La Gaceta Jurídica

Justicia: El sempiterno dolor de cabeza

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 25 de julio de 2014

El tema referido a la administración de justicia sigue dando qué hablar. En efecto, en las últimas semanas ha circulado una versión que dice se llamará a una especie de “asamblea popular” para que en el curso de la misma, los asistentes vayan formulando ideas y propuestas que conduzcan a encontrar soluciones en torno a esta compleja problemática. Al margen de ello, se ha dicho, muy de paso, que se consultaría la opinión de expertos en el tema sin adelantar quienes podrían ser los mismos.

Lo anterior nos vuelve a demostrar que en el tema que estamos acordando, se siguen dando manotazos de ahogado. Parecería que cada vez que debe obligadamente tocarse el tema se tiene que decir algo, no importa que sea un disparate, que nos permita simplemente salir del paso como sea.

Quisiéramos dejar constancia que el autor del presente trabajo ha venido formulando críticas y propuestas en torno a este tema desde hace más de veinte años. El tema, por lo tanto, no es nuevo ni mucho menos.

En enero de 1992 publicamos un texto llamado “Comentarios y análisis de anteproyecto de la Ley de Organización Judicial”. Nos adelantábamos entonces a señalar que el documento no “llenaba las expectativas nacionales alrededor del tema”. Al promulgarse la nueva Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, decíamos: “Es lamentable que una vez promulgada la nueva Ley, tengamos que mantener los mismos conceptos, su texto, en su mayoría, es absolutamente decepcionante...”. Más adelante afirmábamos que aquí se ha seguido el conocido slogan de “cambiar para que nada cambie”.

Estamos recurriendo a tales citas no sólo para demostrar lo que ya dijimos, que la problemática de la justicia no es de ahora, sino también para señalar que no han habido ideas nuevas. El enfoque siempre ha sido parcial y, peor aún, equivocado.

De esta manera, las reformas constitucionales vigentes desde febrero del 2009, en lugar de significar algún avance claro y concreto en torno al hasta entonces Poder Judicial, le cambiaron el nombre por Órgano Judicial y, lo peor, establecieron el sistema del voto popular del ciudadano para elegir a los magistrados de aquél (más de cincuenta).

De esta forma, se instituyó en la Constitución nada menos, el peor método imaginable para elegir funcionarios de alta jerarquía del Órgano Judicial.Transcurrido varios años de la culminación de semejante desatino, han comenzado los arrepentimientos. Pero lo lamentable es que, tras el lloriqueo, no se acaban de plantear soluciones sustitutivas. O sea que estén destinadas a enmendar el error cometido. Y entonces, como lo apuntábamos, se dice cualquier cosa y se afirma lo que a los legisladores y/o autoridades les viene a su cabeza, para salir del paso.

La problemática referida a la administración de justicia se complejiza, porque la misma no permite un solo enfoque. Para empezar, si bien aquella es la función básica del ahora llamado Órgano Judicial, no es la única. La otra fundamental tiene que ver con la organización interna (administrativa) de aquél Órgano del Estado, como parte del “gobierno”. Y aquí nos encontramos con una serie de aristas, muy propias, que merecen un análisis distinto.

Y en cuanto a este último detalle, podríamos referirnos en forma general al relacionamiento del Órgano Judicial como parte de los Órganos del Estado, con los otros que se encuentran bajo la misma denominación, o sea el Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional) y el Órgano Ejecutivo. No es limitante este relacionamiento, sino que más bien supone más que eso. Implica una permanente tarea de coordinación.

El artículo 12 de la cpe vigente, anota: “...la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN de estos ÓRGANOS”...

¿Se cumple todo aquello? Desde luego que NO. ¿Cuándo ha existido INDEPENDENCIA de los órganos del Estado? En nuestra historia se ha impuesto el caudillismo por una parte (a través de los distintos presidentes del Estado, así hayan sido elegidos en forma democrática) y el presidencialismo, practicado con la permanente voz suprema de ese Presidente o del Órgano Ejecutivo, sobre los demás.

Y dentro de aquel panorama, el más débil de esos órganos del Estado resulta sin duda el Judicial. Este último, acaba, en los hechos, subalternizado frente a los órganos Legislativos y Ejecutivo.

Por lo tanto, ¿qué fuerza institucional puede estar en el servicio de los intereses del Órgano Judicial? ¿De qué manera, aquél pudiera encabezar una tarea profunda y real de verdaderas reformas? Es imposible. Su desventaja resulta ser patética.

Un otro detalle tiene que ser el relacionado con otros órganos del propio Estado y también la sociedad civil. Dentro de los primero básicamente las universidades públicas y privadas. Y es que el tema empieza por la capacidad profesional con la que van a contar los futuros magistrados, jueces y personal subalterno en el Órgano Judicial. Actualmente la coordinación permanente que debería darse en este campo, no existe. Cada cual por su lado.

Y con la sociedad civil, un fenómeno parecido. Hablamos de los colegios de abogados a los que de comienzo, ni se los toma en cuenta en el análisis y discusión de la temática general, o sea los entes que reúnen a quienes practican la profesión básica para ocupar funciones judiciales en todas sus instancias están ausentes en su totalidad. Otra tremenda incongruencia.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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