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Ley de Discriminación a la luz del Derecho de la Información

...“toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito” (sic). ¿Quién debe reparar? Por supuesto que el periodista…

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle*

00:00 / 04 de enero de 2013

Desde el ámbito de los hechos, la sociedad observó siempre conductas discriminatorias (antes que racistas). El sino de nuestra sociedad eran estas formas de discriminación social, cultural, política, generacional, etc.

Así, motivado por las condiciones socio-políticas subyacentes, el Gobierno promulgó la Ley 045 de 8 octubre de 2010, reglamentada por Decreto Supremo (ds) 762 de 5 de enero de 2011. Acaso haya posturas retrógradas que nieguen que haya discriminación social o cultural, la novedad es que la norma nos habla de discriminación racial. Esto es difícil de entender y aplicar.

En términos generales estamos de acuerdo con la norma, pero en las especificidades tenemos ligeras objeciones. Me refiero al acápite de los medios de comunicación social. Esta Ley establece sanciones administrativas y jurisdiccionales.

Con relación a los vínculos entre particulares, donde se observan conductas discriminatorias, la norma contra la discriminación establece los mecanismos de funcionamiento. Creemos acertado dilucidar administrativamente los problemas dimanentes de la discriminación conforme al artículo 13 de la Ley; si se trata de faltas, la sanción proviene del órgano administrativo, aunque no se descarta que los particulares respondan demandas de Amparo Constitucional.

Si en la sustanciación del proceso administrativo se vislumbran delitos, queda abierta la jurisdicción penal. En este caso se aplica el artículo 24 de la Ley de Discriminación, que modifica los artículos 24 y 26 del Código de Procedimiento Penal. En términos sencillos, los delitos contra la discriminación social y racial son de competencia de los jueces de Sentencia.

En consecuencia, si vislumbramos estos delitos entre particulares, entre particular o algún funcionario público o servidor público, finalmente, entre personas individualmente consideradas, pero que dependen del Estado, éstas deben acudir individualmente a los órganos administrativos y, luego, a los jueces de Sentencia. En una precisión, los delitos son intuito personae, esto es que cometen delitos las personas y nunca las personas colectivas, partido político, ministerio, club profesional, etc.

La prensa registra cotidianamente una gama de noticias sobre supuestos extorsionadores; estos señores cometen delitos a título particular y deben asumir en forma personal la responsabilidad penal y civil, pues el ministerio de Transparencia ni el de Gobierno son responsables. Los delitos son cometidos por personas de carne y hueso.

Ahora abordemos el tratamiento de las conductas, actitudes, discriminatorias de los periodistas, pues el medio de comunicación social, como persona colectiva o jurídica, no es ni debe ser considerado responsable penal o civil.

Esta Ley, en el artículo 23, complementa el artículo 281 del Código Penal, como 281 bis y 281 ter. La norma entiende por racismo que “la persona que arbitrariamente ilegalmente, restringe, anule menoscabe o impida el ejercicio de derecho individuales o colectivos, por motivos de raza; origen nacional o étnico, color descendencia (…) será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años”. La definición de la discriminación es más o menos igual. Las actitudes deben ser, en consecuencia, arbitrarias e ilegales.

La dificultad que tenemos es la definición de raza. La Ley 043, inciso D, dice: “raza es una noción” constituida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios (…) Utilizada para asignar a algunos grupos un status inferior y a otros un status superior…” (sic). ¿Quién define la superioridad o inferioridad de la raza? ¿El tener una mayor o menor riqueza ayuda a definir la superioridad o inferioridad de una raza? No tengo respuesta; será prudente que los proyectistas expliquen.

Otra de las interrogantes es sobre el significado de racismo. La Ley 045 dice: “Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarios en provecho de un grupo o en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión…”

Cumpliendo con la Teoría General del Delito, un delito debe ser antijurídico, típico. Existe variada gama de teorías de la raza: ¿Cuál es la mejor o la peor? ¿Las adscripciones teóricas pueden fundar delito?

Sin duda que el tema más polémico es el órgano que debe juzgar a los periodistas, empecemos reiterando una afirmación, casi dogmática: las instituciones (partido político o medio de comunicación social) no cometen delitos; los delitos son cometidos por personas de carne y hueso. El artículo 16 de la Ley 045 es institucional: “el medio de Comunicación que autorizare o publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de  sanciones económicas y de suspensión de licencias de funcionamiento, sujeta a reglamentación”.

Antes de revisar el Reglamento, digamos que los medios de comunicación tienen la Ley de Imprenta, que en el artículo 64 dice: “en ningún caso podrá decretarse la clausura de una imprenta”. El artículo 17 de Reglamento de la Ley Discriminación establece una gradación de multas y un proceso Coactivo. Si no paga la sanción, ya no establece la caducidad de la licencia, peor aún, no deja de ser anticonstitucional en la medida en que el artículo 107, parágrafo II, manda: “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética (…) y su ley”. Se refiere a la Ley de Imprenta o alguna que pueda sustituirla en el futuro.

Posteriormente, el artículo 18 del DS que reglamenta la Ley 045 sostiene que el medio de comunicación debe reparar el daño. Los redactores no consideraron el artículo 87 del Código Penal, que dice: “toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito” (sic). ¿Quién debe reparar? Por supuesto que el periodista, cuando no cita la fuente. Si no se cita (no es lo mismo decir “se revela”), el periodista o el particular es responsable penal y civilmente.

Si cita la fuente y se utiliza comillas no tiene por qué ser sancionado penal ni civilmente. Por fortuna, el ds 762 no se aparta de este espíritu; en su artículo 21 dice: “…cuando se publique o difunda como parte de la cobertura informativa o de las tareas propias de la comunicación, sin que constituyan ofensa o elogio de acciones de racismo. No generará responsabilidad directa del medio de comunicación. 2) Cuando sean expresiones de terceras personas difundidas en programas en directo (…) 3) Cuando correspondan a programas independientes y el responsable es el conductor” (sic).

Digamos que el primer responsable es el tercero que usa del medio para discriminar. El conductor debe advertirle antes de participar. Respecto al Tribunal que juzga al periodista, debe aplicarse lo que manda el artículo 28 de la Ley de Imprenta: a) Como estos delitos son de orden privado, debemos subrayar que si el querellante es persona particular puede elegir el tribunal jurado u ordinario; si es hombre o mujer de relevancia pública, también, le corresponde la elección de tribunal.

En cambio, si es gente del espacio público, debe acudir necesariamente a los jurados de imprenta. De Acuerdo a los artículos 28 y 29 de la Ley de Imprenta, el servidor público puede acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, considerando que el servidor público no es persona particular, los delitos de discriminación deben ser conocidos por los jurados de Imprenta. Invito a leer el artículo 28 de la Ley de Imprenta.

*             Es experto en Derecho de la Información.

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