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Una Ley difícil de hacer cumplir

Los servidores públicos deben cumplir con esta norma, y como el propio presidente Evo Morales advirtiera, a partir del 6 de agosto se despedirá a los funcionarios que no sepan hablar una lengua nativa.

Editorial

00:00 / 31 de julio de 2015

La Ley General de Derechos Políticos y Lingüísticos, va mucho más allá de preservar la identidad cultural-lingüística de un Estado como el nuestro. Es necesario discutir sobre si esta norma es aplicable, dada las características de la población y las aparentes contradicciones con otras normas.

Este domingo 2 de agosto se vence el plazo. Los servidores públicos deben cumplir con esta norma, y como el propio presidente Evo Morales, en un acto realizado en el municipio de Puna (Potosí) el domingo pasado advirtiera, a partir del 6 de agosto se despedirá a los funcionarios que no sepan hablar una lengua nativa.

Lo que se avanzó para hacer que esta Ley se cumpla –en el caso de los trabajadores de entidades públicas–, es desalentador.

De acuerdo con datos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), apenas 20.000 funcionarios públicos fueron capacitados en la lengua nativa de su región.

Las cifras aún son más preocupantes, debido a que hasta el 2012, el número servidores y servidoras públicos pasó de 75.290 a 125.281.

Entonces, nos preguntamos, ¿Se avecina una masacre blanca?, aunque varias autoridades tratan de minimizar el hecho, o encontrar posibles interpretaciones a esta Ley, lo cierto es que está muy clara, en el Capítulo Sexto referido a uso de los idiomas en la administración pública y entidades privadas de servicio público, dice: “Toda persona, tiene derecho a recibir atención en su idioma, en toda gestión que realice, en cualquier repartición de la administración pública y entidades privadas de servicio público, de acuerdo al principio de territorialidad”.

Pero, ¿Cómo se podrá hacer cumplir esta norma si los datos de servidores públicos capacitados no llega ni a la mitad?, en el mismo Capítulo dice: “El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá los mecanismos institucionales, administrativos y financieros para la aplicación de la presente Ley”.

En esta parte se puede ver algo de trabajo por parte del Estado, pero la respuesta a estas iniciativas son insatisfactorias.

Ahora, si el Presidente hace cumplir la Ley, mediante su advertencia, no faltará quienes se sientan vulnerados en sus derechos, ya que la Constitución Política del Estado en su art. 14. II, establece lo siguiente: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

Aquí estamos ante una Ley que no se puede cumplir del todo, quizá la intención fue loable, pero lo cierto es que al igual que otras normativas que pretenden proteger a los ciudadanos y nuestro patrimonio cultural, no existen las condiciones materiales, humanas, y en ocasiones, ni la voluntad, para hacerlas cumplir.

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