La Gaceta Jurídica

Judicatura, corrupción y jueces

…las dudas se presentan porque la propuesta aparece sin un análisis que avale la viabilidad del mecanismo sin que se corra el riesgo de injerencia. Por otra parte, se debe cuidar la función eminentemente técnica de los jueces y vocales.

Editorial

00:00 / 04 de febrero de 2014

Hace algunos días que el Ministerio Público empezó una investigación sobre hechos de corrupción en el Consejo de la Magistratura, donde algunos funcionarios de recursos humanos habrían cobrado hasta 5.000 dólares para que varios jueces de Santa Cruz sean ratificados en su cargo, aunque éstos ya se encontraban designados anteriormente en lo que se conoce como reserva institucional. 

Sobre el tema, la propia presidenta del Consejo, Cristina Mamani, se presentó como testigo en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para coadyuvar a las investigaciones penales que se realiza. Asimismo, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, hizo conocer su preocupación debido a que esos hechos hacen poner en peligro las acciones que se cumplen para la transformación de la justicia.

En general, este suceso ha sido visto con preocupación por otros grupos de la sociedad y lo que ha quedado en espera es que no vuelvan a ocurrir situaciones similares y que con la denuncia hecha por la presidenta de la Magistratura se sancione a los responsables con los mecanismos judiciales pertinentes y procesos justos que sirvan de antecedente para prevenir otros abusos de ese tipo.

Sin embargo, mientras se dilucida este asunto mediante la acción del Ministerio Público, ha surgido otra circunstancia que puede desencadenar también ciertos actos de corrupción, tal es el tema del nombramiento de jueces y vocales con la participación de las organizaciones sociales, lo que se considera una puerta a la injerencia política y al tráfico de intereses; al respecto, el presidente del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, dijo que en algún momento los dirigentes sindicales “van a pasar la factura” si se procede con este plan.

Esta temática que provoca susceptibilidades surgió luego de que el pleno del Consejo de la Magistratura decidió que la selección y nombramiento de esas autoridades “ya no será a puerta cerrada”, además que para su puesta en marcha se planteó realizar audiencias públicas en la Casa de la Libertad en Sucre para designar titulares en esos cargos judiciales en presencia de representantes de organizaciones sociales.

La Magistratura señaló la intención de elegir jueces en audiencias públicas debido a los hechos denunciados de extorsión en el proceso de designación de jueces y vocales. De inmediato, el decano del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), Jorge Von Borries, hizo conocer su desacuerdo con este tipo de designación y dijo que se debe  garantizar que esos administradores de justicia sean designados por su capacidad.

En todo caso, las dudas se presentan porque la propuesta aparece sin un análisis que avale la viabilidad del mecanismo sin que se corra el riesgo de injerencia. Por otra parte, se debe cuidar la función eminentemente técnica de los jueces y vocales, por lo que es importante que éstos sean designados de acuerdo a sus capacidades y preparación profesional y no con el apoyo de barras que tengan otras afinidades.

Una decisión equivocada para nombrar administradores de justicia que no tengan el conocimiento adecuado de las leyes puede llevar a fallos injustos o equivocados al suministrar justicia, de este modo incluso exponer a los acusados y/o víctimas a peligrosos desenlaces entre sí.

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