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Ley para ediles

Los gobiernos municipales deben presentar alternativas para este desacuerdo, pues es claro que deberán efectuar más gastos para cumplir esta ley, no obstante, un estudio de posibilidades y regulaciones podrá hacer, por ejemplo, que el pago de horas extra no tenga que ver con las funciones necesarias…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 23 de noviembre de 2012

A principios de semana la Cámara de Diputados aprobó en sus fases “en grande” y “en detalle” el proyecto de Ley 585, que desde su promulgación establecerá que los trabajadores asalariados de los gobiernos municipales de las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto sean incluidos en la Ley General del Trabajo (lgt).

De aprobarse la propuesta en la instancia de Senadores, la norma otorgará varios beneficios laborales con los que hoy día no cuentan los trabajadores municipales, entre ellos el pago de horas extraordinarias, desahucio, indemnización y vacaciones pagadas.

El documento fue presentado a la Asamblea Legislativa por el Órgano Ejecutivo en julio para promover los derechos de los trabajadores de bajo rango, pues era una demanda que formaba parte del pliego de la Central Obrera Boliviana (cob) de 2011 y que fue ratificada en esta gestión. Al incorporarlos en la lgt, la medida podrá beneficiar a miles de trabajadores municipales permanentes del país, quienes cumplen funciones en áreas de servicios manuales y técnico operativo administrativos, pero excluye a los servidores públicos ediles que han asumido cargos mediante elecciones, los que lo hacen con el libre nombramiento y los que ocupan puestos de dirección, jefatura, secretaría, asesores y profesionales.

Otra de las exclusiones corresponde a los trabajadores de municipios con menos de 250.000 habitantes, instituciones que deberán incluir paulatinamente en la norma a sus funcionarios cuando alcancen esa cantidad de población. Sin embargo, hasta el momento se han conocido varias oposiciones, pues se considera que esto aumentará de manera superlativa los gastos en las administraciones municipales, a tal punto que el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia y alcalde de Tarija, Oscar Montes, señaló que los gobiernos municipales entrarían en quiebra. Esta oposición fue iniciada en mayo, cuando dos resoluciones de la Federación de Asociaciones Municipales (fam) rechazaron la inclusión de los servidores públicos de las alcaldías a la lgt y, para insistir en su rechazo, el 27 de noviembre se reunirán de emergencia en La Paz los miembros de amb.

En todo caso, el problema se hace muy complicado al entender a las partes en conflicto, pues varios representantes municipales y políticos han esgrimido argumentos en los que señalan que la norma debe incluir a todos los servidores públicos del aparato central y de las gobernaciones, lo cual tiene sentido si en estas otras instituciones se aplica la exclusión de funcionarios electos, de libre nombramiento y que están a cargo de direcciones, jefaturas, secretarías, asesorías, etc. y se da seguridad laboral a empleados de otros niveles.

Por otra parte, es muy importante que los trabajadores municipales cuenten con los beneficios que señala la Constitución, de esta manera se cumplirá con los postulados sociales de toda institución. Asimismo, los gobiernos municipales deben presentar alternativas para este desacuerdo, pues es claro que deberán efectuar más gastos para cumplir esta ley, no obstante, un estudio de posibilidades y regulaciones podrá hacer, por ejemplo, que el pago de horas extra no tenga que ver con las funciones necesarias de atención de desastres, emergencias o alertas nocturnas que tienen los municipios, por otra parte, otros, como Cobija y Trinidad, que no llegan a 250.000 habitantes, podrán tener tratamiento diferenciado.

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