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Ley de Consulta

…la aprobación de una ley de consulta aparece como una necesidad urgente, sin embargo, ésta no debe ser apresurada habida cuenta de que debe quedar claro, según el artículo 32.I de la Declaración de la onu, que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar…”

Editorial

00:00 / 13 de mayo de 2014

Ayer, luego de ser presentado al Presidente del Estado, el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) para su tratamiento y posible aprobación. Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se trata de un documento que en su redacción alcanzó consenso con la participación de más de 4.000 representantes de organizaciones de base, delegados de ocho ministerios de Estado y de organizaciones no gubernamentales.

De ser aprobado como ley, normará los procedimientos de consulta a los actores sociales, en especial a los pueblos indígenas, y prevé el carácter vinculante de acuerdos para la explotación de recursos naturales y construir obras en sus territorios. En torno a esta responsabilidad del Estado, se cuenta con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en la 107 sesión del 13 de septiembre de 2007, que en Bolivia tiene rango de ley; además de la Constitución Política del Estado (cpe), que en su artículo 11.II. ya habla de la consulta cuando señala que la democracia en Bolivia “se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa (…)”.

Asimismo, en el artículo 30.II, la ley fundamental especifica que “en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Es precisamente este acápite que es confirmado por el artículo 19 de la Declaración de la onu, que establece que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. En todo caso, en el ámbito boliviano se tuvo ya una experiencia con relación a los Territorios Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), cuyos habitantes fueron sometidos a una consulta que sufrió críticas y observaciones varias, además de que fuera establecida mucho después de que el gobierno decidiera “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, tal el caso de la construcción de una carretera en área protegida.

Con este antecedente, la aprobación de una ley de consulta aparece como una necesidad urgente, sin embargo, ésta no debe ser apresurada habida cuenta de que debe quedar claro, según el artículo 32.I de la Declaración de la onu, que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”, esto también garantizado por la cpe.

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