La Gaceta Jurídica

Juicio en Argentina

…el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Guillermo Arancibia, también renunció tras denunciar la injerencia, presiones políticas y corrupción en los poderes del Estado, lo que fue entendido como una reacción porque esta Corte debía decidir…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 08 de marzo de 2013

Esta semana comenzó en Argentina un proceso judicial que busca probar las violaciones combinadas de las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo pasado en Sudamérica bajo acciones del Plan Cóndor. El juicio iniciado el martes es también un desafío para recobrar la memoria histórica de aquellos días en los que miles de ciudadanos fueron asesinados en varios países de la región.

Como antecedente de la querella que acusa de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a 25 civiles y militares, se tiene la confirmación de que los gobiernos de facto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil fueron parte de esas maniobras oscuras para hacer desaparecer a los opositores de los regímenes. Las operaciones de ese plan incluían la repatriación de personas refugiadas en un país y acusadas por la dictadura del suyo, de esta forma miles de ellas fueron entregadas a los entes represivos en sus naciones de origen.

Según datos de documentos desclasificados por Estados Unidos, a principios de 1974 se reunieron en Buenos Aires representantes de las dictaduras para preparar un plan coordinado de represión y control político, grupo al que se unirían posteriormente Brasil, Ecuador y Perú. Con este precedente, el Plan Cóndor habría empezado a funcionar el 25 de noviembre de 1975, organización de la que el gobierno estadounidense tenía conocimiento.

Aparte de la andanada violenta en cada uno de esos países, el Plan Cóndor tenía como objetivos principales compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países, para ello disponía de personal que se trasladaba a las otras naciones para manejar operativos, de esa forma, por ejemplo, de acuerdo con los documentos, en 1978 la policía secreta de la dictadura chilena, envió a Bolivia al militar León Gonzales para que dirija acciones represivas durante la presidencia de facto de Hugo Banzer.

En este caso concreto, hasta sus últimos días de vida Banzer negó su participación en el contubernio de la muerte, relación que fue comprobada con los documentos desclasificados y otros como los “archivos del terror”, encontrados en Asunción en 1992 y que, según el abogado paraguayo Martín Almada, destacado en la defensa de los derechos humanos, revelan la existencia de la “Operación Cóndor” y vinculan a Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Rafael Videla y Hugo Banzer.

El dictador murió mientras en el país el gobierno de Jorge Quiroga demoraba la solicitud de detención y extradición que realizó el juez federal argentino Rodolfo Canicoba en contra del ex presidente y jefe de adn, quien era acusado en ese país vecino por delitos durante su mando entre 1971 y 1978. En ese periodo, gestión 2002, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Guillermo Arancibia, también renunció tras denunciar la injerencia, presiones políticas y corrupción en los poderes del Estado, lo que fue entendido como una reacción porque esta Corte debía decidir sobre la detención y extradición de Banzer.

Al final, los 146 desaparecidos y los varios deportados por la dictadura banzerista no han merecido justicia, por lo que el juicio en Argentina se convierte en un espacio importante para zanjar parte de los delitos y, aunque el castigo no podrá llegar a algunos, no es tarde para condenar a colaboradores y cómplices.

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