferentes textos constitucionales.

A esta tarea se refería aquel artículo 233 de la Constitución abrogada, que exigía la dictación de una LEY INTERPRETATIVA aprobada por dos tercios del Congreso Nacional. De esta forma, limitaba con toda lógica las posibilidades de abuso de interpretación abundante y caprichosa con el recurso de la “interpretación de textos constitucionales”.

A su vez, el Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 254 y que entra en vigencia recién el pasado seis de agosto, en su artículo 2 reitera el texto ya citado del artículo 196.II de la Constitución Política en vigencia. Y, a su vez, en el punto 1) del inciso II, dice: “LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA INTERPRETACIÓN SEGÚN LOS FINES ESTABLECIDOS EN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES”. Esos son los detalles que podrá aplicar el mencionado Tribunal, según ese mismo texto legal.

Nos encontramos de nuevo frente a la misma terminología genérica empleada por la Constitución vigente. Esta habla de “función interpretativa” en general. El Código Procesal Constitucional habla de “interpretación sistemática”. Este último término, si acudimos al Diccionario de la Lengua, significa simplemente “que aplica algo según un determinado sistema”.

Quisiéramos preguntarnos ¿cuál es en la actualidad el “sistema” para hacer realidad la tarea de “interpretación” de parte del Tribunal Constitucional? No se conoce ninguno. Una vez más, la normativa nacional vigente emplea una terminología general. Aquí la Constitución nos habla, por ejemplo, de seguir el criterio del CONSTITUYENTE, acudiendo a documentos producidos, se supone, por la Asamblea Constituyente, la única, según el artículo 411 de la Constitución, capaz de concretar una forma total de la Constitución Política.

En este caso en concreto, se deberá suponer que el caso previsto se refiere a la interpretación de textos constitucionales aprobados antes por los constituyentes,  como deducción nuestra, puede valer. Pero nos preguntamos, ¿por qué el texto constitucional no lo precisó sin necesidad de irse por las ramas?

En cuanto al otro caso: “La interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales”. Estos últimos parecen estar señalados en el artículo 8 de la Constitución vigente, que habla, empero, de “principios ético-morales de la sociedad plural…” ¿De qué manera aquellos agotan los denominados “principios constitucionales? Otros con los que la misma Constitución califica como fines y valores del Estado, que en su mayoría no tienen nada que ver con las funciones del Tribunal Constitucional.

En todo caso, el tema planteado está fuera de las casos de CONSULTA de proyectos de ley (inciso 7), artículo 102 de la Constitución Política del Estado (cpe). Es un pedido formal para que el Tribunal Constitucional se pronuncie (en función interpretativa) sobre los alcances de la Disposición Transitoria Primera (2) de la cpe (Mandatos anteriores a la vigencia de la cpe). Tendrá que decidir primero si tiene o no competencia para ello.

*    Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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