La Gaceta Jurídica

Jerarquías normativas y pirámide jurídica

Mediante un reporte público, el Servicio Estatal de Autonomías del Estado Plurinacional ha informado que desde la puesta en vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), el 07 de febrero de 2009, y la consiguiente implementación de las autonomías departamentales y municipales en Bolivia, se ha promulgado 568 leyes departamentales.

La Asamblea Departamental de La Paz, en una sesión de 2012, analiza la documentación para una norma.

La Asamblea Departamental de La Paz, en una sesión de 2012, analiza la documentación para una norma. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 19 de abril de 2013

Según el documento, estas normas están distribuidas en diversa proporción y, en última instancia, muestran la fuerza y la dinámica con la que el proceso autonómico se implementa en el país, así como la profunda reconfiguración normativa de la tradicional “pirámide jurídica”.

En efecto, desde la puesta en marcha de la Nueva Constitución, un detalle que muchos colegas abogados olvidan considerar al momento de referirse al  nuevo campo jurídico en el cual nos encontramos, radica justamente en el hecho de que el artículo 410 de la cpe actual incorpora en el orden jurídico nacional la figura no sólo de las leyes departamentales, las cuales son promulgadas y aprobadas por las asambleas legislativas departamentales.

A este compendio se suman también las leyes municipales (concejo municipal), leyes indígenas, estatutos orgánicos (uno por departamento) y cartas orgánicas (una por municipio), rompiendo con ello el monopolio estatal en la producción normativa, puesto que ahora las leyes no sólo son aquellas que promulga el Congreso Nacional, sino también las que emiten la legislaciones departamentales y municipales.

Del reporte referido se debe apuntar, además, que el 80 por ciento de las leyes departamentales citadas ha sido aprobado en el departamento de Cochabamba con 268 normas; Tarija con 65; Chuquisaca con 61 leyes; Oruro con 45; Potosí con 40; Santa Cruz con 37; La Paz con 37 y Beni con 15 normas departamentales.

Niveles en la jerarquía

Todas estas disposiciones, al ubicarse dentro del orden jurídico nacional, son de cumplimiento obligatorio y de mayor fuerza jurídica que un decreto supremo que, según manda el artículo 410 constitucional, se encuentra en el cuarto nivel de jerarquía normativa, justamente debajo de las leyes departamentales, municipales, estatutos orgánicos y cartas municipales.

Este hecho, que a primera vista parece no tener mayor importancia que la que realmente tiene, implica que en el actual orden jurídico un abogado cualquiera está obligado a conocer y estudiar no sólo las leyes que emite el Parlamento Nacional (353 hasta ahora), sino la leyes departamentales (568 de los nueve departamentos) y las leyes municipales (3 en el Cercado de Cochabamba, por ejemplo).

Esta tarea es bastante compleja y exige mayor compromiso y entrega tanto en términos académicos como conceptuales por cuanto se hace preciso conocer a detalle cada una de estas leyes, así como su límite o marco competencial dentro el cual están siendo emitidas, ya que la misma Constitución establece competencias privativas (artículo 298), compartidas (artículo 299), exclusivas (artículo 300) y concurrentes (artículo 299.II cpe).

Escenarios legales

En el caso de Cochabamba, además, se debe apuntar que la Gobernación, a fin de dar curso adecuado a este desarrollo legislativo, ha emitido el Decreto Gubernativo Nº 009/10, donde establece la “pirámide jurídica departamental”, compuesta por: a) Leyes Departamentales; b. Decreto Departamental; c. Decreto Gubernativo Departamental; c. Resolución Departamental;

A su turno, el mismo Concejo Municipal de Cercado de Cochabamba ha promulgado la Ley Municipal Nº 01/2011, que establece la organización y jerarquía normativa municipal, ubicando en primer término a la Carta Orgánica Municipal, seguida de las leyes municipales, las ordenanzas y, en última escala, las resoluciones de índole administrativo.

Todos estos cambios, en realidad, nos muestran el nuevo escenario jurídico en el cual nos movemos, caracterizado principalmente por el hecho de que el Estado “central” ya no es el único productor de leyes, sino que ahora son los departamentos, municipios y territorios indígena originario campesinos los que producen normas, consolidando esa dimensión normativa del pluralismo jurídico que revitaliza el debate jurídico, no sólo a nivel nacional, sino local, principalmente.

De este modo, todos los académicos, juristas y personas en general deben asumir el compromiso de interiorizarse en el quehacer político cotidiano, fiscalizando las leyes que emite su asambleísta o su concejal, cambios que hoy en día constituyen los nuevos hechos fácticos sobre los cuales debemos repensar el Derecho Constitucional, tanto en su dimensión teórica, como en su construcción pedagógica cotidiana. He ahí el reto actual.

Es abogado y docente de Derecho Procesal Constitucional (UMSS).

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