La Gaceta Jurídica

Maestros procesados

…además de evaluar a los actuales docentes, que se establezca mecanismos para la admisión valorada en lo emocional para postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros y, luego, un correcto seguimiento de su evolución durante la carrera.

Editorial

00:00 / 02 de septiembre de 2014

De acuerdo con un informe del ministro de Educación, Roberto Aguilar, en el país fueron suspendidos 37 maestros desde principios de 2014 acusados de violencia sexual contra sus alumnos o alumnas. El dato señala que todos los casos se encuentran bajo imputación formal, además de que esta cartera de Estado tiene participación directa en los procesos para hacer seguimiento adecuado con abogados y otros funcionarios especializados. En comparación, el balance de 2013 da cuenta de 26 casos similares registrados, con una mayoría de ellos en el área rural.

En cuanto a los docentes, éstos se encuentran suspendidos de sus funciones de acuerdo a los decretos supremos 1302 y 1320. Esta última norma, del 8 de agosto de 2012, con su artículo único modifica el Parágrafo I del Artículo 3 del primer decreto supremo mencionado, que fue promulgado el 1 de agosto de 2012, con el siguiente texto: “(Medidas de seguridad y protección). I. El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”.

Sobre estos temas, el titular de la cartera indicó que la Unidad de Transparencia recibe un promedio de 300 denuncias al mes por casos de corrupción, violencia y maltrato escolar llegadas a las instancias correspondientes en todo el país de parte de estudiantes, padres de familia y profesores de los 15.000 colegios. Lo destacable de esto es que estas revelaciones son establecidas formalmente para que se investigue y se procese a los culpables, pues, al tratarse de educadores, los hechos de vulneraciones de cualquier tipo, más aún de violencia sexual, son muy graves.

Más allá de las causas judiciales instauradas, se debe considerar otros factores dentro de la capacitación y formación docente, porque, sea cual sea la cifra de estas denuncias, no puede aceptarse que ocurra en ámbitos de la educación. De este modo, se debe efectuar diagnósticos para identificar los factores que requieren una reconducción en la enseñanza de la profesión del magisterio. Este análisis necesita ser encarado por personal capacitado en psicología, pedagogía, justicia y derechos humanos, que, además de evaluar a los actuales docentes, establezca mecanismos para la admisión valorada en lo emocional para postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros y, luego, un correcto seguimiento de su evolución durante la carrera.

La medición de las capacidades y de la existencia de una verdadera vocación no debería ser tomada como una vulneración de los derechos o persecución, como suele suceder con las representaciones gremiales que esperan demagógicamente un libre ingreso sin considerar valores vocacionales que deben primar en toda postulación de profesionalización, más todavía cuando se trata de la preparación de personas que tendrán a su cargo grupos vulnerables como son los niños y niñas, quienes durante los varios años de asistencia escolar deben desarrollar, además de conocimientos diversos, los valores y fortalezas para una personalidad que sea adecuada para convivir en sociedad.

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