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Ley para proteger a las víctimas, ¿también en Bolivia?

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 28 de enero de 2014

Recientemente se ha informado que el Gobierno mexicano ha dado el primer paso para poner en marcha la Ley General de Víctimas (que está vigente desde el 2 de diciembre de 2013 y que consta de 180 artículos); es que el presidente Enrique Peña Nieto ha instalado un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que se encargará de construir el primer registro nacional de víctimas del delito en la historia de México y atenderá, con asistencia jurídica y fondos económicos, a miles de mexicanos afectados por la violencia en los últimos años.

La Ley General de Víctimas fue publicada en México el 9 de enero de 2013 y entró en vigor un mes después sin que hubiera señales de que su mandato fuera a cumplirse, hasta ahora. En este propósito, Peña Nieto ha explicado que el Comité que administrará el Sistema –integrado por 17 miembros entre sociedad civil y funcionarios de los tres niveles de Gobierno– deberá tratar a las víctimas de manera respetuosa y sensible y que la dignidad del país está en la forma en la que se atiende a los afectados por el crimen.

“Hacer justicia no sólo implica que los culpables reciban el castigo y la sanción que la ley prevé y merece, sino también reivindicar los derechos de las víctimas. En esta misión colectiva los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía en general debemos trabajar de manera conjunta, armonizada y, sobre todo, en este compromiso que hoy se establece en la ley que sin duda manda para el Estado Mexicano y para la sociedad en general dar atención a las víctimas”, aseguró.

Entre los objetivos que persigue aquella Ley General de Víctimas está, por ejemplo, “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos”, según dicta el texto de la ley.

Asimismo, uno de los aspectos relevantes consiste en que, a partir de la entrada en vigor de dicha norma y la implementación del Sistema, el Estado estará obligado a compensar económicamente a las víctimas.

Hasta aquí un vistazo a la nueva legislación mexicana para la protección efectiva de las víctimas de delitos.

¿Y qué sucede en el caso de Bolivia?

Pues que, en fecha 19 de diciembre de 2013, se ha puesto en vigencia también una Ley (Nº 464, que sólo consta de 39 artículos) que tiene por objeto crear el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que básicamente se trata de una institución pública descentralizada (organizada en una Dirección General Ejecutiva, coordinaciones departamentales y personal operativo administrativo) bajo tuición del Ministerio de Justicia, encargada de brindar asistencia jurídica gratuita, en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos.

En este sentido, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima tiene por finalidad esencial garantizar el acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea víctima de un delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los actos iniciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación del daño y evitando fundamentalmente la revictimización.

De manera muy limitada, la nueva Ley establece que se entenderá por víctima a “1. La o las personas naturales directamente ofendidas por la comisión de un delito; 2. La o el cónyuge o conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hija o hijo, madre o padre adoptivo y heredero, en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima; 3. Familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima por delitos de grave afectación física o psicológica”.

Resulta mucho más amplia y explicativa la legislación mexicana, que al respecto establece algunas diferencias respecto a lo que se debe entender por víctima, cuando señala por ejemplo que se denominará víctimas directas a “aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte”.

Asimismo, son víctimas indirectas “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. Son víctimas potenciales “las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito”.

Por otro lado, la Ley mexicana aclara que la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la misma Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son también considerados víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Entonces, la omisión de especificidad en que, lamentablemente, se ha incurrido en el caso boliviano es por demás evidente y, eventualmente, podría provocar serios perjuicios a aquellas personas que son potenciales víctimas, más aún cuando no se ha determinado tampoco la forma de acreditación de la calidad de víctima, dado que ese es un título que cualquiera podría invocar en determinada circunstancia, según sus intereses.

Esta imprecisión de la ley reciente muestra un claro desconocimiento de la doctrina victimológica en Bolivia.

Sin embargo, son rescatables y muy adecuados los principios que establece la legislación mexicana como lineamientos rectores de la protección a las víctimas; por ejemplo, el de Dignidad Humana, de Buena Fe, de Enfoque diferencial, especializado y transformador, de igualdad y no discriminación; así como los principios de máxima protección, de No criminalización, de Progresividad y no regresividad, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Estos aspectos no fueron considerados en esa nueva ley boliviana, que, lamentablemente, tampoco prevé ninguna medida de compensación a las víctimas por el daño sufrido.

Una vez más, la legislación comparada nos muestra las graves omisiones en que se puede incurrir cuando se improvisa sin analizar objetivamente los alcances, limitaciones y eventualidades que debe prever una ley para que sea plenamente adecuada a las necesidades de la sociedad que pretende regular.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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