La Gaceta Jurídica

La Madre Tierra, el agua y los derechos colectivos

El 4 de abril, la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia (Anarescapys) envió una “carta abierta al presidente Evo Morales”, con la solicitud para que se cumpla el compromiso de “consensuar con todos los sectores el proyecto de la Ley Minera”.

La preocupación de varias organizaciones es por la vulneración a  la Constitución y a los derechos.

La preocupación de varias organizaciones es por la vulneración a la Constitución y a los derechos. Foto: oiedc.blogspot.com

OIEDC/Redacción

00:00 / 08 de abril de 2014

En la nota, esta organización indica que el 1 de este mes “el Gobierno, a través del Ministro de la Presidencia, se comprometió públicamente ante el país de que la elaboración del Proyecto de Ley Minera volvía a ‘fojas cero’ para ser concertado con la participación de todos los actores sociales, sin embargo, … por la presión de los cooperativistas mineros, el gobierno reinstaló las negociaciones con ese sector y sólo para discutir dos artículos, el 132 y el 151, excluyendo nuevamente a otros sectores”.

Los representantes de Anarescapys señalan que su sector suspendió las medidas de presión “confiando en ser escuchados por el Gobierno, creyendo en los ministros que empezaremos con la elaboración de una ley minera participativa”.

La argumentación de la carta indica que no sólo se trata de dos artículos a negociarse entre mineros, sino “de una ley que no respeta la Constitución Política del Estado (cpe) Plurinacional de Bolivia, observamos más de 25 artículos que atentan de forma directa a la Madre Tierra”.

Asimismo, la Asociación de regantes explica que la ley en discusión “pretende privatizar el agua, que vulnera derechos colectivos y de los pueblos indígenas, que pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, que criminaliza el derecho a la protesta social, la libre expresión, que no respeta las áreas protegidas ni los glaciares y que vela (por) los intereses extractivos mineros y económicos sobre los intereses del agua para la soberanía alimentaria”.

Anteriormente, el 22 de marzo de 2014, en la ciudad de Potosí, el vii Congreso Nacional de Anarescapys revisó el Proyecto de la Ley Minera llegando a varias conclusiones.

Entre ellas se estableció que “el Proyecto de ley Minera es inconstitucional, contraviene a la Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Ley de Riego Nº 2878 y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 2026”.

En la oportunidad se rechazó las competencias de la autoridad jurisdiccional administrativa minera relativas a decisiones sobre recursos hídricos y uso de suelos y a la potestad de variación del curso de las aguas que tendrían los mineros.

También se rechazó la propuesta de Ley Minera que plantea que el Estado promoverá e incentivará la exploración y aprovechamiento en glaciales, que la actividad minera tenga derechos de paso por las propiedades agrarias y que se impida mediante ese proyecto de ley el derecho a la libre expresión.

Los regantes advirtieron que no permitirán que los mineros constituyan derechos de superficie sobre la tierra agrícola, por lo que se rechaza “el planteamiento abusivo de expropiación y la constitución de aguas de dominio privado”.

La postura del sector indica que la consulta previa no puede ser llevada a cabo por la autoridad minera y se observa que se excluya el tratamiento de los recursos hídricos en el actual Proyecto de Ley Minera.En su despedida, la carta de la Asociación de Regantes se dirige al presidente como una autoridad que “siempre está pregonando el respeto a la Madre Tierra, (por eso) estamos seguros de que estas observaciones serán consideradas, puesto que no queremos retomar medidas para hacernos escuchar”.

Asimismo, en otros documentos, varias organizaciones sociales como la Asociación de Usuarios del sistema de Riego Nº 2 Tacagua (Oruro), los mismos regantes a nivel nacional, la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y representantes de pueblos indígenas rechazaron la ley “elaborada entre puros actores mineros, siendo que afectará a todo el pueblo boliviano”.

Observaciones

Al respecto, en una publicación de la página web del Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos Colectivos (oiedc), la Asociación de Usuarios de Tacagua identificó más de 20 artículos “que atentan contra la Madre Tierra, el agua, la soberanía alimentaria y los derechos colectivos”.

En ese análisis se indica que los artículos observados atentan a la vida y “sobreponen derechos mineros sobre derechos de tierras y de las comunidades, además anulan la libre determinación de los pueblos”.

Los artículos 99, 100, 101 y 103 condenan a todas las personas y comunidades que denuncien las actividades mineras por avasallamiento o contaminación, a quienes se opongan a la minería en resguardo del agua o defiendan sus territorios; no se podrá hacer denuncias verbales ni escritas, es decir, ni siquiera emitir votos resolutivos ni pronunciamientos o hacer marchas, bloqueos exigiendo reivindicaciones,  como si las comunidades fueran criminales, indica el diagnóstico.

“Inmediatamente se iniciarán procesos penales, investigaciones y denuncias ante el Ministerio Público y, peor aún, tendrán derechos mineros para utilizar la fuerza pública y hacer pagar a las comunidades por daños y perjuicios a la actividad minera”.

Los artículos 108, 109 y 110 otorgan derechos mineros sobre las tierras agrarias para uso y paso, para la reducción o ampliación del área a utilizarse de los terrenos de comunarios y libremente para el uso de todos los recursos que se encuentren en su área, en caso de no lograr acuerdos con la población se realizaría una expropiación.

Los artículos 111 y 112 otorgan derechos mineros sobre el uso de aguas, en caso de no llegar a acuerdos con la población por afectación, obtendrían sin ningún problema otra autorización por procedimiento administrativo; incluso este acápite faculta a los mineros para hacer desvíos de ríos y lagos en función a su necesidad. Esta ley se toma atribuciones de normar el uso del agua contraviniendo a la cpe, “siendo que esto debería estar regulado en una ley de aguas”.

El capítulo IV, desde el artículo 214 al 223, norma un proceso de consulta y “se contradice al mencionar la consulta previa libre e informada y posteriormente menciona la consulta de la Ley de Medio Ambiente, es decir, la consulta pública”, explica el examen del proyecto.

Agrega que esta propuesta de ley “es inconstitucional porque señala que en la fase de exploración no se debe realizar una consulta sabiendo que en esta fase ya hay impactos negativos, la finalidad es para la firma de contratos mineros y no para llegar al consentimiento”.

De la misma forma, se condiciona a las comunidades y pueblos indígenas a presentar documentación que los identifique como tales, a presentar pruebas para hacer observaciones y sugerencias en el proceso de consulta, se limita el tiempo de consulta a tres reuniones y no debe sobrepasar los cuatro meses.

El reclamo afirma que “los costos de traslado de las personas para ser consultadas los pagan los sujetos de consulta, siendo que debería consultarse en su territorio, y sólo participan de la consulta las autoridades máximas, no toda la población afectada; además, en caso de no existir acuerdo, la última decisión la toma el Ministerio de Minería”.

Para las organizaciones sociales, “estos artículos son una violación directa de los derechos de los pueblos indígenas, no respetan sus normas y procedimientos propios, usos y costumbres, no dan curso a la libre determinación de los pueblos y van en contra de la cpe y del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit)”.

La reflexión finaliza con los artículos 93 y 227, los cuales señalan que se puede hacer minería en las áreas protegidas y en todo el territorio boliviano, “si se justifica el interés económico social, no importa que se afecte a poblaciones, cementerios, cuarteles o construcciones públicas y privadas”.

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