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Ley para mayores

Los problemas que enfrentan con mayor frecuencia estas personas son los abusos en los servicios, en especial de transporte público, debido a las por demás conocidas actitudes de estos operadores; en los de salud, con características similares de desconsideración de los funcionarios del área…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 03 de mayo de 2013

Además de las facetas pendientes que tiene el país en el tema laboral y los anuncios relacionados con el Día del Trabajo para la población económicamente activa, este 1 de mayo el Presidente del Estado promulgó una norma importante, la cual posiblemente tendrá mayores impedimentos y problemas al momento de ser aplicada debido a sus características y el sector poblacional que abarca. Se trata de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que tiene como objetivo fundamental mejorar el nivel y las condiciones de vida de este grupo etáreo.

En relación al carácter de la norma, se puede decir que, como en el caso de mujeres, niños, niñas y adolescentes, sus postulados básicos son los establecidos en las declaraciones mundiales de Derechos Humanos, los cuales fueron adoptados en cada caso por el Estado boliviano, y en los principios relativos que se encuentran en la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009; sin embargo, parece que en el país se requiere una mayor dispersión de la legislación y la especificidad en cada caso para que lo establecido constitucionalmente sea efectivo.

De todos modos, queda en expectativa que esta medida sea defendida por las personas adultas mayores, las instituciones señaladas para su cumplimiento y la propia población a través del control social, de este modo nos acercaremos al espíritu de la norma que señaló el primer mandatario, que es “un trato preferente en acceso a las personas mayores, seguridad social integral, acceso a la educación, asistencia jurídica, pero también participación y control social”, lo cual hace eco al informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, emitido en la segunda quincena de abril cuando el proyecto era tratado en la Asamblea Legislativa, que señalaba que “recupera las demandas y conquistas de este importante sector de la población, desarrolla mecanismos de protección de derechos fundamentales, considerando que el 65 por ciento de adultos mayores se encuentra en situación de pobreza, lo que hace de ellos un sector vulnerable”.

En estos últimos puntos, es de urgente consideración que, precisamente, los problemas que enfrentan con mayor frecuencia estas personas son los abusos en los servicios, en especial de transporte público, debido a las por demás conocidas actitudes de estos operadores; en los de salud, con características similares de desconsideración de los funcionarios del área, y en la de seguridad para que transiten calles, visiten lugares y permanezcan en sitios que deben ser acogedores como parques y plazas.

Otros de los aspectos que prevé la norma, pero que también pueden ser lentos o complejos en su implementación son los relativos al “desarrollo integral”, que incluye acceso a la vivienda de interés social e incorporación al desarrollo productivo, esferas que tropiezan con las dificultades de créditos y espacios para ello, en las que deberán sentarse opciones viables. Del mismo modo, los temas de provisión de alimentación suficiente, práctica de actividades recreativas y la implementación de programas especiales de formación que deberán ser coordinados oportuna y ágilmente a través de entidades de atención social y de otras sin fines de lucro que deberían actuar al respecto. 

En resumen, en ésta se repite el problema de cualquier ley, la aplicación eficaz y cumplimiento serio del espíritu expuesto.

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