La Gaceta Jurídica

La Razón tenía razón y los tribunales de imprenta actuarán con razón

El Señor Justicia

La Razón Digital / Carlos Conde Calle

00:00 / 15 de agosto de 2014

La semana pasada participamos de un conversatorio convocado por la Asociación Nacional de la Prensa (anp). En esa oportunidad sostuvimos que la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA interpuesta por los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar prosperaría ¡y así fue! Conocemos a Gustavo Camacho, notable Penalista, y ante las dudas legítimas de algunos concurrentes, nosotros respaldamos sin hesitar.

Algunos colegas proponían salidas legales “más duras”, pero inconsistentes legalmente hablando. Bueno, al final primó la razón y, fundamentalmente, el apego a la Ley. Pues bien, la Sala Peral Tercera declaró probada la incompetencia, en consecuencia, la remisión del caso al Tribunal de Imprenta. En esta instancia, los periodistas también volverán a ganar. Al respecto, volveré más adelante.

En el conversatorio, Fernando Salazar Paredes sostuvo que el caso, más que un tema jurídico, era político y así habría que enfrentarlo. Nosotros estuvimos de acuerdo con esta posición. Este caso tiene un trasfondo político sobre el que me excuso de escribir en la medida en que esta columna es jurídica y no política.

En todo caso, lo destacable es que ninguno de los periodistas revelara la fuente y no por capricho, sino porque lo manda la Ley de Imprenta, concretamente el artículo 8.

La anp expidió un comunicado que sostiene que “continuará vigilante al cumplimiento de las normas que rigen y protegen el trabajo periodístico y hace un llamado a los colegas periodistas a prestar el oficio con el fiel apego a la Ley de Imprenta, bajo una INDEPENDENCIA POLÍTICA, que es la garantía del equilibrio en la difusión de mensajes noticiosos” (sic).

El documento encierra principios éticos de irrecusable observancia cuando dice “la anp se ratifica en sus principios de defender indeclinablemente las libertades de prensa y de expresión como elementos vitales para que el periodismo cumpla con su misión de informar y orientar a la sociedad sobre los acontecimientos locales, nacionales y mundiales, CON LA MAYOR VERACIDAD, HONESTIDAD, SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD” (sic).

En otros términos, nuestra columna está por demás justificada en la medida en que, precisamente, desde el principio hemos reflexionado sobre el DERECHO Y ÉTICA DE LA INFORMACIÓN (y no COMUNICACIÓN, como ambiciosamente se escribe).

Esto quiere decir que en todas nuestras notas debemos CITAR siempre a la fuente, eso nos libera de cualquier responsabilidad penal o civil; pero, no es lo mismo que REVELAR. Esto último constituye un DERECHO del periodista cuando convino con la fuente mantener en RESERVA su identidad. Este compromiso DEBE cumplirse conforme al artículo 8 de la Ley de Imprenta.

El caso citado ira ahora al Tribunal de Imprenta. ¡Ni siquiera este tribunal puede “ordenar” que se revele la fuente! Vivimos un tiempo muy difícil para los medios de comunicación. Debemos esforzarnos por ser OBJETIVOS. “No hay objetividad”, dirán los postmodernos, en un marco de relatividad cultural.

La objetividad existe, es difícil alcanzarla, pero, en el día a día, debemos aproximarnos lo más que podamos a la objetividad. Las notas deberán ser lo más completas posible; no podemos sustentar la información en una sola fuente, como ocurre en el sistema televisivo.

Apoyar las noticias en una sola fuente es el principio del error; peor aún cuando el periodista, sobre la base de una fuente, se “solidariza”, con la misma; no importa que, por ejemplo, sea la víctima de un delito grave; se debe citar al supuesto delincuente, entrevistarlo, aunque en lo íntimo le cauce molestia y dolor. El periodista no es parte, por eso debe ser IMPARCIAL. Difícil, pero no imposible.

Ahora vayamos al fondo de la demanda. En consideración a que el caso será conocido por los tribunales de imprenta, los querellantes, en este caso el procurador general, Héctor Arce, no podrán probar los delitos que denuncian. Veamos. La denuncia tiene que ver con los delitos de espionaje y revelación de secretos.

Respecto al primer tipo penal, se prescribe que “el que procurara DOCUMENTOS...”. ¿Existe algún documento o documentos que los periodistas Benavente y Aguilar, entregaron a Chile? Si hay, debe el querellante presentar la prueba de ley.

Históricamente, en el artículo 115 se dice que hay delito “al revelarse secretos de carácter político o militar, concernientes a la seguridad del Estado”. El periodista Ricardo Aguilar escribió un hermoso reportaje, digno de una cátedra, como bien sostuvo Fernando Salazar Paredes. El título del mismo decía “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales” y fue publicado el 13 de abril de este año.

No ha delito posible, porque la demanda marítima fue publicada in extenso y como separata por el matutino Página Siete y el gobierno no dijo nada.

Posteriormente, La Razón también publicó extensamente este documento. Todos los bolivianos sabíamos que ésta estaba basaba en la teoría de los actos propios.

El reportaje en cuestión se publicó en abril, esto ocurrió cuando todos ya conocíamos la demanda presentada en La Haya. Por tanto, ¿qué secreto se estaba revelando? Lo que no entiendo y me pregunto constantemente es, si el Procurador General sabía de estos hechos, ¿por qué se querelló contra los periodistas?

Luego, el mismo Procurador manifestó que, en realidad, su intención era que el periodista REVELE la fuente. Dicho y hecho, el juzgador ordenó revelar la fuente sin considerar el artículo 8 de la ley de imprenta.

Con seguridad, ambos concurrirán a los tribunales de imprenta, pero me anticipo a sostener que NO SE PROBARÁ LA DEMANDA. En estos momentos, no le conviene políticamente al Gobierno.

Dejo de lado la política y me circunscribo al ámbito jurídico.

En el tipo penal de ESPIONAJE se debe probar que la inconducta pone en riesgo la seguridad del Estado. ¿El reportaje de Aguilar puso en peligro la Seguridad del Estado? Al parecer al interés era, nada más, que el periodista REVELARA la fuente, lo que no se logró.

Considerando que el comportamiento en el Tribunal de Imprenta será el mismo, ¿qué sentido tiene persistir en un proceso penal? Deben saber que el Tribunal tampoco puede ordenar la revelación de la fuente; si lo hace sus miembros vulneran la prohibición del artículo 9 de la Ley de Imprenta.

Dejemos que la norma se manifieste. Ley de Imprenta, artículo 9. “El editor o impresor que REVELA A UNA AUTORIDAD POLÍTICA o a un particular el secreto ANÓNIMO, sin requerimiento del Juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.

Pero lo más grave es que pretenden mostrar que Claudia Benavente es nada menos que “cómplice”, ese es un despropósito jurídico. Ya nos expedimos en uno de nuestros artículos quincenales, sin embargo, debo reiterar que ella, Claudia Benavente, no es cómplice, toda vez que en materia de imprenta la responsabilidad es EN CASCADA, conforme sostiene el artículo 2 de la Ley de Imprenta.

El primer responsable en cualquier hecho noticioso es siempre LA FUENTE y no el periodista, v. gr., si el periodista, CITA la fuente y le abren un proceso NO ES PUNIBLE. El periodista es responsable sólo cuando decidió mantener en reserva la identidad de la fuente. En ese caso debe ir a proceso en los tribunales de imprenta.

La directora o editora sólo puede ser responsable penalmente cuando el periodista le informa y le dice que no citará la fuente y, la directora, a sabiendas autoriza su publicación.

Es experto en Derecho de la Información.

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