La Gaceta Jurídica

Jueces anteponen el “honor” del feminicida

En seis estudios de caso de igual número de procesos penales, existe una constante: sobre la base de su sana crítica, los juzgadores “vulneran los derechos de las mujeres, poniendo en duda sus testimonios (incluso cuando se trata de niñas), valorando negativamente su comportamiento”.

Los juzgadores deben analizar la prueba y aportar un razonamiento lógico.

Los juzgadores deben analizar la prueba y aportar un razonamiento lógico. Foto: heroinas.blogspot.com

Periódico Digital PIEB

00:00 / 29 de agosto de 2014

Según el estudio presentado esta semana, este procedimiento funciona “sancionando a los culpables con penas menores a las establecidas en la normativa”.

Además, el juez puede anteponer incluso el “honor” del feminicida para disminuir su sanción.

En el ámbito judicial, la sana crítica es un mecanismo para la correcta apreciación de las pruebas porque permite que el juzgador no sólo valore el caso con base en la letra muerta de las leyes o la rigidez de los elementos probatorios o la influencia de prejuicios de externos. Sin embargo, un estudio que analiza la sana crítica en seis casos de violencia contra las mujeres, ejecutada por hombres, muestra que los jueces anteponen sus visiones patriarcales y coloniales en contra de las mujeres.

Martha Noya, una de las investigadoras y miembro del Centro Juana Azurduy de Sucre, explicó que la sana crítica implica que los juzgadores deben analizar la prueba material pero aportar a ese análisis un razonamiento lógico, su formación, su experiencia, su manera de pensar y mirar a la sociedad.

Los resultados muestran que, “en el momento en que los juzgadores aplican la sentencia, sus criterios permean de manera evidente su formación androcéntrica, patriarcal, machista y los prejuicios que tienen sobre las relaciones de género”. Así lo reflejan los seis casos, tres en Sucre, uno en Santa Cruz, otro en Cochabamba y uno en El Alto. En todos los casos hubo jueces hombres y en todos víctimas mujeres y/o niños (sobre todo de violencia física, violencia sexual).

Noya comentó que se analizó la valoración de la prueba que hizo el juez para aplicar las sentencias, es decir que la investigación radicó en el análisis de la visión del juzgador expresada en su decisión final o sentencia.

“Tenemos el caso, por ejemplo, de una preadolescente de 13 –dijo la investigadora–, que era reiteradamente violada por un hombre de más de 30 años. Si bien era una relación consentida por la preadolescente, la norma establece que las menores de 17 años no tienen capacidad de decidir sobre su vida sexual, por tanto una relación sexual con una persona mayor se considera violación. La niña llegó a embarazarse, la madre denunció y el juez emitió sentencia liberando de culpa al violador, indicando que la niña tenía fama de coqueta y que tenía otros enamorados. El criterio del juez se alejó totalmente de la normativa”.

En otro caso, “el juzgador antepuso en su decisión el ‘honor’ del feminicida, disminuyendo su sanción a la mitad de la pena (15 años en vez de 30), usando como argumento la supuesta infidelidad de la víctima (…)”, cuando no se admiten legalmente penas mínimas o máximas, sino una única de 30 años de cárcel. Pero “el juzgador, en su valoración de los hechos expuestos, pretendió atenuar la pena bajo la influencia de una construcción de género en que resulta preponderante para él la condición de mujer infiel”.

Los casos estudiados no admiten la posibilidad de una duda razonable respecto del acusado por una prueba no contundente, sino que, más bien, se analizó casos en que la prueba era fehaciente y no daba lugar a dudas.

“Una de las recomendaciones del estudio es que hay que hacer una acción grande, profunda e intensiva en la escuela de jueces, desde el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo para que haya proceso de formación, concientización a los juzgadores desde el pluralismo jurídico, que es de respeto a la diversidad”, indicó Noya.

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