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“La Ley 348 promovió la impunidad”

Han pasado ocho meses desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, el 9 de marzo, y, en este tiempo, la norma ha promovido impunidad. Hasta septiembre, al menos en La Paz y El Alto, no había un solo caso con sentencia, debido a lo largo de los procesos penales.

No hay procesoscortos, mientras las mujeres están a expensas de los agresores.

No hay procesoscortos, mientras las mujeres están a expensas de los agresores. Foto: artelista.com

Helen Álvarez Virreira

00:00 / 10 de diciembre de 2013

Esa es la conclusión de las entrevistas a ocho mujeres en situación de violencia, dos abogadas especialistas, una fiscal y representantes del servicio legal Mujeres en busca de justicia, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (cpmga), Comunidad de Derechos Humanos, Capacitación y Derechos Ciudadanos (cdc), Fundación La Paz, Consejo de Madres del Concejo Municipal de El Alto, Junta de Vecinos de la zona Mercurio de El Alto, además de los ministerios de Justicia, Salud, Trabajo y Educación, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (gamlp) y de la Policía.

Los relatos son un recuento de los daños que la normativa ha ocasionado a la lucha contra la violencia machista. Una de las situaciones que enfrentan las agredidas, y que está en el contexto del sistema patriarcal, es que “tienen que demostrar” que son “buenas mujeres”.

La retardación de justicia, cobros ilegales, revictimización, corrupción, vacíos en la norma, deficiente infraestructura y falta de personal especializado y sensibilizado, como establece la norma, así como la presión social y familiar para impedir que los agresores vayan a la cárcel y la lógica de mantener unida a la familia a costa de que las mujeres soporten las agresiones, entre otros aspectos, han provocado que muchas mujeres ni siquiera denuncien, que desistan en el camino e, incluso, vuelvan con sus agresores.

Mujeres en busca de Justicia tenía medio centenar de casos resueltos hasta agosto de 2012, pero en el mismo período de 2013 atendió 25 denuncias y, de éstas, 10 mujeres habían desistido. El Cidem registraba un promedio de 45 denuncias por semestre, pero hasta agosto de 2013 sólo tenía 15. El cpmga no tuvo ni una denuncia hasta abril; entre mayo y agosto sumaron 15 –de éstas una fue abandonada– pero el año pasado, hasta agosto, tenía 28 casos con sentencia ejecutoriada. Similar es la situación en los centros integrados de justicia del Ministerio de Justicia, según indicó una funcionaria que pidió reserva.

Además están las mujeres que deciden no denunciar y que, en muchos casos, optan por resolver lo inmediato como pensiones para hijos e hijas, que el agresor salga de la casa o ellas dejar su vivienda y suelen iniciar el proceso de divorcio. Entonces, los violentos quedan impunes.

Ni celeridad ni gratuidad

Entre marzo y agosto, cada una de las ocho fiscales que procesan las denuncias por la Ley 348 en las ciudades de La Paz y El Alto acumuló 345 casos, es decir, 2.760 en cinco meses. La fiscal Frida Choque, por ejemplo, sólo había logrado hacer 20 imputaciones, menos del seis por ciento y sus colegas, según su cálculo, iban más o menos por la misma cantidad.

Choque explicó que, además de los 17 tipos de violencia de la ley 348, atienden casos de la Ley Integral Nº 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, también delitos de violencia sexual. Si un niño de cuatro años es violado en el colegio y, al mismo tiempo, se presenta una víctima de violencia familiar, “dígame usted ahora, qué voy a priorizar”, señaló.

Para la imputación, la ley establece un plazo de ocho días. Pero sólo la asignación del fiscal para que trabaje en la investigación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (felcv) demora entre cinco y 12 días, según la directora nacional de la felcv, coronela Rosa Lema Zannier.

Después de la imputación se inicia la investigación, cuyo plazo es de seis meses, aunque lo normal es que sea más, y pasará más tiempo para llegar al juicio oral donde se dicte sentencia. Las abogadas entrevistadas coinciden en que no hay un proceso penal que dure menos de dos años, tiempo en que las mujeres quedan a expensas de los agresores.

Así, las organizaciones y las mujeres consultadas afirman que, a pesar de que la ley establece gratuidad, hay cobros irregulares institucionalizados. Notificaciones, transporte y refrigerios para los investigadores, gasolina, tarjetas para teléfonos, fotocopias, película para fotos y revelado, entre otras exigencias, tienen que ser cubiertas por las denunciantes.

La justicia es “macho”

Las entrevistadas coinciden en que los problemas se deben a que los delitos de violencia contra las mujeres ahora se tratan en el sistema penal, que tiene falencias. Por ejemplo, permite la “chicanería” que alarga los juicios.

La abogada Marisol Quiroga, quien participó en la primera etapa de elaboración del proyecto de ley, explicó que un gran error fue pensar que todas las mujeres estarían dispuestas a enfrentar al sistema penal y eso las ha dejado “en mayores niveles de vulnerabilidad”. La decisión de penalizar la violencia en todas sus formas fue asumida por la Asamblea Legislativa y esto fue impulsado por las presidentas de las dos cámaras.

“Ha habido omisión de recordar que la justicia tiene sexo y que es macho”, sostiene la especialista en género y exfiscal María Soledad Álvarez. En su criterio, “la ley puede ser perfecta”, pero no va a funcionar si no hay voluntad política, dinero y condiciones.

Sobre condiciones, las de la felcv son críticas. Como fuerza tiene que atender unas 58.000 denuncias, pero dispone de unas 500 personas, frente a las 3.000 que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que ahora recibirá menos casos, afirmó Mónica Bayá, secretaria Técnica de la cdh.

La felcv tiene 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos, sostuvo Lema. A esto hay que sumar carencias de infraestructura y vehículos y la corrupción y machismo que pesan sobre la institución.

No habrá reglamento

La directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia, Inés Pérez, sostuvo que el problema es la falta de voluntad de los operadores.

Hay esfuerzos locales para que, por ejemplo, los servicios legales integrales municipales (Slim) respondan al mandato de la ley. Empero, sólo 158 de los 339 municipios tienen Slim y son recurrentes los reclamos sobre maltrato que se  recibe en estas instancias. El director de Defensorías del gamlp, Marcelo Claros, atribuyó esto al desgaste que implica la atención de casos.

Por otro lado, cada institución que tiene asignado un rol por la ley prepara su protocolo de atención. Pero, las organizaciones han demandado la reglamentación de la ley, porque ahora cada quien la interpreta a su criterio, esto dificulta más su aplicación.

Esto es crítico para aplicar la única conciliación permitida por la ley, que es decisión de cada mujer. Las abogadas consultadas coinciden en que casi todas las fiscales promueven la conciliación e incluso el “abuenamiento”. Una funcionaria del Ministerio de Justicia, quien denunció a su expareja por violencia, vivió esto de manera personal cuando se le sugirió que “arregle nomás”, porque “sólo tenía dos días de impedimento”.

En todo caso, el Ministerio de Justicia confía en que los protocolos resolverán varias dudas y también la Rectoría de los Derechos de las Mujeres que se creará como entidad pública desconcentrada.

Esfuerzos

Varias ong asumen por su cuenta la capacitación de fiscales y jueces, policías, forenses y médicos. La cooperación internacional apoya. El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) financió 937.000 dólares de la fase de arranque del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase), donde todo será registrado. También respaldan la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y onu Mujeres, entre otras.

Lo más urgente, coinciden las instituciones y organizaciones, es que el gobierno asigne presupuesto específico para que los operadores respondan a la ley, a eso se comprometió el vicepresidente Álvaro García. Según el costeo de la ley, el primer año de aplicación, 2013, se necesitaba 249 millones de bolivianos y 137,5 para 2014.

Las consultadas consideraron que el compromiso real en la lucha contra de violencia hacia las mujeres se verá en el presupuesto general del Estado Plurinacional 2014. Mientras tanto, las abogadas sólo pueden maximizar su voluntad, creatividad y su rabia para que las mujeres no se queden sin respuesta, aunque la violencia quede en la impunidad.

Es periodista, analista y activista.

Tomado de: redsemlac.net

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