La Gaceta Jurídica

Leyes judiciales

Se supone que toda esta transformación o actualización normativa es emprendida para adecuar las leyes a la Nueva Constitución Política del Estado (cpe) de 2009, dando sostén apropiado a los magistrados y los servidores o administradores de justicia en todos sus niveles. Por otra parte, se debe considerar otros grados de avance que pueden ser calificados de desafíos, pues las normas que se proyectan requieren de, por lo menos, tres elementos...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 13 de marzo de 2012

Hace ya unos meses que el Órgano Judicial ha sido completado en lo que se refiere a la planta titular con la posesión de magistrados y otros funcionarios que corresponden a los servicios y menesteres básicos de esta institución. Mientras tanto, quedan pendientes las designaciones de miembros de este poder del Estado en las nueve circunscripciones, es decir, en las cortes departamentales, entes que están encargados directamente de los procedimientos primarios o iniciales en materia legal.

Pero para que este proceso de reformas en la justicia boliviana continúe de manera adecuada y pueda desenvolverse en adelante de forma exitosa se requiere de mecanismos e instrumentos adecuados, entre ellos las leyes que serán objeto de aplicación en todo tipo de causa, civil, penal, laboral, etc. Es precisamente en este ámbito que en pasados días el Gabinete Ampliado, reunido en Coroico, ha determinado que con prioridad la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) debe aprobar por lo menos 10 leyes judiciales que posibiliten el funcionamiento e implementación de este organismo del Estado.

Para la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, las principales normas que deben ser sancionadas son los códigos y procedimientos Civil, Penal, Laboral y Agroambiental. En ese sentido, para la titular de esa cartera, hasta más allá de medio año se tendrá que haber enviado al Legislativo proyectos como el de modificaciones al Código Penal, los cuales deberán estar trabajados en consenso con organizaciones y sectores sociales. En este tópico del consenso es necesario redundar en que parece tratarse de un dispositivo de participación democrática que ayuda al alcance de metas en varios sentidos, en este caso identificar necesidades, expectativas y preocupaciones de la población en cuanto a temas de justicia, sanción y procesos. Sin embargo, en muchos de los casos se convierte en un medio para limitar las verdaderas necesidades de la legislación en el país.

Dicho de otra forma y bajo la preocupación de legistas, la consulta muy amplia y no guiada de actores de diferentes esferas puede provocar tergiversaciones que a la larga se transforman en inaplicables e inefectivas. Por lo tanto, todo lo que se concierne a los códigos y procedimientos debe merecer un tratamiento muy bien dirigido por expertos en estos temas, pues no se trata de leyes aisladas o de importancia menor en la que pueden existir influencias sectoriales a conveniencia.

Se supone que toda esta transformación o actualización normativa es emprendida para adecuar las leyes a la Nueva Constitución Política del Estado (cpe) de 2009, dando sostén apropiado a los magistrados y los servidores o administradores de justicia en todos sus niveles. Por otra parte, se debe considerar otros grados de avance que pueden ser calificados de desafíos, pues las normas que se proyectan requieren de, por lo menos, tres elementos esenciales para su conformidad, aplicabilidad, actualidad y claridad; de esta manera, cuando se encuentren en vigencia podrán ser ágiles y efectivas en su aplicación, pues, los problemas más comunes de las leyes son su falta de aplicación y la falta de precisiones que dan motivo para retrasar o llevar procesos la fracaso. Finalmente, el tema de aprobar reglamentos tendrá que ser también muy minucioso.

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