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Ley de Aplicación Normativa

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 31 de mayo de 2013

La recientemente promulgada Ley de Aplicación Normativa ha acabado por llegar al objetivo que ya se vino “cocinando” hace bastante tiempo: legalizar la reelección –o al menos la posibilidad de la misma– de los dos primeros mandatarios del país. Seguimos pensando que ese extremo podría haberse conseguido siguiendo una ruta mucho más directa, pero, sobre todo, más clara y expedita que finalmente se ha seguido.

Al respecto, el nombre que se adjudicó al instrumento legal que debería dar inicio a la “consulta” ante el Tribunal Constitucional, no es el adecuado. En efecto, ¿cómo se puede hablar de Ley de Aplicación Normativa? Si seguimos el Diccionario Jurídico de Manuel Osorio, “en sentido amplio, se entiende por  LEY toda NORMA JURÍDICA reguladora de los actos y las relaciones humanas….”. Por lo tanto, sería como decir “NORMA DE APLICACIÓN NORMATIVA”.

La pregunta sigue, ¿cuál vendría a ser la competencia concreta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para “interpretar los textos constitucionales”? Este es el objetivo que se perseguía con aquella Ley tan singular, respecto del artículo 168 de la actual Constitución Política del Estado (cpe) y de la disposición transitoria primera (II) de la misma.

Una supuesta facultad interpretativa de los textos constitucionales ya no existe en la cpe, como había sucedido en el texto del artículo 233 de la Constitución abrogada.

El inciso 3 del artículo 158.I de la actual Constitución dice que entre sus atribuciones la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la de “dictar Leyes, interpretarlas…”, pero en ningún caso dice INTERPRETAR LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES. A su vez, el artículo 196.II de la misma Constitución dice que el Tribunal Constitucional, en “SU FUNCIÓN INTERPRETATIVA…”

Ha resultado paradógico, en los aspectos formales, que la famosa Ley de Aplicación Normativa al final haya resultado promulgada por uno de los mandatarios que, como emergencia de su contenido, resulta evidentemente favorecido al permitírsele el ser candidato a la reelección.

Y, entre los argumentos exhibidos por el Presidente en ejercicio, se ha citado el hecho de no haberse cumplido el texto del artículo 168 de la cpe, que dispone para los dos primeros mandatarios un periodo de funciones de cinco años. Si ligamos este detalle con el contenido de la disposición transitoria ya citada, se afirma que esta dice: “Los mandatos anteriores a esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Pero, en este caso se arguye que esta disposición hay que “entenderla” como referida a periodos o mandatos completos.

Como el primer mandato de los actuales primeros mandatarios no fue de cinco años, sino de cuatro, no es aplicable. Nos preguntamos, ¿en qué parte de su texto esa disposición se refiere a periodos completos o incompletos? En ninguna.

Además, en el discurso durante el acto de promulgación de la ley, el mandatario hizo referencia a otros detalles que justificarían su vigencia, pero sobre todo su carácter de texto legal “constitucional”. No entra en debate el tema referido al cumplimiento de la Declaración Constitucional, porque está fuera de toda discusión su carácter de única y última instancia. O sea, al margen de los argumentos tan deleznables que se utilizaron para justificar su texto, igual tiene que cumplirse.

Empero, lo anterior tampoco significa que el texto de ese fallo debe ser acatado calladamente, es decir que esté prohibido el efectuar análisis críticos a su contenido.

Entre los aspectos que anotó el Mandatario en aquel discurso están detalles retrospectivos sobre el proceso o el funcionamiento de la Asamblea Constituyente; dijo que, en una las comisiones de estudio de esa instancia, se comenzó planteando una sustancial modificación al sistema de la reelección en las cabezas del Poder Ejecutivo. Un cambio radical, proponiendo que la nueva Constitución contenga un detalle para consagrar la reelección en forma indefinida respecto del Presidente y del Vice.

Aquella inicial propuesta, cuando se llegó a la discusión de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Oruro, supuestamente porque la idea no consiguió el respaldo necesario de votos, se la transformó por el texto actual del artículo 168, es decir, una primera y única reelección por un nuevo periodo de cinco años.

Durante el debate final del texto Constitucional en el seno del Congreso convertido ilegalmente en “Constituyente”, fue inevitable aclarar la situación relativa al periodo último antes de la vigencia de la nueva Constitución, el mismo que en forma inevitable, se reduciría en un año y terminaría sólo en cuatro. De ahí viene la disposición transitoria ya repetida, aclarando qué iría a ocurrir con ese periodo de mandato de cuatro años en relación a la norma que contenía el artículo 168 que permitía una SOLA REFLECCIÓN CONTINUA.

En forma por demás clara y contundente, aquella disposición transitoria ordenó que ese periodo acortado inevitablemente a cuatro años SI SE TOMARÍA EN CUENTA. ¿Para qué? Pues para que el mismo se uniera al siguiente (normal de cinco años), considerándose último, no como el primer periodo de funciones, sino más bien como el segundo. Un “TERCERO”, por tanto, era INCONSTITUCIONAL.

Pero, incluso al margen de tales consideraciones, el Tribunal Consti- tucional “inventó” otro argumento, si así puede llamarse. Afirmó que el nuevo Estado Plurinacional sólo existía jurídicamente a partir de la vigencia de la nueva Constitución. Todo lo anterior no tenía validez alguna, creando de esta manera una especie de “limbo jurídico” que resulta ser absolutamente inadmisible.

Es abogado y analista constitucional.

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