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Ley por unanimidad

…las mujeres debían aparecer de forma paritaria y con equidad de género en las listas electorales nacionales o municipales; allí aparecieron en las nóminas candidatas que, posteriormente, al alcanzar los puestos a los que postularon eran forzadas bajo amenazas y presiones a que cedieran el cargo a sus suplentes varones.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 01 de junio de 2012

Al inicio de esta semana fue promulgada la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, una norma que, a decir de las representantes de instituciones y organismos en diferentes niveles del Estado, fue esperada por más de 10 años y surgió por iniciativa de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol). Lo saliente de la norma es que introduce en el Código Penal las figuras delictivas de acoso político y violencia política contra las mujeres, imponiendo sentencias que van de dos a cinco años de cárcel y de tres a ocho, respectivamente.

Además, el instrumento legal tiene otros alcances con sus 26 artículos, pues ayuda a que las mujeres que cumplen funciones políticas en diferentes instancias e instituciones de los gobiernos municipal, departamental, nacional u órganos y entidades del Estado podrán iniciar procesos por acoso y violencia política en el ámbito de sus funciones y también acudir a la justicia ordinaria en busca de auxilio; por otra parte, determina la sanción por vía administrativa o disciplinaria en los entes públicos de los delitos de agresiones físicas y psicológicas que se pudieran presentar en tres grados, leves, graves y gravísimas.

En particular, esta norma está dedicada a salvaguardar el derecho de ejercer cargos públicos e, incluso, la vida de personas del sexo femenino que en lo político y profesional son candidatas, candidatas electas, designadas en cargos o se encuentran en el ejercicio de una función pública, cualquiera que sea. En estas consideraciones habrá que apuntar que la norma es por demás necesaria en un país en el que todavía se presenta al sexo masculino como dominante en el ambiente político, no en referencia al número, que puede ser coincidentemente mayoritario como en el resto del mundo, sino porque aún se pretende mantener a las mujeres fuera de los espacios de decisión, fiscalización y dirección.

Es notorio que esta situación se agravó cuando en la última Ley Electoral del siglo xx se determinó con toda justicia que las mujeres debían aparecer de forma paritaria y con equidad de género en las listas electorales nacionales o municipales; allí aparecieron en las nóminas candidatas que, posteriormente, al alcanzar los puestos a los que postularon eran forzadas bajo amenazas y presiones a que cedieran el cargo a sus suplentes varones; a más de este ejemplo, existieron otras modalidades para acosar y violentar a las damas en la política.

Recientemente, en marzo de este año, se tuvo que lamentar la muerte de Juana Quispe, una concejala de Ancoraimes, quien interpuso recursos de amparo en 2010 contra el alcalde y concejales de ese municipio porque era agredida e impedida de ejercer su cargo, lamentablemente, esta ley todavía no había sido promulgada; sin embargo, es remarcable que con su reciente vigencia se podrá ver su efectividad en el caso que anunció al día siguiente de la firma de la norma la alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel, por el presunto acoso que sufre en ese municipio de parte de concejales.   

Esta es la única norma que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, podrá ser una de las más efectivas para que las mujeres en función pública tengan garantías y no sufran con las presiones, amenazas y actos contra su persona y su trabajo. Depende también de que la utilicen y denuncien los casos que a veces se tapan.

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