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Interrogantes para el 2012 en la administración de justicia

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

22:03 / 05 de enero de 2012

Si existe una función del Estado, en la que se han acumulado las interrogantes para el nuevo año 2012, es la referida a la administración de justicia. Y es que aquellas no solo se originan en la inédita y reciente elección popular de magistrados, sino, sobre todo, en la enorme expectativa que el propio gobierno ha creado al afirmar que, con esa elección y algunos otros detalles, estaría asegurada la vigencia de una “nueva justicia”.

Dejemos establecido de entrada que el solo cambio de autoridades en el Órgano Judicial no garantiza de ninguna manera que la administración de justicia comenzará a mostrar una cara diferente. Aquel no es sino uno de los varios factores que hacen al tema.

Pero el problema es que la elección tan publicitada de magistrados, como era de esperar, no ha colmado ni de lejos las buenas perspectivas que se fueron anunciando. La suma de los votos nulos y blancos, más un porcentaje de abstención fuera de lo acostumbrado en el país, acabaron por deslegitimar en forma absoluta la elección de los diversos candidatos varios de los cuales resultaron “elegidos” con porcentajes bajísimos.

El sistema de elección popular, tan cacareado, ha sido de esta forma rechazado por el voto ciudadano. Lo malo es que aquél forma parte del texto constitucional y de las varias cosas que se aprobaron en aquel a la carrera.

El hecho está, por tanto, consumado. Pero el problema no acaba con aquella elección. Los magistrados así elegidos (en forma ilegítima), según las leyes especiales o reglamentarias, deberán en un futuro casi inmediato designar jueces y, de esta manera, completar nombramiento de todos los encargados de la función de operadores de la administración de justicia.

Dada la forma en que se ha procedido hasta el momento, con la elección de magistrados no es posible hacerse demasiadas ilusiones en cuanto se refiere a la designación directa de jueces. Parecería que el esquema tiende a hacerse “completo”, o sea, tiende a cumplirse a través del mismo una consigna del Gobierno para extender a partir del Órgano Ejecutivo su poder a todos los demás órganos del Estado. Seríamos ingenuos si señalamos que antes el Poder Judicial fue “independiente”. En los hechos no lo fue nunca. Pero tememos que ahora, con tales sistemas acabe convirtiendo la “politización” en “partidización” y, de esta forma, el actual Órgano Judicial no habrá avanzado nada en esa su añorada independencia. Por el contrario, pensamos que lo que va a ocurrir será un evidente retroceso.Por tanto, el primer detalle respecto al Órgano Judicial, referido a su estructura orgánico-institucional, no tiene miras de mejorar o de hacerse más eficiente. Lo ocurrido hasta el presente es más que suficiente para hacer tal afirmación.

Otro de los aspectos fraseológicos sobre la justicia, se basa en aquello de que en adelante la justicia debe estar al “servicio del pueblo”. La justicia no puede ni debe estar al servicio de nadie. Hacer justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde  y aplicar estrictamente lo que dice la ley. Que en esto último magistrados y jueces pueden equivocarse, es evidente.

Creer empero en la existencia de aquellos con características de “infalibles” es otro error. Otra cosa es que los fallos de los jueces se originan en aspectos de vanalidad, abierta parcialidad o absoluto error en la apreciación y/o interpretación de la ley. Pero, en este caso, para eso estará al enjuiciamiento del juez venal o corrupto y su respectiva sanción.

Pero el detalle que entendemos adquiere crucial importancia en este marco de comentarios sobre lo que será la administración de justicia, tiene que ver con el marco normativo que los magistrados y jueces deben aplicar. Ya no solamente el texto constitucional, la ley del Órgano Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino el conjunto de las leyes sustantivas y administrativas.

Sobre este particular, hasta el presente, se mantiene un esquema que ha sufrido solo algunas modificaciones y además de forma aislada y sin ninguna coordinación ni sentido de globalidad.

Lo que se requiere son profundas reformas, sobre todo en lo que tiene que ver con los códigos de procedimientos en diversas materias.

La tremenda tara referida a la mora procesal que ha llegado a límites intolerables no va a ser superada si, sobre todo, no se acaba con la práctica de los “recursos” para todo y contra todo hasta llegar al recurso de casación que ha originado la actual y absurda acumulación de causas en especial en los tribunales colegiados.

Se apela y se recurre con cualquier pretexto y sin ninguna argumentación válida y sostenible. Y los tribunales están obligados a dar curso a los famosos “recursos procesales” que contribuyen a eternizar los diversos procesos.

Y existen otros detalles referidos no solo a los recursos como tales, sino también a otras figuras procesales que contribuyen a idéntico fin: acumulación de procesos y su retardación. Pero ésta, por ejemplo en la Corte Suprema, no es de cientos de casos, es de miles, representa varios periodos, varios años de atraso que cada vez se suman.

Vemos, por lo tanto, que las reformas para que la administración de justicia deje de ser lo que ha sido hasta el presente, deben ser variadas y que, a pesar de las mismas, no es posible decirle al ciudadano en general que la problemática referida a la justicia ha de poder resolverse en un corto periodo de tiempo.No nos hagamos ilusiones. El esquema a implementarse requerirá de un largo proceso.

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