La Gaceta Jurídica

Lucha contra el tráfico de personas

Si bien el país ha avanzado en el combate contra la trata y tráfico de personas, todavía queda mucho por hacer para implementar las normativas existentes. Para seguir avanzando se necesita del apoyo de las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales.

Editorial

00:00 / 10 de junio de 2014

El Estado boliviano está empeñado en luchar contra la trata y tráfico de personas, delito que  está en constante incremento, especialmente debido a la debilidad existente en el sistema migratorio y otros aspectos.

En su afán de enfrentar este flagelo de la humanidad, el Ministerio de Justicia presentó la semana pasada, ante el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, la Política Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, cumpliendo los mandatos constitucionales sobre la protección de los Derechos Humanos.

De esta forma, el Estado está mostrando que tiene un compromiso firme en la lucha frontal contra estos actos. “Nosotros, como Gobierno, nos sentimos muy complacidos de recibir por parte de todos ustedes la colaboración para enfrentar estos delitos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la libertad, a la integridad física, psicológica y sexual. Nos queda mucho por trabajar, porque esto no sólo pasa en Bolivia, sino en todos los países, mientras más unidos estemos para controlar este tema yo creo que vamos a poder lograrlo”, expresó en la oportunidad la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

De acuerdo a la página web www.huellasbolivia.com, este delito no sólo se ha incrementado notoriamente en los últimos años, sino que es un tema que empaña la imagen internacional de nuestro País, puesto que es tipificado como un país de origen, tránsito y destino de decenas de mujeres – y quizás hombres - víctimas de estos delitos. Y es lamentable no sólo el hecho de que Bolivia sea catalogada como el sexto país en el mundo que no asume con responsabilidad la lucha contra la trata de personas, que más de 200 mujeres al año sean llevadas a trabajar en locales de diversión - prostíbulos – de otros países, o que más de quince mil menores salgan de nuestro país de forma ilegal rumbo a la Argentina.

Si bien el país ha avanzado en el combate contra la trata y tráfico de personas, todavía queda mucho por hacer para implementar las normativas existentes. Para seguir avanzando se necesita del apoyo de las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales.

De manera complementaria, el pasado viernes el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas se reunió en un taller para presentar y analizar los protocolos de atención a las víctimas de esos delitos y con el objeto de que las instituciones responsables de su elaboración, realicen los ajustes respectivos para ser aprobados posteriormente.

En este encuentro se realizó el análisis del Protocolo Único de Atención a Víctimas, del Protocolo de Detección Temprana de Víctimas, del Protocolo de Repatriación, y de la Guía de Actuación Migratoria.

Por la magnitud del delito y las secuelas que deja no sólo en las personas afectadas sino también en las familias, no estará demás ninguna acción que pueda tomar el Gobierno en nuestro territorio y los acuerdos de cooperación que pueda suscribir con otros países.

El accionar del Gobierno, a través de todas sus reparticiones involucradas, debe estar reflejado en planes, programas y proyectos que conduzcan a acciones eficaces y eficientes que, a su vez, permitan reducir los casos de desapariciones, que por ahora está en constante incremento.

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