La Gaceta Jurídica

Justicia originaria y ordinaria

Relación jurisdiccional

La Gaceta Jurídica / Pieb.com.bo, marzo de 2009

00:00 / 30 de octubre de 2012

La justicia originaria se “presta” algunas herramientas de la justicia ordinaria para funcionar y preservarse, según el estudio “Justicia originaria en Oruro: aportes para la construcción de un Estado intercultural”, impulsado en 2006 por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (pieb) y coordinado por Sandra Berdeja, que partió por identificar la conexión y convivencia entre distintas formas de hacer justicia.

Para el trabajo se revisaron archivos judiciales y actas de las comunidades, además se realizaron entrevistas a autoridades originarias y jueces estatales, a testigos, ex autoridades y comunarios. La información recogida se contrastó con los datos de las encuestas de apoyo.

Las comunidades investigadas en Oruro –Corque en la provincia Carangas, Toledo de la provincia Saucarí, y Poopó en la provincia del mismo nombre– poseen una gestión autónoma de la justicia, en la que participan las autoridades originarias (incluidos corregidores, alcaldes y juntas escolares), los disputantes, los familiares de los disputantes y la comunidad. A pesar de ello, pueden intervenir discursos, procedimientos y castigos propios del sistema judicial oficial.

Según la investigadora, “la justicia originaria aparece como una esfera abierta a su relación con la justicia estatal” como efecto de la apertura que las comunidades tienen en todos los ámbitos de su vida. La justicia estatal, al contrario, se muestra cerrada, autosuficiente e imponente frente a la otra. “Es difícil hablar de que en Bolivia existan formas diversas de justicia separadas por completo o mezcladas sin más”, dice.

En la población de Corque la organización sociopolítica responde a dos estructuras: primero al sistema tradicional bajo la dirección del mallku (elegido por turno entre los miembros de la comunidad) del consejo de marka, mallku de cada parcialidad y jilaqatas (representantes) de cada ayllu y/o comunidad, luego están el subprefecto, alcalde municipal, corregidores y demás instituciones oficiales.

Uno de los casos investigados fue el de violación sexual a una estudiante, en el corregimiento de San Pedro de Huaylloco en 2000. La denuncia fue hecha por la junta escolar al jilaqata, éste citó a la familia de la víctima, la junta escolar, los maestros, el corregidor, el alcalde escolar y los acusados para conocer los relatos de ambas partes. Al finalizar la reunión se acordó una sanción de 500 adobes por los “atropellos cometidos a una alumna”. El jilaqata remitió el informe de este encuentro al juez de partido, quien se limitó a pedir una fotocopia del acta levantada.

La sanción no fue cumplida y uno de los acusados se dio a la fuga, ese hecho movió a los padres de la menor a denunciar el hecho ante un juez de la capital.

El procedimiento generalmente comienza con un encuentro entre partes para escuchar lo sucedido y el compromiso verbal de reparar el daño.

En Poopó, se analizó otro caso de vulneración de linderos entre tierras. El jilaqata citó a ambas partes, fue al terreno a verificar lo que pasó, citó al corregimiento o en la casa de la autoridad para que cada parte presente algún documento.

“Los problemas de linderos o ‘propase de tierras o terrenos’, si bien son personales, afectan a la comunidad y, si el jilaqata no puede resolverlo en instancia amigable, tiene que pasar a conocimiento de un cabildo o Tantachawi, por otro lado, los procedimientos que se buscan para llegar a un acuerdo son averiguaciones, valoración de documentos (testimonios de propiedad) y citación a los testigos o vecinos”, dice el documento.

Este caso implicó una recreación jurídica no-estatal, la creación de un campo jurídico originario/comunal, donde la justicia se dialoga, se comparte y se consensa buscando el bien común para todos.

“La construcción semiautonómica de la administración de justicia originaria es posible a partir de la prestación de elementos de otras formas de justicia, combinándolo con elementos de su propia justicia, para armar un conjunto judicial al que se llama ‘justicia originaria’”, dice el estudio.

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