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Ley contra avasallamientos

…las personas involucradas en el delito de “avasallamiento de tierras” tendrían que ser juzgadas de manera inmediata o sumaria, mientras que el artículo 351 del Código Penal, que señala el “despojo” como delito, debe ser reformado para que la pena suba de dos años a ocho.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 09 de octubre de 2012

Según registros de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), en los últimos ocho años la toma de minas y de zonas de potenciales recursos mineralógicos ha superado las 200 acciones, las cuales son o fueron protagonizadas por comunarios y por cooperativistas mineros, en la gran mayoría. Esta situación ha logrado este “auge” debido principalmente al factor de los altos precios de los minerales a nivel internacional, de esta forma los grupos tratan de alcanzar el control de los yacimientos y minas que se encuentran operando o regiones que ya tienen estudios avanzados sobre su potencialidad, así se amplía el universo de operaciones en el subsuelo a nivel artesanal, lo cual linda con lo rudimentario.

Esta forma de trabajo, además de ser muy sacrificada y dañina para la salud de quienes lo practican, es perjudicial para el medio ambiente y la economía. Los hechos son varios, los mineros artesanales o improvisados no utilizan herramientas ni accesorios adecuados para su protección ni del entorno, además, comercializan los productos fuera de las normas y de controles regulatorios, lo que provoca fuga de materias primas y la ausencia de pago de impuestos y regalías, por lo menos en una importante proporción.

Igualmente, si el tema se hace más englobador, la toma de minas que se encuentran en funcionamiento provoca problemas de diverso alcance, pues, en ocasiones se trató de empresas mineras, nacionales y extranjeras, que habían tenido bajo su poder consignaciones adjudicadas en diversos momentos, esto llevó a situaciones de enfrentamiento entre los protagonistas de la ocupación y los trabajadores del proyecto o entre bandos de comunarios que estaban en contra de la toma o quienes estaban a favor.

Si bien las modalidades de las tomas pueden ser diversas, también se encuentran los argumentos de que los proyectos mineros son perjudiciales y que el extractivismo no ha mejorado las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la realidad es que aún la minería está entre las primeras labores para la subsistencia del Estado, pero que hasta ahora no tiene las reglas claras para su funcionamiento debido a la ausencia de un Código Minero actualizado y otras normas conexas que la regulen. Estos aspectos seguramente han motivado la elaboración de un proyecto de ley que pretende ampliar las sanciones para los avasalladores de minas, lo cual incluiría a quienes actúan de forma similar en tierras urbanas y rurales con el objetivo de lotear parcelas bajo el nombre de Movimiento Sin Techo. En realidad, la propuesta busca la reforma al Código Penal aclarando la tipificación de estos delitos, para que se incremente la pena. En la justificación del documento, elaborado por la asambleísta Betty Tejada, se explica que la ley garantizaría el respeto a la propiedad privada, municipal y estatal según se encuentra establecido en la Constitución de 2009.

La propuesta señala que las personas involucradas en el delito de “avasallamiento de tierras” tendrían que ser juzgadas de manera inmediata o sumaria, mientras que el artículo 351 del Código Penal, que señala el “despojo” como delito, debe ser reformado para que la pena suba de dos años a ocho. El proyecto señala que la justicia actuará de inmediato contra las tomas cuando la persona o institución acredité su título ejecutorial o su trámite de posesión legal, pero también será pertinente que se compruebe la función social de las tierras y la administración adecuada de las minas.

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