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Ley de Trato Preferencial

…gozarían de descuentos hasta el 50 por ciento en tarifas de servicios básicos y transporte. Pero, junto a lo anterior, la normativa debe insistir en su resultado y aplicación de manera ligada a otras leyes que benefician a los también grupos vulnerables de adultos mayores, mujeres y menores de edad en general, porque las condiciones de vida en cada unos de ellos tienen grandes deficiencias.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 13 de diciembre de 2011

El debate del Proyecto de Ley de Trato Preferencial a Personas con Discapacidad se encuentra presto a iniciarse en la Cámara de Diputados, después de que ya superó algunas atapas de discusión en una Comisión Integrada compuesta por las comisiones de Derechos Humanos y de Política Social de esta instancia legislativa. El trabajo se dilata todavía para llegar al pleno camaral por la falta de un informe sobre el tema de parte del Órgano Ejecutivo, sin embargo cuando sea concluido será uno de los más importantes de este periodo en el aspecto social y de derechos humanos, debido a que éste es uno de los sectores que sufre mayores tipos de exclusión en varios aspectos.

Entre los principales puntos que incluye el proyecto de ley se destaca que las personas con discapacidad tendrán la prerrogativa de obtener beneficios como el 10 por ciento de inclusión en los cargos de instituciones públicas y privadas; por otra parte, su acceso a la jubilación sería a los 45 años; además de contar con un bono de unos 3.000 bolivianos en casos de discapacidad severa; finalmente, gozarían de descuentos hasta el 50 por ciento en tarifas de servicios básicos y transporte. Pero, junto a lo anterior, la normativa debe insistir en su resultado y aplicación de manera ligada a otras leyes que benefician a los también grupos vulnerables de adultos mayores, mujeres y menores de edad en general, porque las condiciones de vida en cada unos de ellos tienen grandes deficiencias.

Más allá del interés político que pueda representar el logro de pagos en efectivo, el grupo de personas con capacidades diferentes debe enfrentar al igual que las poblaciones citadas una serie de dificultades de diversa índole, por lo tanto, la norma que vaya a probarse tendrá que ampliar su alcance hasta garantizar los derechos fundamentales con sanciones efectivas. Lo que tienen en común estas colectividades etáreas y sociales es que sufren la violencia de las ciudades bolivianas, las cuales se han convertido en centros de intimidación para ellos y ellas.

Por ejemplo, en esta realidad las personas mayores, menores y con discapacidad sobrellevan la prepotencia de transportistas, quienes de manera impune no los reciben en sus vehículos, lo que hace prever que un descuento planteado por el proyecto de ley y que no sea controlado eficazmente en estos servicios públicos no tendrá resultados. Por otra parte, en las amenazantes ciudades la desconsideración de los conductores es notoria por la falta de respeto de las señales de tránsito, el ruido molesto que provocan y las condiciones en las que tienen y conducen sus motorizados.

Por otra parte, el estado de la infraestructura es otro de los síntomas de las ciudades violentas, pues, entre otros espacios urbanos, no existen aceras transitables, la mayoría de ellas están ocupadas, son muy angostas o están destruidas. En consecuencia, nuestras instituciones no tienen la capacidad de ofrecer mejores condiciones de vida a estos grupos y si la ley de trato preferencial solo atina a convertirse en un mecanismo asistencial en el plano económico como presunto avance social, las dificultades no serán superadas, dejando de lado la verdadera necesidad de atención, cuidado, seguridad y consideración que merecen estas poblaciones vulnerables y utilizadas de manera discursiva.

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