La Gaceta Jurídica

“La Razón”, jurídica y éticamente, tiene la razón

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 23 de mayo de 2014

La noticia de irrecusable análisis es la acción que el Procurador General de Bolivia les inició al periodista Ricardo Aguilar Agramont y a la directora de La Razón, Claudia Benavente, injusta e ilegalmente, porque un reportaje publicado en Animal Político –por lo demás un excelente espacio para el análisis–, según el doctor Héctor Arce Zaconeta, es parte del delito de Espionaje.  

Dice también el querellante que “sólo se desea saber quién filtró la información”.  Lo que es peor, desconociendo el ordenamiento jurídico, acusa a la directora de La Razón de “cómplice” (¿?)

Desde entonces aparecieron en todos los medios gestos de apoyo de todo género. Otros pusieron en duda el hecho (desde luego respetable su opinión); pero, al parecer, no les interesa el fondo de la cuestión.

¿Si La Razón es promasista, cómo entender esta acción judicial?  Se puede elucubrar un conjunto de hipótesis sobre el hecho noticioso (hoy considerado delito).

Nosotros no ingresamos en las consideraciones políticas en la medida en que respetamos nuestro espacio, pues la reflexión debe ser jurídica o ética, mas no política.  El tipo penal en cuestión dice: “el que procurare documentos, objetos o INFORMACIONES SECRETAS DE ORDEN POLÍTICO O MILITAR RELATIVAS A LA SEGURIDAD (…) A LAS RELACIONES EXTERIORES, CON FINES DE ESPIONAJE A FAVOR DE OTROS PAÍSES, EN TIEMPOS DE PAZ, QUE PONGAN EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL ESTADO, INCURRIRÁ EN PENA DE 30 AÑOS DE PRESIDIO SIN DERECHO A INDULTO” (sic). 

En el caso de marras, existe un sujeto activo del delito (que serían el periodista y la directora del medio) y el sujeto pasivo, que será el Estado.  El delito se consuma cuando el SUJETO ACTIVO DEL DELITO (léase periodistas) procura o entrega documentos al ENEMIGO (en este caso Chile); en otros términos, para ser punibles, los periodistas Aguilar y Benavente tendrían que haber entregado documentos o INFORMACIONES SECRETAS al enemigo (Chile).

¿Qué delito puede haber si la información ya fue presentada en el pasado en los tribunales de La Haya?  Se publicaron separatas y todos sabíamos que el Estado boliviano presentaría “la teoría de los actos unilaterales”. Esto no es todo, ya se presentó la memoria más o menos en los mismos términos. 

Resulta que los periodistas son unos “espías” o trabajan en conexión con espías cuya nacionalidad tendría que ser chilena. Ni siquiera es para aplicarse el artículo 115 del Código Penal que a la letra dice: “el que revelare secretos de carácter político (…) concernientes a la Seguridad del Estado a los medios de defensa, LAS RELACIONES EXTERIORES…” (sic). Eso quiere decir que los supuestos sujetos activos de los delitos hayan revelado a Chile secretos en materia internacional. 

La demanda marítima fue un hecho público, conocido por todos los bolivianos; es más, Página 7 y La Razón publicaron en separatas todo el contenido de la demanda; entonces, ¿qué pasa? Es incomprensible.

En el marco de la Ley 1970, el doctor Arce, procurador General del país, se querelló contra el periodista Ricardo Aguilar y la directora de La Razón, licenciada Claudia Benavente, en la justicia ordinaria. Por supuesto, como en derecho corresponde, los querellados o denunciados opusieron excepción de incompetencia, invocando el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Esto quiere decir que, si hubo delito, corresponde su procesamiento en los JURADOS DE IMPRENTA.

El querellante, sin embargo, apoya su petición en el artículo 9 de la misma Ley de Imprenta y dice: “El editor o impresor (La Razón) que revela (es decir, informa) A UNA AUTORIDAD POLÍTICA (La Razón no reveló a la autoridad política, sino al titular del derecho a la información) o a un particular EL SECRETO DEL ANÓNIMO, sin requerimiento del juez…” (sic). Contrasta con el artículo 8 de la misma ley, que es categórico: “EL SECRETO EN MATERIA DE IMPRENTA ES INVIOLABLE”. 

Esto quiere decir que los periodistas tienen derecho al SECRETO PROFESIONAL y que, por lo demás, es INVIOLABLE. Si los periodistas revelaran el nombre de la fuente, tendrían que salir a la reparación del daño.

Pasan los días, horas; al Procurador General le interesa solamente quién filtró la noticia a La Razón. Esto es, averiguar quién es el sujeto activo del delito, cuál funcionario público. Constituirá delito si ese funcionario hubiera dado INFORMACIÓN al enemigo (Chile). Pero, ¿es delito que cualquier funcionario dé información a un periodista que se comprometa a no revelar la fuente?  No es un delito, por el contrario, si en el marco de uno de sus derechos, el del secreto profesional, decide NO REVELAR LA FUENTE Y GUARDAR EN SECRETO, LOS NOMBRES DE PILA Y PATRONÍMICO DEL MISMO, no constituye delito. 

Pero, suponiendo que constituyere delito, los periodistas deben ser enjuiciados por los jurados de Imprenta, dentro los marcos de la Ley de Imprenta. Con seguridad, el juzgador se EXCUSARÁ de conocer la causa y se remitirá actuados a los JURADOS DE IMPRENTA. Que el juez haya ordenado que se revele la fuente, constituye una ilegalidad.

Como titulares de esta columna ya escribimos sobre el manejo de fuentes. Es bueno reflexionar sobre la enorme responsabilidad de los periodistas en el manejo de las fuentes. Una vez que un periodista acordó con la fuente NO REVELARLA, debe limitarse a cumplir con el compromiso; tanto legislación internacional cuanto leyes nacionales, protegen el SECRETO PROFESIONAL y lo consideran uno de los derechos inalienables del periodista. 

Otro tema muy distinto es que, por ejemplo, como dice la Agencia EFE: “UNA INFORMACIÓN DEBE ATRIBUIRSE SIEMPRE A LA FUENTE DE DONDE PROCEDA, IDENTIFICADA con LA MAYOR PRECISIÓN POSIBLE.  LA IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE CONTRIBUYE A DETERMINAR LA AUTORIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN” (sic). No revelar y citar la fuente no son lo mismo, CITAR la fuente quiere decir que en toda nota informativa debe saberse quién la genera, con nombre y apellidos; REVELAR es un derecho, esto es cuando se pactó con la fuente que no se la identificará; es un derecho llamado SECRETO PROFESIONAL. 

Esto último es importante en la medida en que a la directora de La Razón se le atribuye la calidad de cómplice, como si tuviéramos que tratar el tema con las reglas del Código Penal. Totalmente falso. Claudia Benavente no es CÓMPLICE. Si se le abriese un proceso en los jurados de Imprenta, ella sería declarada inocente, es decir, se la absolvería de culpa… ¿por qué?

Es que en materia de DELITOS DE IMPRENTA, la responsabilidad es EN CASCADA y está en el artículo 2 de la Ley de Imprenta que establece que “son responsables de los delitos cometidos por la prensa (…): 1° Los que firmen como autores; 2° los directores de diarios… y; 3° los editores. Esto quiere decir que la directora de La Razón no puede ser CÓMPLICE; el primer responsable de cualquier noticia es la FUENTE, a quien debemos procesar; sin embargo, si el periodista decide mantener en secreto a la fuente y no le comunica al director del medio, el que comete delito es el periodista; y, en tercer lugar, está el director de un periódico. 

Por tanto, en materia penal no existe la complicidad; en materia de imprenta la responsabilidad penal es en cascada.

Como conclusión podemos sostener que no hay base jurídica ni ética para el proceso de los dos periodistas y deseo expresar mi respaldo a ambos ilegalmente enjuiciados. Políticamente todo puede pasar. Como no es una columna política, guardamos silencio.

Es experto en Derecho de la Información.

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