La Gaceta Jurídica

Jurisdicción indígena originaria campesina

Debate

La Gaceta Jurídica / William Bascope Laruta

18:12 / 11 de septiembre de 2012

Si hablamos de Pluralismo Jurídico como conquista política, podemos indicar que es uno de los avances en materia de justicia que han demandado los movimientos sociales; entonces, el pluralismo jurídico plasmado en la Constitución Política del Estado (cpe) es una conquista de carácter social de los sectores más golpeados por el anterior sistema de justicia.

Ahora el Pluralismo Jurídico, desde el punto de vista académico y técnico, es administrar el Sistema Plural en diferentes formas. Estos sistemas de administrar justicia se mueven dentro de un orden jurídico que vendría a ser un Estado, pero dentro de un Estado hay diferentes formas de administrar lo legal.

Este pluralismo responde a dos formas: una justicia de carácter ordinario, que es el sistema europeo americano que se tiene actualmente, y la justicia de carácter indígena, pero dentro de ella tenemos diferentes visiones de administración, porque las naciones Aimara, Quechua, Guaraní, Tupi Guaraní, Mojeña y otras que existen tienen diferentes formas de administración de justicia.

El Pluralismo Jurídico todavía no se visibiliza en el desarrollo de las reformas constitucionales pese a que existe una Ley de Deslinde Jurisdiccional, y no se desarrolla porque el tema del Pluralismo Jurídico tiene que ver con el de autonomía indígena. En las otras formas de organizar el estado, municipios, departamentos o regiones, aún se tiene vigente la jurisdicción ordinara, en ese sentido, donde si se va a visibilizar la jurisdicción indígena es donde se consolide la autonomía indígena.

Actualmente, de manera formal no existe consolidación de autonomía indígena, más allá de que existan municipios que hayan manifestado en referéndum su intención de ejercerla. Éstos todavía no han pasado de su condición de municipio a autonomía indígena, entonces hay que esperar que se plasmen las autonomías indígenas e ir consolidando la jurisdicción indígena originario campesina (jioc).

Las trabas en este proceso son de gestión técnica, pues hay voluntad política en muchos municipios que quieren encaminarse de municipio a autonomía indígena; el Ministerio de Autonomías hace esfuerzos pero hay muchas limitaciones a nivel económico, técnico y de recursos humanos. Es necesario y urgente llevar adelante esta tarea tan titánica, pero no se ha definido a las autonomías indígenas más allá de sus competencias en la Constitución; otro tema es el de límites, es necesaria una ley que defina con claridad los límites en el país.

Por otra parte, hay que ser críticos, la autonomía indígena y la jurisdicción indígena aún no se han tratado con claridad, hay muchos teóricos que hablan pero no dan un sistema de administración de justicia indígena, hablan de manera suelta, apelan a que la justicia indígena es mejor que la ordinaria, pero hay limitantes.

La filosofía de reivindicación nos habla de lo que fueron el Imperio Incaico, el Tiawanacota y todos los asentamientos indígenas en el país; se dice que la administración de justicia en esas épocas era pronta, oportuna, inmediata, gratuita, seguramente que sí, pero no nos olvidemos que hay principios en la justicia indígena que señalan que ésta es resarcitoria, que respeta el tema de la vida y que es conciliatoria, ahora bien, si no es sancionatoria y conciliatoria, ¿en qué queda el tema del derecho penal?, porque, si es así, aquel que asesina, que viola, ¿qué posibilidades tiene de conciliar o de resarcir la muerte?

Esos son los límites de reto de la jioc, porque esta forma de administrar justicia señala que no imparte la pena, sino resarce, pero, ¿cómo se resarce la muerte, la violación?

Analizando, se podría decir que estos límites y limitaciones se han dejado al ámbito penal y de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; para la competencia de esta ley sólo se ha dejado temas de carácter conciliatorio, algunas desavenencias de carácter de deslindes y de carácter cotidiano personales; estos teóricos, que a veces hablan emocionalmente, no nos han dado línea de cómo debería ser la administración de justicia en la jurisprudencia indígena.

Para que ambas justicias coordinen, debería haber momentos determinados y coordinación institucional para fines determinados, de autoridad a autoridad de ambas jurisdicciones. Esta coordinación debería ser para colaboración en investigación en temas específicos para una mejor administración de justicia, para controlar que no se vulneren los derechos humanos (ddhh), pero eso se dará cuando haya coordinación interinstitucional, así, los movimientos indígenas deben comprender que son parte del Estado.

Estas relaciones interinstitucionales deben estar escritas en convenios, el tema de usos y costumbres debe estar plasmado en normas escritas, además que la Constitución ya no habla de “usos y costumbres” sino de “normas y procedimientos propios”, esta determinación se la ha tomado en el Proceso Constituyente porque es un paso progresista frente a los desafíos del siglo xxi.

Mantenerse en usos y costumbres era dejar paso a cualquier arbitrariedad que viole los ddhh, por eso se denominó “normas y procedimientos propios” y todo procedimiento propio se tiene que plasmar en actas y resoluciones de cabildos, encuentros, etc.

Normas escritas serán testigos de las determinaciones indígenas, porque hay posiciones soñadoras que quieren mantener los “usos y costumbres”, dejando en el siglo xv la administración de justicia indígena. Se debe saltar a la modernidad y la jioc debe estar a la altura de los tiempos para no dejar arbitrariedades; la coordinación tiene que partir de instituciones serias e instituciones dedicadas a la aplicación de la ley y aplicación de normas y procedimientos propios de los indígenas.

Respecto de las declaraciones del Magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, Gualberto Cusi, hay que separar que una cosa es el mundo material y otra el espiritual en todas las culturas. En el mundo indígena existen creencias de deidades y la coca es parte de una práctica tradicional, histórico-milenaria, pero es parte del mundo espiritual. En el mundo material se manifiestan los actos humanos se ve y registra como actividades sociales, políticas o económicas.

La administración de justicia es material, y más aún dentro de un Tribunal Constitucional (tc), ya que se rige por revisar actos materiales que pueden ser vistos y acompañadas por la Constitución y los tratados internacionales. El tc vigila que la Constitución sea la norma suprema, que los ddhh no sean vulnerados, la vigencia de los derechos fundamentales y la separación de los órganos del Estado.

No podemos mezclar el mundo espiritual y el material, una cosa son las creencias y lo manifestado por el magistrado Cusi se hace desde el mundo de la cosmovisión indígena, desde lo espiritual. Aun así, más allá de su condición indígena, él responde a un Estado y la Constitución no indica que para los fallos judiciales se recurra al mundo espiritual. Respetamos su creencia, pero se tiene que obrar de acuerdo a la ley fundamental.

La interpretación de la cpe se tiene que visualizar con los fallos del Tribunal Constitucional; pero hay otro punto importante, para administrar justicia indígena se juzgaba las acciones en cabildo, no se consulta la coca.

Los fallos judiciales a futuro en la jioc tendrán que estar escritas en actas o resoluciones, éste es el desafío de implementar un Sistema de Adminis- tración de Justicia Indígena.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia