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La Ley y su problemática general

El 18 de septiembre de 2013 entró en vigencia la ley boliviana sobre celebración de los tratados, una norma que, seguramente atendiendo al hecho de que Bolivia no ha ratificado la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, intenta suplir las carencias bolivianas sobre la celebración de los tratados.

El Ejecutivo puede ordenar la aplicación excepcional de un tratado antes de su ratificación.

El Ejecutivo puede ordenar la aplicación excepcional de un tratado antes de su ratificación. Foto: es.wikipedia.org

Sergio R. Castro

00:00 / 04 de febrero de 2014

El mismo tiempo, busca regular algunas cuestiones accesorias como la relación de los tratados con la política exterior, ciertas cuestiones referidas a las competencias estatales para la ratificación de los mismos además de algunas cosas relacionadas a la validez de los tratados sin aclarar su alcance como Derecho interno o su enfoque internacional (bueno, es obvio que una ley no puede tener validez en el derecho internacional, pero la confusión no es mía sino está en la propia ley).

En el presente artículo exploraremos algunos de los problemas más relevantes de esta ley para poder, en futuras oportunidades, debatir sobre su interpretación o la definición de una posible reforma.

El primer elemento distintivo está en su bastante parecido con la convención de Viena del 69, es decir que pretende establecer algunas cuestiones referidas a la negociación, suscripción, ratificación y entrada en vigor, cuando en el fondo olvida que la naturaleza de dicha convención obliga a los estados a que la suscriban y la ley tiene efectos sólo para el Estado Boliviano.

Por tanto, muchos elementos sobre este proceso de celebración no tienen ningún asidero como ley nacional, porque no regula las relaciones interestados sino el actuar estatal boliviano en el proceso de celebración, seguramente por ello establece que en las cuestiones que el Estado boliviano no puede regular dichas relaciones ello será resuelto por el arbitrio del negociador o las autoridades ejecutivas y, en el fondo, es una norma que establece derechos facultativos al órgano ejecutivo boliviano, desnaturalizando la intención original de la propia ley.

Asimismo, existen referencias fútiles a la Constitución Política del Estado, especialmente las referidas a las facultades ejecutivas en referencia a los procesos de negociación, pero, al mismo tiempo, existe carencia imperdonable desde una perspectiva constitucional, la referencia a los tratados de derechos humanos, olvidando aclarar la pequeña ambigüedad del artículo 256 I. de la Constitución que establece:

“Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.

Es decir, atendiendo a la conjunción disyuntiva en el resaltado “o” podría dejar a entender que un tratado internacional cuando sea de derechos humanos puede ser válido tan solo con la firma de dicho instrumento y, al mismo tiempo, este poder ser aplicado preferentemente a la propia constitución.

En cambio, la ley declara lo mismo para algunos tratados referidos a competencias exclusivas del órgano ejecutivo, donde no se necesita ratificación sino una especie de confirmación de las máximas autoridades del órgano ejecutivo.

La consideración anterior nos empuja a la tercera observación que puede considerarse como inconstitucionalidad: se modifica el concepto de ratificación como facultad legislativa y se la divide en dos, la ratificación legislativa para algunos tratados y la de aceptación entendida como ratificación ejecutiva (del órgano ejecutivo) para los tratados referidos a sus competencias exclusivas, arrogándole al Ejecutivo competencias legislativas superiores a la emisión de decretos reglamentarios.

A esto se suma que este mismo órgano puede ordenar la aplicación excepcional de un tratado antes de su ratificación, no quisiera imaginarme un tratado sobre seguridad que sea negociado y ratificado por el mismo órgano, ello implicaría otorgarle facultades extraordinarias, hecho que implica en el fondo una disminución de la democracia.

Subsecuentemente, es necesario replantear el sentido de la ley boliviana sobre la celebración de tratados, intentando desembarazarse del sentido de la convención de Viena del 69 y asumiendo que se deberá regular en el fondo la jerarquía de los tratados y la validez de los tratados emergentes de las disposiciones constitucionales, regular elementos (como ya está dentro de la ley ahora) sobre las ratificaciones y devolverle al órgano legislativo las competencias sobre ratificación.

Cochabamba, Bolivia, 31 de enero de 2014

Es abogado, investigador y docente de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS, Cochabamba) y de la Universidad Salesiana.

Tomado de: Revista de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, año 4, Nº 75, 1 de febrero de 2014.

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