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Ley de Imprenta y Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 21 de septiembre de 2012

El anunciado proceso contra una agencia de noticias y dos medios escritos de comunicación ha reavivado el debate sobre la vigencia y aplicación de la Ley de Imprenta, así como cuáles deberían ser los límites en la tarea diaria de aquellos medios. Como la iniciativa se origina en una entidad del Estado, como es el Ministerio Público, la duda sobre el apoyo correcto y real del proceso se hace todavía más sospechosa. En el país, la confusión entre el Estado y el Gobierno e incluso el o los partidos que apoyan a este último es ya una enverada costumbre.

Los delitos de calumnia e injuria, para comenzar por una descripción general del tema, están tipificados en los artículos 283 y 287 del Código Penal, con una característica destacada en la segunda y última parte del 287, cuando el texto del Código, dice: “Si el hecho previsto en el artículo 283 y la injuria a que se refiere este artículo fueran cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado, etc…”

En parte, aquella referencia abarca a los medios de comunicación escritos. No sabemos el motivo por el que ese texto legal olvidó a los otros medios.

Por su parte, la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, en su artículo 7 dice que “No hay delito de imprenta sin publicación…” En razón de la época es obvio que aquella sólo abarca a los medios escritos, aunque en la práctica se da por supuesto que el texto de aquella comprende a todos.

Aquella Ley destaca en forma clara en que casos de “delinque” contra la Constitución, la sociedad y las personas y en qué casos no se comete delito, distinciones exclusivas de ese cuerpo legal.

El procedimiento a seguirse en ambos casos (aplicación de la tipificación del Código Penal y de la Ley de Imprenta) es radicalmente distinto, porque en este último se estableció el sistema de “jurados”, que es único.

¿Cuál es el marco constitucional? El artículo 21 (inciso 5), consagra para todos el DERECHO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE pensamientos y opiniones, por CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN…” A su vez, el artículo 106 de la misma Constitución Política del Estado (cpe) GARANTIZA LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN y, además, GARANTIZA A TODOS “el derecho a emitir libremente las ideas, por cualquier MEDIO DE DIFUSIÓN, SIN CENSURA PREVIA”.

El inciso III añade algo que resulta inopinado y fuera de contexto al decir que “El Estado GARANTIZA a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho de la comunicación y a la información”… ¿No era acaso para TODOS?

En el artículo 107, el inciso II anota que “La información y las opiniones emitidas a través de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad, estos principios se ejerceran mediante las normas de ética y de autoregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

Como puede verse, el texto constitucional, si bien es claro en varios casos, en otros ha preferido hacer referencias generales o utilizar términos de igual alcance. ¿En qué consisten en concreto los llamados PRINCIPIOS DE VERACIDAD Y RESPONSABILIDAD?

Pero el tema, como era de esperar, porque hubo las correspondientes advertencias al respecto, se ha complicado con otros textos legales. Nos referimos en concreto a la Ley 045 de 8 de octubre del 2010, llamada Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. El artículo 16 de aquella, que fue legalmente impugnado por las organizaciones de periodistas y medios de comunicación del país, parece haberse incluido en aquella Ley para que los medios de comunicación social no escapen nunca a sus alcances y se pueda prescindir incluso de la aplicación de la Ley de Imprenta.

El texto legal aparece (sólo aparece) como bastante inocente al señalar: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.

A su vez, el Decreto Supremo (ds) de 5 de enero de 2011 aprueba el Reglamento de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. En el capítulo II del Título III se legisla sobre Las “faltas y sanciones en los medios de comunicación”, indicando genéricamente que “se consideran faltas de los medios de comunicación, cualquiera que sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias…” Luego, se enumera varios casos estableciéndose tres categorías de sanciones…, independientemente de la sanción administrativa y el resarcimiento de los daños y perjuicios.

A su vez, la cereza sobre la torta, el artículo 22, destaca que, si como resultado del proceso interno se determine que existen indicios de responsabilidad penal, el hecho será puesto en conocimiento del Ministerio Público, así se llega a la meta, el delito y EL JUICIO PENAL COMÚN.

Estas son la razones, porque en el caso que comentamos (supuesta tergiversación mal intencionada de expresiones del jefe de Estado) se pretende iniciar un proceso bajo el texto de la Ley 045, no por delitos del Código Penal y menos según las provisiones de la Ley de Imprenta. Esta es, ya era la trampa que aquella Ley preparó sobre todo para los medios de comunicación.

Creemos, empero, que la propia Ley 045 deja a un lado el proceso que se trata que llevar adelante, al señalar en el artículo 21-I de su Reglamento una de las “conductas que no generan responsabilidad directa para los medios, que es “cuando se publiquen o difundan como parte de la cobertura informativa o de las tareas propia de la comunicación, SIN QUE CONSTITUYEN DEFENSA O ELOGIO DE ACCIONES DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN”. Este es justamente el caso, al haber limitado a los medios acusados a titular lo que en su discurso dijo el Presidente.

Espere…

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