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Ley del Cambio Climático

En todo caso se trata de una iniciativa que tendrá que ser replicada en más de un país, tomando en cuenta que las grandes potencias y los malos manejos de los recursos generan la amenaza desde años pasados, mientras que los países emergentes en industria ahondan el problema.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 11 de mayo de 2012

Hace menos de un mes que la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley del Cambio Climático, en una discusión saldada con 280 votos a favor, 10 en contra y una abstención; luego, por unanimidad, los senadores también la sancionaron convirtiendo a ese país latinoamericano, después de Gran Bretaña, en el segundo en el mundo que tendrá una norma de esas características.

El resultado llegó tras cinco años de tratamiento y para muchos analistas es el producto impulsado definitivamente por los acuerdos de la Cumbre sobre el Cambio Climático (cop16) realizada en Cancún. Entre los otros aspectos para la adopción de la medida se encuentra que México es uno de los 15 principales países en emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Como partes salientes, la norma establece la creación de un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para coordinar investigaciones en materia de protección y preservación del ambiente, también persigue garantizar el derecho a un medio ambiente sano y promover en diversas instancias la “elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero”.

Entre otros factores, busca reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, y lograr la generación de capacidades de respuesta, por lo que es considerada en otros niveles como un paso hacia el desarrollo sustentable en ese país.

Seguramente, en este componente deberá ser la punta de lanza en la prevención de sequías, inundaciones y otros fenómenos posibles productos del cambio climático que pueden ser evitados en diferentes grados.

Las disposiciones más difíciles señalan que en 2020 las emisiones de dióxido de carbono tendrán que haberse reducido en 30 por ciento respecto a los niveles de 2000 y hasta 50 por ciento a mediados de siglo; componente que parece lento por los plazos anotados mientras que el clima continuará en deterioro, además que podría ser resistido en gran medida por las industrias y los servicios, pese a que en estos últimos, hasta el 2024, tendrá que generarse por lo menos el 35 por ciento de la electricidad mediante fuentes renovables.

Entre tanto, representantes del Partido del Trabajo (pt) señalaron que se trata de una medida insuficiente, mientras que en otros sectores se habló de posibles amenazas a las fuentes de empleo, sin embargo, la decisión del Legislativo mexicano tiene varias aristas positivas. Las cuales también pueden caer en críticas justificadas en el caso de dar paso al comercio de carbono, como sistema todavía discutido y rechazado por ambientalistas.

En todo caso se trata de una iniciativa que tendrá que ser replicada en más de un país, tomando en cuenta que las grandes potencias y los malos manejos de los recursos generan la amenaza desde años pasados, mientras que los países emergentes en industria ahondan el problema. Si bien en casos como Bolivia el tema no parece tener relevancia al ser un territorio todavía con bajos niveles de contaminación, se debe considerar que los efectos en el medio ambiente no reconocen fronteras, por lo que tendrán que adoptarse también medidas en este ámbito, las que además podrían dar mayores luces para no continuar posiciones erráticas en el tema ambiental.

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