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¿La Ley Nº 247 no cumplió las expectativas?

Uno de los parámetros para medir el desarrollo de un país, junto con los servicios básicos, la educación y la salud, es el acceso a una vivienda digna. Las políticas de los Estados difieren desde construir edificios multifamiliares, cuyos departamentos sean entregados en comodato a las familias que no tienen la posibilidad de tener una vivienda propia, hasta otorgar terrenos de manera gratuita.

La Ley y su Decreto Reglamentario forman parte de la actual política de acceso a una vivienda propia.

La Ley y su Decreto Reglamentario forman parte de la actual política de acceso a una vivienda propia. Foto: ABI

Favio Chacolla Huanca

00:00 / 01 de noviembre de 2015

En los años 50, Bolivia activó políticas de acceso a la vivienda propia, existiendo diferencias cualitativas en cuanto al área rural y al área urbana. El acceso a la vivienda propia en lo rural está estrechamente relacionado con el acceso a la tierra, de ahí que desde el Decreto Ley Nº 3464 del 2 de agosto de 1953 se activó los procesos de afectación, dotación y adjudicación en el área rural, unido a ello lo referente al solar campesino y la pequeña propiedad, que son espacios destinados fundamentalmente a la vivienda.

En lo urbano, las políticas de acceso a una vivienda pasaron por emitir una Ley del Inquilinato protectora de los ocupantes en relación a los propietarios, misma que en los años 70 fue incorporada al Código Civil. En lo referente a una vivienda propia se destacan proyectos como Conavi (Consejo Nacional de Vivienda), Fonvis (Fondo Nacional de Vivienda Social), etc. Sin embargo, estas políticas de acceso a vivienda propia en los espacios urbanos tenían una visión obrerista, es decir que solo las personas asalariadas podían ser parte de estos programas.

Las personas no asalariadas o de economía informal se triplicaron desde mediados de los años 80 en relación al sector asalariado; en la actualidad, dos terceras partes de la población económicamente activa (pea) son no asalariados y solo un tercio es asalariado; consiguientemente, la visión de estas políticas de acceso a una vivienda propia debe ajustarse a lo real.

La Constitución Política del Estado (cpe) ha previsto que el acceso a una vivienda propia y digna es un derecho humano, es un derecho fundamental, lo cual es un gran desarrollo en comparación a lo que antes ocurría, y este gobierno, desde 2006, ha activado varios mecanismos de implementación y promoción de este derecho humano, como ser Vivienda Social, que se caracteriza porque el Gobierno otorga viviendas construidas por él mismo en varias ciudades de Bolivia.

En el área rural se activó una contraparte, el interesado debía otorgar un terreno y mano de obra, a su vez, el Estado le financiaba el costo del material de construcción. Recientemente se activó el crédito para una vivienda social sin necesidad de contraparte, es decir que el interesado puede adquirir una vivienda con financiamiento bancario sin necesidad de dar una contraparte, lo que antes no ocurría.

Como se podrá advertir de manera simultánea se activa varias políticas que permiten que cada día una mayor cantidad de habitantes de este territorio pueda tener una vivienda propia. La promulgación de la Ley Nº 247, el 5 de junio de 2012, y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 1314, de 2 de agosto de 2012, forman parte de la política de acceso a una vivienda propia que este gobierno implementa hace varios años.

Características particulares de la Ley Nº 247

La Ley Nº 247, en términos de contenido normativo, es mixta, contiene disposiciones de orden sustantivo, es decir que, a través de varios de sus artículos (por ejemplo, el 15 y 16) establece derechos subjetivos que deben ser ejercidos por las personas individuales y particulares. También contiene disposiciones de orden procesal, tanto a nivel administrativo (por ejemplo, artículos 6 y 7), como a nivel judicial (por ejemplo, artículos 8, 9 y 10).

Consiguientemente, es una norma jurídica cuyo alcance legal se podría sistematizar en estas áreas:

a) Desde el punto de vista sustantivo contiene definiciones, derechos y obligaciones que deben ser esencialmente ejercidos por los gobiernos municipales autónomos, quienes deben delimitar sus áreas urbanas; por Derechos Reales, que debe acomodar sus procedimientos de rectificación de registro a lo previsto en esta Ley, en casos particulares, y por los interesados.

b) Desde el punto de vista adjetivo, esta ley contiene procedimientos a nivel administrativo, aplicables ante los gobiernos autónomos municipales, ministerios, Derechos Reales (ddrr), etc. Pero también contiene procedimientos judiciales que deben ser asumidos por los jueces de Instrucción en materia civil a tiempo de activar un proceso judicial de Regularización de Derecho Propietario (consiguientemente, la manera en la que fue estructurada la Ley Nº 247 y su Reglamento no es del todo clara en cuanto hace a su redacción, habiendo –en nuestro criterio– mezclado disposiciones administrativas con judiciales de manera innecesaria).

El término “regularización” tiene triple significado en la Ley

De una lectura precisa y sistemática del artículo 2 en relación al artículo 5 inc. o) de la Ley Nº 247 se concluye que “regularización” implica tres situaciones:

a) Regularización Técnica. En varias ciudades de Bolivia, existen personas que si bien tienen un título de propiedad y están en posesión de un determinado bien inmueble, existen errores en sus datos técnicos, por ejemplo, su título no tiene el dato de la superficie o no existe relación entre la superficie del terreno y del título, etc. Antes, este tipo de errores técnicos se los debía resolver vía procesos judiciales, hoy es más sencillo con procesos administrativos, tramitados ante los go- biernos autónomos municipales y/o ddrr, todo amparado en la Ley Nº 247.

b) Regularización Judicial. Podría tener origen en dos situaciones según lo previsto por el artículo 2 de esta Ley:

1. Cuando el poseedor tiene título. Por ejemplo, existen casos en que el beneficiario tiene título, pero éste no está registrado en ddrr.

2. Cuando el poseedor no tiene título. Esto implica que la persona logrará adquirir el derecho propietario a través de un proceso de regularización, toda vez que, si bien es poseedora de buena fe por más de 5 años, no tiene ningún documento que acredite su tradición.

Similitudes y diferencias entre usucapión y regularización de derecho propietario

Dentro las similitudes entre estos dos institutos jurídicos podemos destacar:

Primero. Ambos tienen la misma finalidad, lograr que se adquiera un derecho de propiedad sobre un determinado bien inmueble (1), esto implica que a las formas de adquirir un derecho propietario previsto en el artículo 110 del Código Civil (cc) se aumentó el de “regularización de derecho propietario”.

Segundo. La usucapión y la regularización de derecho propietario proceden únicamente si el predio objeto de la Litis está ubicado en un área urbana, situación que deberá estar debidamente certificada por el gobierno autónomo municipal, con la aclaración que si el predio está ubicado en terrenos fiscales no procede la usucapión ni la regularización de derecho propietario; sin embargo, la Ley Nº 247 permite que el municipio transfiera a título lucroso el predio a la referida persona, previo cumplimiento de formalidades (artículos 15 y 16).

Tercero. En ambos casos se exige que el actor deba estar en pacífica posesión, pública y continúa, situación que deberá ser probada en el transcurso del proceso judicial.

Las diferencias entre la usucapión y la regularización de derecho propietario son:

Primera. Dentro de la usucapión el legislador ha previsto dos tipos de posesión para su procedencia, la quinquenal (artículo 134 del cc), que se activa cuando tiene el actor un título idóneo, y la decenal (artículo 138 del cc), cuando no tiene título idóneo y simplemente es poseedor.

Dentro del proceso de regularización de derecho propietario la ley solo reconoce una clase de posesión, la de cinco años, no discriminando la Ley Nº 247 si el poseedor tiene o no título idóneo.

Segunda. Dentro de la usucapión el actor puede tener antes de la referida acción otro inmueble de su propiedad, por ejemplo, puede tener dos en El Alto y uno en Oruro, todos inscritos en ddrr, no obstante, está legitimado para activar el proceso de usucapión en relación a un cuarto bien inmueble.

En el proceso de regularización, el actor debe demostrar que no tiene ningún inmueble inscrito a su nombre, lo que garantiza que este proceso de regularización realmente es un medio de acceso a una vivienda digna.

Este es un argumento esencial para comprender la magnitud social de la Ley Nº 247, al exigir al actor que pretende iniciar un proceso de regularización de derecho propietario que demuestre, a través de un certificado de no propiedad, que no tiene inscrito en su nombre ningún inmueble, se logra:

1. Demostrar que realmente el bien inmueble que pretende adquirir vía este proceso es de carácter social, es decir que es una persona que no tiene una vivienda propia y

2. No se le está dando la oportunidad de ser un terrateniente urbano, es decir, de acumular varios inmuebles, lo que sí se podría vía usucapión. Tercera. Por la naturaleza adquisitiva de la usucapión, se estableció que todo proceso de este tipo debe tramitarse ante un juez de partido vía proceso ordinario.

La ley Nº 247 ha establecido (artículo 13) que los procesos de regularización deben tramitarse ante un juez de Instrucción –mientras no se implementen los jueces públicos–, aplicando las reglas para el proceso sumario, el cual es mucho más breve que el proceso ordinario.

Cuarta. En el proceso de usucapión, al ser de conocimiento, se permite apelar e incluso interponer recurso de casación.

En el proceso de regularización solo se activa el proceso de apelación, no es viable el de casación (artículo 13.III).

En mérito a estas dos últimas características se acredita que la Ley Nº 247 ha introducido al Derecho procesal civil un procedimiento mucho más rápido, más acelerado que el de usucapión que es ordinario, a través del cual se pueda adquirir el derecho de propiedad sobre un bien inmueble ubicado en el área urbana.

Quinta. No obstante lo explicado, cuando una persona pretende iniciar un proceso de usucapión ante un juez de Partido debe adjuntar prueba idónea que acredite que realmente es poseedor quinquenal o decenal, ello implica que esta el actor en plena libertad de asumir cualquier tipo de medios probatorios para ello.

En cambio, según los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 247 el legislador ha previsto que, previo a que el actor active el proceso de regularización de derecho propietario, debe acumular gran cantidad de documentos emitidos por ddrr o por los gobiernos municipales para recién iniciar el proceso judicial.

En la práctica, este excesivo formalismo ha evitado que se agilicen estos nuevos procesos, logrando de esta manera desnaturalizar a esta Ley. Por ello, se sugiere modificar estos dos artículos y todos los demás que sean pertinentes, de manera que simplemente el actor deba acreditar:

a) Que no tiene otro inmueble inscrito a su nombre.

b) Que es poseedor del referido predio por más de cinco años, lo cual podrá hacerlo a través de cualquier medio probatorio idóneo.

c) Que adjunte la certificación de inafectabilidad del gobierno municipal.

Con estos tres documentos esenciales, consideramos que se agilizaría la procedencia de este nuevo proceso de regularización de derecho propietario.

Nota

1. Se debe tener presente que el término Regularización, desde su alcance judicial, tiene un doble alcance, si el poseedor tiene título, pero este no está inscrito, vía este nuevo proceso de Regularización, logrará inscribirlo. Si el poseedor no tiene título, pero es poseedor de más de 5 años del referido predio, igualmente podrá lograr a través de este proceso de Regularización adquirir dicho derecho propietario.

Es licenciado en Derecho, ciencias políticas y sociales; máster en sociología; diplomado en Derecho Constitucional y en educación superior.

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