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Ley de Juventudes en el área rural

En Bolivia, la población menor a 29 años llega al 64 por ciento (%) con relación al total nacional de habitantes. En el departamento de La Paz esta población alcanza al 61% del total de personas en la jurisdicción de acuerdo a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2010. Pero, ¿quiénes son jóvenes?

La Ley reconoce para las y los jóvenes la organización política, sindical, gremial, académica, barrial, etc.

La Ley reconoce para las y los jóvenes la organización política, sindical, gremial, académica, barrial, etc. Foto: Cen capinota.wordpress.com

La Gaceta Jurídica / Yajaira Barriga Arancibia

00:00 / 25 de junio de 2013

El ser joven se define no sólo por la edad y los rasgos biológicos, también depende de la actitud, temperamento y las responsabilidades asumidas en esa etapa de la vida. Por lo tanto, la definición de joven o juventud es una construcción sociocultural que depende de las características de cada zona o región. De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) a jóvenes del altiplano paceño, se ha identificado como principal problema el desconocimiento que éstos tienen de sus derechos y deberes, lo que impide exigir su cumplimiento.

Asimismo, las y los jóvenes han reconocido que se sienten discriminados y excluidos del desarrollo de sus comunidades y municipios porque no son tomados en cuenta por las autoridades de sus gobiernos municipales ni por las de organizaciones indígena originario campesinas (IOC); incluso, según los propios jóvenes, algunos adultos dudan de la  capacidad y conocimientos de la juventud.

Problemas y objetivos

Entre los problemas identificados a través del sondeo está el consumo de bebidas alcohólicas, que sumado a la falta de información en educación sexual y reproductiva serían las principales causas de los embarazos no planificados a temprana edad.

Asimismo, se determinó que la falta de apoyo para implementar sus iniciativas productivas, la falta de espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre jóvenes y con adultos, junto al hecho de no ser reconocidos por sus organizaciones indígena originario campesinas como actores estratégicos con voz y voto, obstaculiza el desarrollo de las y los jóvenes en el área rural del departamento. Esta realidad ha impulsado a las y los jóvenes a plantear propuestas que, después de algunos años, se han concretado a través de la promulgación de la Ley Nº 342 de Juventudes, el 5 de febrero de 2013. El principal objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, creación de instancias de representación y deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas.

Esta Ley define juventud como la etapa final de la adolescencia y la condición adulta comprendida entre los 16 y 28 años de edad, además reconoce derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las y los jóvenes en el marco de la Constitución Política del Estado (cpe), Tratados y Convenios Internacionales.

De la misma forma, establece deberes para la juventud, entre ellos la realización de acción social y/o servicio social, por lo menos dos veces al  año, en beneficio de la sociedad civil (artículo 12).   Por otra parte, en respuesta a la demanda de promoción y difusión de derechos y deberes de las y los jóvenes, la Ley faculta a las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias el establecimiento de políticas y programas de formación y promoción de liderazgos (artículo 27) y políticas de promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para las y los jóvenes pertenecientes a estas colectividades (artículo 36).

Accesos y liderazgos

De igual manera, en la Ley se establece la creación de centros comunitarios de tecnologías de información y comunicación (tic) para el acceso y uso de las y los jóvenes de manera prioritaria, así como el acceso a internet de forma gratuita. Para que esto se haga realidad, es necesario destinar suficientes recursos económicos para el funcionamiento y mantenimiento del servicio de internet y de los centros comunitarios, además de considerar personal especializado para su manejo y operación.

La Ley también faculta a los gobiernos municipales para que establezcan políticas y programas de formación y promoción de liderazgos de las y los jóvenes, con capacidad reflexiva, propositiva y visión política.

Además, se reconoce la participación política de las y los jóvenes en la organización y estructura de las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, académicas, barriales y otras y su participación en procesos eleccionarios a través de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos.

Entre las competencias de las entidades territoriales autónomas también se establece el diseño de estrategias de inserción laboral a través de proyectos de capacitación y pasantías, políticas de protección y promoción al acceso a la tierra para las y los jóvenes, políticas en crédito accesible a jóvenes, en salud y educación para la sexualidad, políticas para lograr el sano esparcimiento de los jóvenes, entre otras.

Es economista en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) Altiplano.

Tomado de: cipca.org.bo

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