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Ley de Conciliación y Arbitraje

…como expectativa de la promulgación de esta norma y su paulatina aplicación, quedan pendientes para el cumplimiento los compromisos asumidos y los objetivos mismos. En el primer caso, los empresarios nacionales anunciaron que este año invertirán 3.000 millones de dólares…

Editorial

00:00 / 30 de junio de 2015

El 25 de junio último fue promulgada la Ley de Conciliación y Arbitraje para la solución de controversias, una norma que, entre sus objetivos fundamentales, busca descongestionar la carga judicial y, precisamente lo que su apelativo señala, la resolución de controversias “de forma simple, informal y flexible”, según explicó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

Por otra parte, se considera que la medida legislativa es parte  de los ajustes que se encara para que la legislación se encuentre adecuada a la realidad actual, al contexto histórico en el que se encuentra el país, a las necesidades de la sociedad y a la nueva visión del Estado Plurinacional, por lo que la anterior Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997, había quedado obsoleta y fuera de contexto.

La ahora abrogada Ley 1770 fue establecida con “el objeto de procurar el mayor acceso a la justicia de los sectores vulnerables del país, tomando en cuenta su carácter simple e informal con la finalidad de desjudicializar la administración de justicia, reducir la sobrecarga judicial, su estímulo eficaz para que el Estado preste mayor atención al funcionamiento del aparato judicial (…)”, entre otras cosas, de acuerdo a lo que menciona el Decreto Supremo N° 28471, de 29 de noviembre de 2005, que es su reglamento.

En este mismo enfoque, el canon promulgado la pasada semana, busca alejar de los procesos judiciales los temas que podrían ser solucionados mediante procedimientos diferentes. También de acuerdo a la explicación de la titular de la cartera de Justicia, “reconocer la validez de la conciliación y el arbitraje como medios alternativos a los procesos judiciales para la resolución de conflictos es una parte fundamental en la revolución a la justicia que buscamos, que descolonice nuestras estructuras jurídicas, descongestione el sistema judicial y acerque la justicia al pueblo”.

Asimismo, se debe destacar que el advenimiento de esta prescripción legal fue bien recibida por el empresariado nacional, que vio como puntos centrales de conveniencia que con ella se establece reglas claras sobre las inversiones, se ofrece mayor seguridad y tranquilidad para efectuarlas y para impulsar nuevos emprendimientos y que la apertura de fronteras para socios extranjeros ofrecerá reglas predecibles y medidas de estabilidad.

En lo fundamental, como expectativa de la promulgación de esta norma y su paulatina aplicación, quedan pendientes para el cumplimiento los compromisos asumidos en esa fecha y los objetivos mismos. En el primer caso, puesto que la Ley de Conciliación y Arbitraje busca garantizar la inversión privada nacional e internacional, los empresarios nacionales anunciaron que este año invertirán 3.000 millones de dólares para impulsar que el crecimiento económico llegue al 5%, aspecto que merecerá admiración, tomando en cuenta la histórica baja inversión del sector, más cuando se trata de rubros no relacionados con el extractivismo o los servicios, además de que solo faltan seis meses para finalizar el año.

En el segundo tema, los órganos del Estado y las instancias pertinentes deberán trabajar de manera efectiva para que los propósitos de la nueva ley sean efectivos en beneficio de la población, la productividad, la economía y la propia justicia.

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