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Sobre la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 27 de junio de 2014

No pretendemos, desde luego, por limitaciones de espacio, hacer un análisis del texto en general de la recientemente promulgada (23 de mayo pasado) Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. Nos referiremos solamente a algunos de los que entendemos vienen a ser detalles fundamentales de aquella.

Si nos atenemos al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, se entiende por PATRIMONIO, los “bienes propios adquiridos por cualquier título”, y añade: “Sólo las personas pueden tener patrimonio, pero se reconoce a los individuos y a las personas abstractas”.

Además se define como “Patrimonio Artístico”, al “conjunto de obras de arte y de monumentos históricos y literarios que contiene una nación y son objeto de protección legal por parte del Estado…”.

En nuestro país, el problema en esta temática comienza precisamente con detalles de tipo conceptual que se inician en los textos constitucionales.

En efecto, el artículo 99 de la CPE dice: “EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PUEBLO BOLIVIANO, es inalienable, inembargable e imprescriptible…”

A propósito del término PUEBLO, utilizado casi para todo en los últimos años, en Bolivia el diccionario ya citado nos dice que el pueblo es prácticamente un equivalente del término POBLACIÓN O CONJUNTO DE PERSONAS. De esta forma y no de otra, añadimos de nuestra parte, aquella acepción es utilizada como uno de los componentes del término ESTADO (territorio, población y gobierno), pero nada más.

Por lo tanto, en sentido estrictamente jurídico, el PUEBLO no puede ser PROPIETARIO DE NADA. Además es bueno destacar que el pueblo (un término tan vago) pudiera de alguna manera ejercer ese derecho.

El artículo 11 de la misma CPE dice que “La República de Bolivia adopta para su Gobierno, la forma democrática PARTICIPATIVA, REPRESENTATIVA Y COMUNITARIA...". Se supone por lo tanto, que no existe una forma directa (?) para ejercer ninguna acción específica de Gobierno. Este detalle básico vale igualmente en lo relativo al PATRIMONIO CULTURAL que además, como lo haremos notar después, tampoco es solamente del Estado.

Como lo dice al inciso II del mismo artículo 99 de la CPE, el Estado tiene sobre todo la función de GARANTE DE PATRIMONIO CULTURAL, correspondiéndole en tal calidad, las funciones de “registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión” de aquél.

Es bueno hacer esta distinción porque tales funciones no impiden que una buena parte del patrimonio cultural de Bolivia, sea PROPIEDAD del Estado. Éste y otros detalles en torno al mismo tema general, lamentablemente no han sido abordados en forma clara y concreta por el texto de la citada Ley.

El artículo 4 de la Ley define el Patrimonio Cultural Boliviano, como el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura (¿?) representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural (¿?) del Estado Plurinacional…”

La ley utiliza el término CUSTODIA, que en el Diccionario Jurídico ya citado es el equivalente “Cuidado, guarda o vigilancia”. La ley dice que custodia es el “deber” de resguardar la posesión compartida o individual del Patrimonio Cultural del pueblo boliviano, para su protección. No dice de quién es ese DEBER.

El término “custodia” es inexistente en la normativa del Derecho Civil nuestro y posesión, según el artículo 87 del Código Civil es “el poder de hecho ejercido sobre una cosa, mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.

No hay equivalencia entre tales concepciones jurídicas de la ley y la normativa del país en cuanto a patrimonio se refiere, que ya hemos dicho que consiste fundamentalmente en un conjunto de BIENES sobre los que ALGUIEN, ALGUNA PERSONA INVIDIUAL O COLECTIVA ejerce un DERECHO PROPIETARIO.

En el capítulo de Definiciones, la Ley dice que el “Patrimonio cultural es de PROPIEDAD COLECTIVA DEL PUEBLO BOLIVIANO y por tanto de interés público representado por el Estado en sus diferentes niveles”.

Otra vez el PUEBLO como propietario y persona colectiva, nuevo error aunque hay que advertir que en buena parte esta definición es coincidente con la que vimos en el texto constitucional. El término INTERÉS PÚBLICO nos mete en otra temática, porque en definitiva, ese detalles no está relacionado con PATRIMONIO.

El Título II de la ley entra al tema de la Clasificación del Patrimonio Cultural y lo hace mal.

El artículo 5 define lo que es ese patrimonio en un larguísimo texto de doce líneas, muy poco preciso y demasiado ampuloso y confuso.

Pero nos interesaría referirnos sobre todo al texto del artículo 11 sobre la propiedad y custodia del patrimonio cultural (bienes materiales, muebles e inmuebles).

La Ley no aclara que los propietarios podrán ser el Estado (persona colectiva pública) y las otras personas colectivas enumeradas en el artículo 52 del Código Civil y también las personas privadas individuales.

La Ley ha sido aquí absolutamente imprecisa. Peor aún, en varios casos confundió propiedad con custodia. En el inciso I, vuelve a la carga al afirmar que la “naturaleza y características” de los bienes culturales “siempre corresponden al pueblo boliviano”.

¿Cuáles son aquella naturaleza y características? Otra incógnita. Por lo tanto, es necesario que esta ley sea objeto de un nuevo análisis, más serio y más actualizado.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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