La Gaceta Jurídica

¿Jueces y fiscales retardadores a la cárcel?

…como en tantos otros casos, el esquema existe, pero otra cosa es que se cumpla a cabalidad. Nuestras cárceles ya atiborradas de presos, ¿aguantarán a todos los jueces que incurren en casos de retardación de justicia? Imposible.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 10 de enero de 2014

Con respecto a los muy numerosos casos de retardación de justicia, poco menos que un mal endémico de ésta, el Vicepresidente del Estado emitió una frase demasiado fuerte, pero creemos que, asimismo, demasiado apresurada. Y es que el problema de la retardación de justicia en el país ha llegado a extremos intolerables y las soluciones nunca aparecen.

El segundo mandatario dijo que todo juez o fiscal que incurra en un caso de retardación de justicia, sencillamente y en forma directa, debe ir a la cárcel. Tal afirmación abre un campo demasiado vasto y, por otra parte, da a atender que en el país no existe ningún esquema que hubiese previsto la posibilidad de que jueces y fiscales cometiesen delitos y/o actos irregulares.

Todo lo contrario, habrá que comenzar apuntando que aquellos funcionarios públicos se someten en esos casos a las garantías de juzgamiento que la ley brinda a todas las personas, pero también a las sanciones que aquellas han previsto para los distintos casos que pudieran suceder.

Yendo al caso concreto de los funcionarios judiciales, comencemos señalando que la normativa vigente ha reducido los llamados “juicios de responsabilidad penal” a actuaciones de magistrados de los órganos cabeza del Órgano Judicial.

Dentro del mismo esquema general, indiquemos que en el campo de la actuación específica de los vocales, jueces y personal auxiliar de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas el artículo 163 de la Ley del Órgano Judicial del 25 de junio del 2010 dice que el “Consejo de la Magistratura, ejercerá el control disciplinario”.

Anotamos que éste forma parte de un primer esquema, justamente para las faltas también disciplinarias. Si aquellos, en cambio, han ingresado al campo de la “comisión de delitos”, el esquema es diferente. Es a este último al que habrá que entender que se refirió el Vicepresidente. Pero no ha advertido que el caso ya estaba previsto en nuestra normativa.

Las llamadas FALTAS DISCIPLINARIAS (no delitos) se detallan en los artículos 186, 187 y 188. Entre las faltas graves, el inciso 90 del artículo 187 considera el “incurrir EN DEMORA DOLOSA Y NEGLIGENTE en la admisión y tramitación de los PROCESOS O POR INCUMPLIR LOS PLAZOS PROCESALES, en providenciales de mero trámite”.

El artículo 188, en su parte final (faltas gravísimas), dice: Inciso II. Si los hechos configuran una conducta delictiva, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público o a la instancia correspondiente. Las faltas graves podrán ser motivo de suspensión del vocal o juez. O sea, como en tantos otros casos, el esquema existe, pero otra cosa es que se cumpla a cabalidad. Nuestras cárceles ya atiborradas de presos, ¿aguantarán a todos los jueces que incurren en casos de retardación de justicia? Imposible.

A su vez, la Ley Orgánica del Ministerio Público, del 11 de julio de 2012, establece un esquema similar sobre un régimen disciplinario para fiscales. El inciso 3 del artículo 120 de aquella Ley dice que entre las FALTAS GRAVES, está “el incumplimiento injustificado de plazos…” y el inciso 5 del artículo 121 se refiere al “incumplimiento DOLOSO DE PLAZOS…”

Las sanciones para el caso de las faltas graves serán (inciso 2) del artículo 122: “Pérdida del derecho a promoción durante un año, suspensión temporal del cargo sin goce de haberes o multa del 40 por ciento del haber mensual”. Para las faltas muy graves, el inciso 3 del artículo 122 establece: “Destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro de la carrera fiscal, sin perjuicio de iniciarse proceso penal si corresponde”. Las mismas consideraciones formuladas líneas arriba para las FALTAS cometidas por los jueces son plenamente válidas en cuanto se refiere a los fiscales.

Veamos ahora el tema referido a los tipos penales específicos que están plenamente vigentes en nuestra legislación.

Tampoco es evidente que aquella haya ignorado el tema ni mucho menos. La referencias genéricas que apuntara el Vicepresidente del Estado aparecen como absolutamente vagas e imprecisas, porque, además de no hacer la distinción que hemos realizado entre faltas y delitos y la parte relativa al régimen estrictamente disciplinario, constituyen una demostración de que el tema en general requiere de un nuevo análisis que, en su caso, acabe ameritando una actualización de toda la temática.

En efecto, el artículo 154 del Código Penal, bajo el nomen juris de “Incumplimiento de deberes”, anota: “El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o RETARDARE algún acto PROPIO DE SU FUNCIÓN, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.

Pero, todavía es más específico el Título III del Código Penal, Capítulo I, Delitos Contra la Función Judicial, a partir del artículo 166.

Particularmente, en el caso que estamos analizando referido a los hechos de retardación de justicia, el artículo 177 del mismo Código se refiere a aquellos bajo el nomen juris de “Negativa o retardo de Justicia”, indicando: “El JUEZ que negare, rehusare o RETARDARE A SABIENDAS LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, la protección o desagravio o cualquier otro remedio que se le pida legalmente o que la causa pública exija, será sancionado CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE UNO A TRES AÑOS y multa de treinta a cien días. Si no lo hiciere a sabiendas, sino por negligencias, denuncia u otra causa análoga, la pena será rebajada en una mitad”.

Este artículo despeja cualquier duda sobre un eventual vacío de la normativa nacional, que obligara a nuestros legisladores a establecer por vez primera tipos penales referidos al tema de la retardación de justicia.

Insistimos, el esquema normativo del país podrá tener en este momento ciertas fallas, pero lo que le falta son mecanismos precisos para su aplicación práctica.

* Es abogado y analista.

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