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Ley de Tratados

…en el pasado muchos acuerdos con organismos estatales o corporativos tuvieron visos de irregularidades en cuanto a maneras corruptas y mediante comercio de conciencias, lo que ponía en menoscabo y perjuicio al Estado. De igual modo, las presiones económicas imponían pactos que perjudicaban más que ayudar…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 20 de septiembre de 2013

Desde el miércoles de esta semana Bolivia cuenta con una Ley de Celebración de Tratados Internacionales, dispositivo jurídico que no tiene similares en la región y que podría convertirse en modelo para que otros países desarrollen una normativa en este sentido. Según explicaciones durante el acto de promulgación, el objetivo central de esta legislación es que los instrumentos internacionales que firme el país se encuentren enmarcados en lo que establece la Constitución Política del Estado (cpe).

Por otra parte, se trata de una medida que “promueve una nueva forma de relacionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia con la comunidad internacional”, señaló el canciller David Choquehuanca y agregó que el documento fue desarrollado debido a que el artículo 258 de la cpe establece que “los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley”.

Una de las posibilidades que tiene esta ley y que deben ser destacadas es la de denunciar y renegociar tratados, entre  los que se cuenta el Paz y Amistad firmado con Chile en octubre de 1904, por el que ese país tiene bajo su jurisdicción el territorio marítimo del Litoral. Según el senador oficialista René Martínez, la Ley de Celebración de Tratados Internacionales es una “norma genérica procedimental de ruta”, pero que la decisión y fecha para actuar sobre el Tratado de 1904 deben ser definidas por la Cancillería boliviana, como en otros casos.

Esto también tiene que ver con la disposición transitoria novena de la ley fundamental, que establece que “los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

En este sentido, la aplicación de la nueva medida podrá ser muy útil en el proceso de reivindicación marítima que ha iniciado el Estado ante tribunales internacionales y, de la misma forma, garantizará que los futuros convenios y tratados con otras naciones, gobiernos o instituciones no vulneren las disposiciones constitucionales y, por ende, los intereses nacionales.

Para ello, es válido recalcar que en el pasado muchos acuerdos con organismos estatales o corporativos tuvieron visos de irregularidades en cuanto a maneras corruptas y mediante comercio de conciencias, lo que ponía en menoscabo y perjuicio al Estado. De igual modo, las presiones económicas imponían pactos que perjudicaban más que ayudar y que terminaban en los bolsillos de terceros, como ocurrió con los préstamos desde la dictadura de Hugo Banzer y quién sabe hasta cuándo en las administraciones de gobierno.     

En este sentido, de aquí en adelante será una especie de máxima nacional lo dicho por el ministro Choquehuanca (para que el país fiscalice a quienes lo representen en la firma de documentos internacionales), que esta norma busca que los tratados internacionales garanticen las relaciones de igualdad, de respeto, de independencia, de no intervención en asuntos internos y de solución pacífica de conflictos, además del rechazo a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo.

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