La Gaceta Jurídica

Legislación comparada sobre extinción de bienes

Rayos X

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 27 de noviembre de 2012

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, en vista de los fuertes cuestionamientos sobre el Proyecto de Ley de Extinción de Bienes a favor del Estado, finalmente, ha enviado dicho proyecto en consulta al Tribunal Constitucional (tcp), instancia que deberá pronunciarse sobre la validez de dicho proyecto y, en su caso, emitir una respuesta formal, escrita y fundamentada explicando su posición sobre cada uno de los aspectos del proyecto, razón por la que considero conveniente, además, evaluar lo que sucede en América Latina sobre iniciativas similares.

En efecto, de la revisión de doctrina, estudios y normativa comparada, se tiene que sólo en tres países existen leyes similares cómo las que se pretende aprobar en Bolivia, éstos son México, Colombia y Nicaragua, países –por cierto– con fuertes niveles de conflictividad social relacionada con el narcotráfico y la corrupción principalmente, donde se han aprobado leyes como que la pretende incorporase en Bolivia.

Sin embargo, sobresalen dos características centrales: por un lado, la extinción de bienes a favor del Estado se encuentra prevista en sus respectivas Constituciones (situación que no acontece en el caso boliviano) y, por el otro, se trata de una acción de carácter jurisdiccional, es decir, es un juez quien resuelve la demanda y no una simple acción administrativa, sumaria y confiscatoria asignada irregularmente a la Procuraduría del Estado, como sucede en Bolivia.

En efecto, en el caso de Colombia, allí se cuenta con la Ley Nº 793 de 27 de diciembre de 2002, que regula la Acción de extinción de Dominio, siendo la misma de naturaleza jurisdiccional (artículos 4 y 11), asignando competencia a los jueces penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, quienes conocen y resuelven estas acciones. Las apelaciones se las tramita ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

La Ley 793 de Colombia, vale la pena apuntar, tiene origen y fundamento constitucional, puesto que se basa en el artículo 34 de la Constitución colombiana, que dice: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por SENTENCIA JUDICIAL, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.

A su turno, en el caso de México, se cuenta con la Ley Federal de Extinción de Dominio de 29 de mayo de 2009, que establece el Procedimiento de Extinción de Dominio; siendo también de naturaleza jurisdiccional (artículo 10), estableciéndose para tal fin los jueces especializados en Extinción del Dominio.

Dicha Ley Federal se funda en el artículo 22 de la Constitución mexicana, que dispone: “Artículo 22. (…)  Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la  autoridad judicial de los bienes en caso de  enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se  declare extinto en sentencia. En el caso mexicano la extinción de dominio se rige por las siguientes reglas: Será  jurisdiccional y autónomo del de materia penal y procederá en los casos de  delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes (…)”.

Nótese que incluso en la legislación comparada de países como Colombia y México los legisladores han tomado el cuidado de no incorporar elementos draconianos ni lesivos al Estado de Derecho como pasa en Bolivia, garantizando ciertas previsiones mínimas como el debido proceso, la presunción de inocencia, la reserva legal, etc., lo cual pone en tela de juicio el proyecto de ley propuesto en Bolivia, que, en caso de ser promulgado, se convertiría en una nueva Ley 1008, aspecto que no dice bien no sólo del Legislativo, sino del Ejecutivo, que durante mucho tiempo fue el más acérrimo crítico de políticas como las que ahora paradójicamente pretende aplicar.

*    Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS Cochabamba).

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